Si las líneas retóricas de la ministra Garré sirven también para ser abrojo de ciertas expectativas electorales que conviene tener ahí, un debate real sobre la seguridad pública no debiera olvidar esas experiencias seriales que ya forman parte de la realidad del amba, y del origen que tuvo una instancia fundacional kirchnerista: el arreglo Kirchner-Aníbal F.-Valleca para establecer objetivos concretos que estuvieran en sincro con los nuevos aires de la época. Un proceso de vinculación que tuvo un margen de eficacia nada despreciable en términos políticos, y que hoy algunos prefieren olvidar en nombre de una aparente renovación conceptual para abordar el tema, que en la práctica no hace más que emprolijar discursivamente aquello que ya fue trabajado por las sucesivas reformas policiales que ocurrieron en la PBA y por las sucesivas conducciones nacionales que habitaron el área de seguridad. Lo que ahora Garré presenta catalogado y en encuadernación de lujo, ya había sido masticado en aquel cónclave sórdido: límites al accionar policial en reclamos sociales, y detrás de ello quedó bien visible la complejidad de la relación político-policial, porque Kirchner hizo lectura rápida, cuenta de almacenero, y pensó: ¿Cómo obtengo rédito político y eficacia decisoria en este tema sin que en ese acto sufra una hemorragia de poder político?
Los que no quieren gobernar la nación y la provincia pueden evitar hacerse esta pregunta, y escribir libros sobre el neverland policial y otros paraísos perdidos.
Otros tips del catálogo nildista, como participación comunitaria y purga comisarial, ya fueron tratados en las reformas policiales provinciales de los últimos quince años de vida política metropolitana, con dispares resultados. En todo caso, lo que no hay en la política de Garré son conceptos y acciones novedosas, sino más bien una nueva y bastante improvisada incursión en la cinta de moebius que es la compleja relación entre política y fuerzas de seguridad. Quizás porque en la lectura política nunca se incluyen todas las hilachas del realismo policial, es que no se acierta a dar con un marco decisorio que supere la mediocridad del efímero efectismo ideologista.
El de la seguridad es un debate que necesita vacunarse contra la impostura intelectual: “la fórmula mágica” que venden progresismos y derechas que ya tuvieron el manejo ejecutivo de la política de seguridad por la vía gobernante del Partido Justicialista en distintas etapas de los últimos veinticinco años en la PBA deberían servir como un invaluable material empírico a tomar seriamente a la hora de elaborar hoy una propuesta viable y realista para mejorar el servicio de seguridad pública. Si el manodurismo mostró su fracaso, lo que no se dice tan claramente es que muchos aspectos de la reforma Arslanian también fracasaron, con lo cual la lectura de los “avances y retrocesos” que hacen ciertos sectores políticos provinciales con eje en esa reforma carece de todo sustento y no aporta nada al real problema de la seguridad. Lo que se niega aviesamente es que las bases estructurales de la reforma Duhalde-Arslanian iniciada en 1997 están vigentes en el sistema policial bonaerense. Las DDI que reemplazaron a las brigadas de investigaciones, el control civil de asuntos internos, la disminución de la intervención policial en la instrucción penal, el fraccionamiento operativo y la descentralización de los cuerpos policiales, los mecanismos de participación popular previstos en la ley, el protocolo de limitación en el uso del arma y en la detención policial: todo esto está vigente en la PBA, y si hoy no existe eficacia policial para la prevención del delito, no es tanto porque no se completó la reforma, sino porque hubo temas no atendidos por ella. Una propuesta de seguridad para la provincia se hace desde los errores conceptuales del manodurismo, pero también considerando que la reforma Duhalde-Solá-Arslanian-Cafiero-Saín no es una revolución interrumpida, sino una medida árida que promovió avances, y que fue inocua en varios aspectos. Punto. Estas dos tendencias que anclan su postura ideológica en la conciliación o en la disputa con la institución policial olvidaron por años el problema del financiamiento y la inversión: pasaron desde el cavernario Casanovas hasta el moderno Saín, pero el policía sigue cobrando una poronga. Después del 2001, las decisiones políticas se reflejan en la inversión; no hay mayor y mejor control político de la policía que aquel que se legitima en una inversión estatal ya realizada, que le permite luego al gobernante una facturación política impiadosa, si no disminuye la corrupción policial y no se labura según las previsiones de la autoridad política (en este caso, tanto el gobernador como los intendentes). Dicho de modo académico: si vos pusiste guita y logística adecuada, podés tener a la cana cagando; en estos casos, la legitimidad no brota de la baba discursiva, sino del cuerpo a cuerpo territorial que cincelan día a día las autoridades políticas y la policía. La decisión política de imponer condiciones a la fuerza policial a partir de la inversión realizada es lo que muchos intendentes (con una muñeca política que hay que admirar) hacen para dar respuestas a las demandas sociales que Daniel Scioli todavía no puede colmar. Dos casos concretos son Tigre y Almte. Brown, donde Massa y Giustozzi lograron amplificar la capacidad instalada de la trama municipal para mejorar la prevención barrial. Esta tarea supone acordar laburo con la policía departamental y el control político del accionar policial para que la tarea se lleve a cabo, y que no sea el intendente el que garpe el costo político. Esta tendencia que marcan Massa y Giustozzi (y que otros intendentes que no se quieren quemar políticamente, ya están aplicando) tira abajo la estigmatización progre-gorila de “la connivencia entre barones y comisarios” como aparente raíz analítica del “drama de la inseguridad en la PBA”. En todo caso, lo que deja en claro el comportamiento político de estos dos intendentes es que el eje manodurista-garantista que se funda en la conciliación o la confrontación con la institución policial como principal y único concepto para enhebrar una política de seguridad, ha caducado y que se hace necesario introducir una mirada más realista que se centre en un financiamiento integral. Si la clave es la inversión y la responsabilidad política, y Massa y Giustozzi tienen 70% de intención de voto en sus distritos, la ecuación política cierra sola. La otra opción es no subir la capacidad instalada municipal en seguridad, y tener miedo de que Sabbatella te coja por colectora.
Atrapado en esa lógica binaria quedó Scioli, sin recursos políticos para salir “por arriba” del laberinto. A simple vista, el estado provincial tiene poder para optimizar el trabajo policial, lo que falta es una mirada política que ordene la relación con la policía (inversión y exigencia política, en ese orden). Si las policías comunales son una necesidad, es porque el gobierno provincial todavía no pudo lograr que las policías de distrito y la Buenos Aires 2 cumplan con su función de prevención y proximidad en el conurbano: para eso fueron creadas y fraccionadas operativamente ambas policías por la reforma Arslanian, y en ese fracaso deberían ser leídos los puntos oscuros de aquella reforma, y no predicar falsos avances y retrocesos que sólo están en el imaginario de quienes no van a gobernar la provincia desde diciembre de 2011.
Digo: Arslanian estuvo seis años como ministro de seguridad y dijo que una reforma policial razonable se hacía en dos años. De lo negativo que hubo en este período también debemos hacernos cargo para hoy buscar las soluciones que un tema tan complejo necesita, sin embargo yo los escucho a estos especialistas en seguridad y parece que hicieron todo pipí-cucú, que no incurrieron en ningún moco, que no hay nada para revisar en las reformas aplicadas. Insisto: Scioli gobierna sobre una realidad donde la reforma Arslanian está vigente y consumada, porque Scioli no tomó medidas de fondo y con una orientación medioplacista: hizo purgas, escaneó con asuntos internos, subió un poquito los sueldos, maquilló con la rezonificación de las jefaturas departamentales, pero nada de esto se tradujo en una mayor eficacia del trabajo policial en las tramas barriales, aun cuando el fraccionamiento de la función policial siga operativamente vigente desde los años progres y realpolitikers de Arslanian. El problema no está entonces en el falso dilema manodurismo-garantismo: como cuerpos teóricos aplicados, ambos manifestaron su fracaso en la tierra bonaerense, porque los intendentes siguen aguantando puteadas civiles, laburantes, y tuvieron que crear policías locales de facto como una necesidad política. Qué año quirúrgico, desideologizado, escarpado, sutil, político, que será el 2012 para los que quieran gobernar la nación, la provincia y los municipios ¿no?
