Desde que el peronismo existe y es lo que es en cada etapa histórica, la noción de justicia social se convirtió en un imperativo indelegable, una premisa doctrinaria que expresó en última instancia, la razón de ser del peronismo, porque en él reside la única posible materialización de ese principio. Muerto Perón, ya no hay nadie que garantice aquel lineamiento rector, y entonces las relaciones entre peronismo y justicia social se vuelven más problemáticas, más distorsivas, más renuentes a ser naturalmente articuladas, más emparentadas a una obligación histórica de último recurso que a un principio constitutivo de la acción político-gubernamental.
La justicia social pasa a entenderse y actuarse en un sentido defensivo, como presencia en retroceso frente a un establishment que le pide “republicanidad y sensatez” a un peronismo al que se busca domesticar y neutralizar al encorsetarlo bajo las reglas del sistema de partidos. Pretensión a la que el peronismo responde contradictoriamente, pero de la cual la noción de justicia social sale fuertemente mellada. Todos los gobiernos peronistas posteriores a la muerte de Perón dan testimonio de esa realidad y quizás pueda decir que inclusive habrá alguno (el de Menem) que sustraerá de su acción el acontecimiento “justicia social”, aunque puedo entender que alguien diga lo contrario.
¿Qué pasa con el kirchnerismo? Las relaciones entre la idea de justicia social y la actual versión del peronismo deben ser profundamente contextualizadas. Digo con esto que se hace muy difícil interpretar al kirchnerismo por fuera de la coyuntura terminal de 2001 de la cual es producto político. Por eso cuando alguien me quiere comparar al kirchnerismo con etapas políticas anteriores a 2001, no puedo dejar de relativizar todo lo que surja de ello. Más aun cuando lo que comparamos son niveles de pobreza, indigencia, poder adquisitivo y otras variables condicionadas al extremo por aquellos tiempos de desfonde social.
Desde 1955 y más velozmente desde 1976, las clases populares no pararon de perder terreno, y los 25 años democráticos que se cumplen en la víspera no exhibieron entre sus virtudes la reversión de esta tendencia.
Lo hecho por el kirchnerismo (respecto de 2001) lo pone a orbitar en términos positivos respecto de la idea de justicia social, pero ello no significa que los avances hayan sido cualitativamente notables. Todos sabemos esto, nadie puede sentirse defraudado por lo que el kirchnersimo no hizo: quién así lo siente, hace una valoración distorsionada del proceso político que vivimos.
Hago todavía una pregunta más a riesgo de ser antipático: ¿Dispuso el kirchnerismo políticas de Estado que buscaran abastecer de modo directo al núcleo duro de los sectores populares que viven en la pobreza y la indigencia estructural? No, no ha llegado hasta allí todavía. ¿He ahí un límite? Posiblemente. Los Kirchner consideran que el mejor mecanismo de inclusión social es el puesto de trabajo (y lo es, pero insuficiente), y por eso relativizan la importancia de la asistencia y el subsidio social. La realidad nos muestra lo erróneo de esa perspectiva, porque gran parte del núcleo duro no puede ya acceder al empleo (por razones de edad, educación, salud, etc.) y la ayuda social constituye el único recurso idóneo para la supervivencia; la persistente existencia de los planes sociales está allí para documentarlo.
En este punto se verifican disonancias entre el kirchnerismo y la noción de justicia social, pero no un divorcio. En todo caso habría que pensar cómo el kirchnerismo resuelve o profundiza esas disonancias en el tiempo, de acuerdo a la racionalidad posibilista que marca cada una de las decisiones político-gubernamentales.
Hoy se puede afirmar que existen límites verificables en cuanto a lo que el kirchnerismo está dispuesto a hacer en materia de justicia social; pero remarcar esto no significa que el factor justicia social haya emigrado del interés kirchnerista, ni mucho menos.
Se trata de la existencia de límites. Quizás haya que pensar que habrá cuestiones en las que el kirchnerismo no planteé la iniciativa, y deban ser otras las fuerzas políticas, sociales y sindicales las que “completen” a través del reclamo organizado y la propuesta seria aquello que no aparece como prioridad en la agenda oficial. Toda crítica que se haga a lo no hecho por el kirchnerismo en lo que a justicia social se refiere es válida y debe ser aceptada, aunque provenga de expresiones políticas testimoniales o de escaso grosor real.
Pero estos límites que exhibe hoy el kirchnerismo están en permanente tensión, y sujetos a la variabilidad de los acontecimientos, y de las necesidades y conveniencias políticas.
Más forzada, en cambio, me parece la traslación de esas disonancias entre kirchnerismo y justicia social para mezclarlas como parte del juicio y valoración política que se hacen de las medidas anticrisis tomadas por Cristina Fernández.
Hasta el momento, esas medidas privilegian la galvanización de la producción y el consumo (por ende, busca conservar el nivel de empleo). O sea, busca sostener lo logrado desde 2003, y no tanto avanzar en lo que no se hizo. En mezclar estos dos temas es en lo que caen algunas interpretaciones que hablan de errores conceptuales del gobierno al tomar estas medidas. Las últimas medidas direccionadas a incrementar la demanda (créditos al turismo y al consumo, eliminación de la tablita de Machinea) son vistas por muchos como insuficientes y/o erróneas, basados en el concepto de que se está subsidiando a la clase media en detrimento de los sectores populares más postergados, en un escenario de crecimiento de la pobreza que golpea más a estos últimos.
Yo diría que ante todo las medidas apuntan a sostener el consumo como sea, y no creo que el gobierno se haya adentrado en una lectura clasista de los costos-beneficios políticos finos de las medidas, más aun teniendo en cuenta el bolsillismo clasemediero que ante la amenaza de crisis vota gobernabilidad, aunque el voto sea al peronismo (remember voto cuota a Menem en 1995).
Más mezquino aun es explicar la eliminación de la tablita de Machinea como exclusiva consecuencia del lobby moyanista, cuando es una medida que impacta sobre una porción de la masa asalariada. Impugnar la medida porque beneficia a un sector reducido del empleo formal privado implica confundir la dirección del reproche: la clase media o el trabajador de alta calificación siguen siendo asalariados, no son dueños de los medios de producción.
Por eso quienes describen estas medidas como pro-clase media y entonces antipopulares lo hacen desde un eje que desancla de la coyuntura puntual, para pasar a introducir la cuestión justicia social y angostar la discusión a un conjunto de medidas sobre el consumo, y desde ese recorte interpretativo, definir cuestiones políticas: medidas pro-consumo en contexto de crisis pasan a leerse como definitivas políticas sociales que signarían al kirchnerismo de una vez y para siempre.
Un confuso cruce entre lo coyuntural y lo de fondo que no ayuda a situar adecuadamente la impostergable discusión sobre los desencuentros del peronismo actual con sus banderas históricas.
