martes, 17 de mayo de 2016

Ley antidespidos y mesa de arena



Entre las asimetrías políticas que no permiten una diagnosis productiva de la situación del empleo, hay una central: la movilización de la CGT no tuvo un correlato representativo automático en la cuestión “ley antidespidos”, dejando al desnudo en qué medida la balcanización del peronismo político expresa una realidad que avala el estándar alto de gobernabilidad de Macri en este tema (a pesar del nivel de contenciosidad que la CGT dejó atestiguar el 29A) y en otros como el manejo político del cauce institucional hacia gobernadores e intendentes.

Que la discusión política de los despidos tenga más peso que los despidos en sí ayuda a entender por qué este panorama pluridimensional aplana la efectividad contenciosa del peronismo y avala el cálculo político de Macri: los sindicatos del sector privado están cerrando paritarias anuales de 33% promedio y semestrales de 22% y la percepción del gobierno es que si la aristocracia obrera compensa a la baja (con números similares a 2014) en una paritaria finalmente “libre”, esto reduzca el peso específico del costo político en la columna “despidos”, más aun si el peronismo no puede hacer reflejar con astucia la presunta gravedad unidimensional del problema.

Hacia el interior del frente opositor, la respuesta política a través del formato “ley antidespidos” y el conflicto entre proyectos permitió cristalizar (nuevamente) el problema central de representación que templa a fuego genuino la interna peronista: un clivaje descendente (PJ-kirchnerismo) versus un clivaje ascendente (Massa-frentismo) que también expresa los lenguajes adentro-afuera con respecto a lo que al peronismo le falta para conformar una representación ganadora que lo devuelva al poder.

Que la pyme haya sido excluida como un actor social de empleo diferenciado de las grandes empresas por la propuesta efepeveista dice mucho acerca de la predominancia retórica del kirchnerismo dentro del dispositivo PJ, y básicamente, refleja una incomprensión de la realidad de la pyme en un contexto de reflujo laboral donde predominan las suspensiones y el subempleo por la excesiva presión impositiva sobre los costos fijos. Ahí es donde Massa logró meter la cuña poniendo al problema pyme del lado frentista del que la propuesta efepeveista lo excluía.

Macri está muy pendiente de esta cadena de déficits: si él no desarrolló una franela política para acercar a los sindicatos a una negociación que no pudieran rechazar (la gimnasia no explorada de un acuerdo económico y social, el “engaño” de Ganancias, el no uso de instrumental estatal disponible para bajar la expectativa inflacionaria en puntos centrales de la canasta básica) y evitara la movilización defensiva y cauta de abril, la pretensión meramente declarativa (“defender al trabajador” como frase de sobrecito de azúcar) de la “ley antidespidos” del efepeveismo terminó por licuarle políticamente la titularidad del reclamo gremial y puso en valor a Massa como el vehículo más idóneo para darle traducción política a la dimensión realmente existente del problema social de la inflación y el empleo. En este juego a tres bandas, Macri asume riesgos y beneficios: el efepeveismo no puede capitalizar los bolsones de  “no política” que exhibe el gobierno, pero si Massa se capitaliza a costa del kirchnerismo puede armar una oposición con una capacidad electorable que dañe al oficialismo en 2017.

La discusión de una ley antidespidos sirvió también para testear cual es el instrumental ofertado por la ley (en este caso, “la política”) frente a una situación laboral que no está en una fase terminal de despidos pero sí muy backupeada por dos años más de inflación y pérdida de poder adquisitivo contra un 2014 macroeconómico bastante similar en progresión (devaluación sin exportaciones-alta inflación que horada la unidad de cuenta de los precios básicos- aumento residual de desempleo, centralidad del subempleo y las suspensiones); en el plano del “debate político” de los despidos, las propuestas del Pro y Fpv mostraron una ignorancia bastante preocupante de la realidad y potencialidad central de la economía pyme en el país, cuando lo que hay es una presión sobre los costos vía inflación que lleva a un aumento flotante de suspensiones-despidos pero de ningún modo a una inexorabilidad del despido como mecanismo generalizado de la política laboral privada.

La doble indemnización es un mecanismo creado a imagen y semejanza de la cartografía representativa del sindicalismo peronista: un gesto disuasivo para defender a los trabajadores de las grandes empresas que sostienen el esqueleto del mercado interno argentino ante una situación terminal en el mercado laboral (2002). Kirchner derogó el decreto en 2007 pero parece necesario que la institución esté regulada más allá de su aplicación concreta, hoy inviable para la pyme en la medida que no hay razones para forzar la inexorabilidad del despido en un mercado que puede terminar absorbido por empresas más grandes que sí puedan pagar la doble indemnización, por lo menos en el estricto terreno de las conjeturas.

La pregunta sería por qué de toda la poderosa fábrica protectoria que el acervo duhaldista nos legó, se apela más a la doble indemnización que a otros instrumentos menos declarativos políticamente pero más dinámicos económicamente como los REPRO (la gran creación de Graciela Camaño junto a los Planes Jefes y Jefas) y el seguro de desempleo, bastante menos protagónicos en el debate político de los despidos. Se trataría, en todo caso, de obligar a Macri a subsidiar ahora el costo social para llegar al segundo semestre sin dejar a las pymes en la estacada.

La pregunta es también si Macri está dispuesto a hacer un poco más de política con el instrumental estatal heredado: si a la prórroga de los REPRO vigentes va agregar nuevos para focalizar más en el desempleo flotante actual (el generado a partir de su propio ciclo de devaluación-inflación-subempleo-despidos). O si los yerros opositores del kirchnerismo-PJ alcanzan para que el gobierno piense que no necesita “perder el tiempo” con política en la medida que su base de sustentación electoral permanezca intocada.

En ese sentido, la mesa de arena que difunde Monzó sintoniza bien con la idea de empate no hegemónico que dejó la elección real del 25 de octubre de 2015: que el 2017 se juega en la PBA y no en la ficción del distrito único nacional. Macri con la caja tiene que mostrar resultados políticos para bancar una gobernabilidad de minorías que lo asiente en cerca de 40 puntos nacionales: la región centro la resuelve con más inercia que política, NOA-NEA es expertise de caja y PBA es la que más democráticamente expresa los “tres tercios” del empate: el peronismo Pro no suma a Cambiemos pero fracciona el voto panperonista (el PJ sin plus electorable pero con kirchnerismo retorico ya está debajo de los 30 puntos distritales) y Massa vuelve a jugar como bisagra de salida oficialista ídem 2013 pero ahora frente al macrismo.

Territorialmente, el panorama balcanizado y a la vez decisivo de la PBA 2017 permite ver varios caminos para llegar a un mismo objetivo en 2019, todos ellos bastante poco regidos por los incentivos de una “pertenencia partidaria” que garantice esa misma llegada, por lo cual las estructuras van a ser más móviles que nunca, y la caja, bien manejada, puede tener más incidencia que en otras elecciones.

Lo que deja subyacer la mesa de arena de Monzó (que con la sola modificación de los ejes de ubicación podría ser la de Randazzo,  la de Massa, o la de cualquier otro peronista blanco bonaerense) es que si se conduce con cierta eficacia el desorden en un sistema político sin dominancia hegemónica, la electorabilidad es el único punto autónomo (es decir, político) que ordena (para bien o para mal) desde que lado van a venir esos cuatro o cinco puntitos que se necesitan para ganar.