Entre
las asimetrías políticas que no permiten una diagnosis productiva de la
situación del empleo, hay una central: la movilización de la CGT no tuvo un
correlato representativo automático en la cuestión “ley antidespidos”, dejando al desnudo
en qué medida la balcanización del peronismo político expresa una realidad que
avala el estándar alto de gobernabilidad de Macri en este tema (a pesar del
nivel de contenciosidad que la CGT dejó atestiguar el 29A) y en otros como el
manejo político del cauce institucional hacia gobernadores e intendentes.
Que la
discusión política de los despidos tenga más peso que los despidos en sí ayuda
a entender por qué este panorama pluridimensional aplana la efectividad
contenciosa del peronismo y avala el cálculo político de Macri: los sindicatos
del sector privado están cerrando paritarias anuales de 33% promedio y
semestrales de 22% y la percepción del gobierno es que si la aristocracia
obrera compensa a la baja (con números similares a 2014) en una paritaria
finalmente “libre”, esto reduzca el peso específico del costo político en la
columna “despidos”, más aun si el peronismo no puede hacer reflejar con astucia
la presunta gravedad unidimensional del problema.
Hacia el
interior del frente opositor, la respuesta política a través del formato “ley
antidespidos” y el conflicto entre proyectos permitió cristalizar (nuevamente)
el problema central de representación que templa a fuego genuino la interna
peronista: un clivaje descendente (PJ-kirchnerismo) versus un clivaje
ascendente (Massa-frentismo) que también expresa los lenguajes adentro-afuera
con respecto a lo que al peronismo le falta para conformar una representación
ganadora que lo devuelva al poder.
Que la
pyme haya sido excluida como un actor social de empleo diferenciado de las
grandes empresas por la propuesta efepeveista dice mucho acerca de la
predominancia retórica del kirchnerismo dentro del dispositivo PJ, y
básicamente, refleja una incomprensión
de la realidad de la pyme en un contexto de reflujo laboral donde predominan
las suspensiones y el subempleo por la excesiva presión impositiva sobre los
costos fijos. Ahí es donde Massa logró meter la cuña poniendo al problema pyme
del lado frentista del que la propuesta efepeveista lo excluía.
Macri
está muy pendiente de esta cadena de déficits: si él no desarrolló una franela
política para acercar a los sindicatos a una negociación que no pudieran
rechazar (la gimnasia no explorada de un acuerdo económico y social, el
“engaño” de Ganancias, el no uso de instrumental estatal disponible para bajar
la expectativa inflacionaria en puntos centrales de la canasta básica) y
evitara la movilización defensiva y cauta de abril, la pretensión meramente
declarativa (“defender al trabajador” como frase de sobrecito de azúcar) de la
“ley antidespidos” del efepeveismo terminó por licuarle políticamente la
titularidad del reclamo gremial y puso en valor a Massa como el vehículo más
idóneo para darle traducción política a la dimensión realmente existente del
problema social de la inflación y el empleo. En este juego a tres bandas, Macri
asume riesgos y beneficios: el efepeveismo no puede capitalizar los bolsones
de “no política” que exhibe el gobierno,
pero si Massa se capitaliza a costa del kirchnerismo puede armar una oposición
con una capacidad electorable que dañe al oficialismo en 2017.
La
discusión de una ley antidespidos sirvió también para testear cual es el
instrumental ofertado por la ley (en este caso, “la política”) frente a una
situación laboral que no está en una fase terminal de despidos pero sí muy
backupeada por dos años más de inflación y pérdida de poder adquisitivo contra
un 2014 macroeconómico bastante similar en progresión (devaluación sin
exportaciones-alta inflación que horada la unidad de cuenta de los precios
básicos- aumento residual de desempleo, centralidad del subempleo y las
suspensiones); en el plano del “debate político” de los despidos, las
propuestas del Pro y Fpv mostraron una ignorancia bastante preocupante de la
realidad y potencialidad central de la economía pyme en el país, cuando lo que
hay es una presión sobre los costos vía inflación que lleva a un aumento
flotante de suspensiones-despidos pero de ningún modo a una inexorabilidad del
despido como mecanismo generalizado de la política laboral privada.
La doble
indemnización es un mecanismo creado a imagen y semejanza de la cartografía
representativa del sindicalismo peronista: un gesto disuasivo para defender a
los trabajadores de las grandes empresas que sostienen el esqueleto del mercado
interno argentino ante una situación terminal en el mercado laboral (2002).
Kirchner derogó el decreto en 2007 pero parece necesario que la institución
esté regulada más allá de su aplicación concreta, hoy inviable para la pyme en
la medida que no hay razones para forzar la inexorabilidad del despido en un
mercado que puede terminar absorbido por empresas más grandes que sí puedan
pagar la doble indemnización, por lo menos en el estricto terreno de las
conjeturas.
La
pregunta sería por qué de toda la poderosa fábrica protectoria que el acervo
duhaldista nos legó, se apela más a la doble indemnización que a otros
instrumentos menos declarativos políticamente pero más dinámicos económicamente
como los REPRO (la gran creación de Graciela Camaño junto a los Planes Jefes y
Jefas) y el seguro de desempleo, bastante menos protagónicos en el debate
político de los despidos. Se trataría, en todo caso, de obligar a Macri a
subsidiar ahora el costo social para llegar al segundo semestre sin dejar a las
pymes en la estacada.
La
pregunta es también si Macri está dispuesto a hacer un poco más de política con
el instrumental estatal heredado: si a la prórroga de los REPRO vigentes va
agregar nuevos para focalizar más en el desempleo flotante actual (el generado
a partir de su propio ciclo de devaluación-inflación-subempleo-despidos). O si
los yerros opositores del kirchnerismo-PJ alcanzan para que el gobierno piense
que no necesita “perder el tiempo” con política en la medida que su base de
sustentación electoral permanezca intocada.
En ese
sentido, la mesa de arena que difunde Monzó sintoniza bien con la idea de
empate no hegemónico que dejó la elección
real del 25 de octubre de 2015: que
el 2017 se juega en la PBA y no en la ficción del distrito único nacional.
Macri con la caja tiene que mostrar resultados políticos para bancar una
gobernabilidad de minorías que lo asiente en cerca de 40 puntos nacionales: la
región centro la resuelve con más inercia que política, NOA-NEA es expertise de
caja y PBA es la que más democráticamente expresa los “tres tercios” del empate:
el peronismo Pro no suma a Cambiemos pero fracciona el voto panperonista (el PJ
sin plus electorable pero con kirchnerismo retorico ya está debajo de los 30
puntos distritales) y Massa vuelve a jugar como bisagra de salida oficialista
ídem 2013 pero ahora frente al macrismo.
Territorialmente,
el panorama balcanizado y a la vez decisivo de la PBA 2017 permite ver varios
caminos para llegar a un mismo objetivo en 2019, todos ellos bastante poco
regidos por los incentivos de una “pertenencia partidaria” que garantice esa
misma llegada, por lo cual las estructuras
van a ser más móviles que nunca, y la caja, bien manejada, puede tener más
incidencia que en otras elecciones.
Lo que deja subyacer la mesa de arena de
Monzó (que con la sola modificación de los ejes de ubicación podría ser la de
Randazzo, la de Massa, o la de cualquier
otro peronista blanco bonaerense) es que si se conduce con cierta eficacia el
desorden en un sistema político sin dominancia hegemónica, la electorabilidad
es el único punto autónomo (es decir, político) que ordena (para bien o para
mal) desde que lado van a venir esos cuatro o cinco puntitos que se necesitan
para ganar.
