El progresismo real de ciertas medidas concretas que el Estado decide sólo se verifica en las estructuras de financiamiento e inversión, en la ruta racional en la que acaban los presupuestos. En ese sentido, los números cepalinos documentan una realidad efectiva en las obras de saneamiento (tendido de red de agua potable y cloacas) que se hicieron en estos nueve años en el conurbano con dinero del gobierno nacional, y que Cristina recuerde esos números cuando le habla al país es algo positivo para mensurar en cuánto se elevó el piso de infraestructura básica en las zonas de mayor concentración poblacional. El saneamiento sanitario se pudo mejorar porque Aysa es estatal, y el camino de la inversión se ve allanado por esa absorción de costos que hace el Estado, pero que dada la estructura de esos mismos costos en el sector privado, acogota el margen de inversión en otros servicios básicos de los que hoy carecen amplios sectores pobres que no tienen ni siquiera el bálsamo de la tarifa subsidiada. Mientras los municipios se muevan bajo las previsiones establecidas por Planificación Federal (que tiene buen timming para asignar planes de obra, cumplir plazos, y bajar la guita), la progresión de las obras no está en riesgo (salvo casos puntuales de stand by en el Plan Federal de Vivienda) en esos rubros planificados, que básicamente se refieren a obras de infraestructura sanitaria largamente incumplidas por la eyectada Aguas Argentinas. Un caso emblemático es el de la planta purificadora de Berazategui, que se inauguró durante el gobierno de Cristina aunque debió estar terminada a fines de los ´90.

El problema surge cuando las obras no están previstas por el paraguas financiero de Nación, dejando al descubierto la inviabilidad presupuestaria de muchos municipios, pero también y por ese déficit, poniendo a prueba la calidad política de cada intendente para hacerse cargo de su propio quilombo. En el conurbano los tipos de intendentes no se dividen ya tanto entre los peronistas y los que no son, sino entre los que bonustrackean gestión y los que no. Gobernanza, o no. Justamente lo que pide el votante argento según el megacenso de la Vanderbilt (¿los políticos que quieren gobernar la nación, las provincias, y los municipios hicieron el análisis político de esa encuesta?), y que también va a fijar los pisos de electorabilidad venideros. Hacia el interior del PJ, se marca la línea de corte entre los barones aburguesados, cansados, daltónicos, y los que quieren recuperar montos coparticipables y atribuciones político-administrativas.

El tendido de red de gas natural no figura, por ahora, en la agenda de Planificación Federal, y como se viven tiempos de bilardismo electoral, el tema no va a ser tocado hasta dentro de un año. El sistema de subsidios es como la torre del Jenga: las maderitas de abajo no se pueden tocar sin que caiga todo, y a medida que se agregan maderitas arriba la torre oscila y se inestabiliza cada vez más. La metáfora del Jenga puede usarse para describir bastantes variables del modelo económico, pero en los servicios subsidiados lo que se ve es la desigualdad rampante que impacta en las áreas sensibles del poder adquisitivo, la sustentabilidad productiva y la distribución territorial-tributaria-social (Jujuy subsidia a la CABA y el área metropolitana, el pobrerío subsidia a la clase media alta, etc). A modo de parche y referencia, el gobierno nacional lanzó los planes “para todos” en carne, pescado y cerdo, y celebró acuerdos acotados de precios (el más efectivo es el que se firmó con CIARA para aceites comestibles) que no llegan a incidir en la tendencia del mercado. Una racionalización del subsidio para hacerlo menos regresivo significa meter mano en la economía, porque falta mucho para que la Argentina tenga una política de crédito medianamente amplificada y estable. El pueblo quiere menos capitalismo asistido, y que las inversiones de impacto social (político) concreto las haga el Estado por la vía rápida. Es realmente llamativo que Cristina prefiera subsidiar el precio de la garrafa de gas en un mercado riesgoso y esquivo (y sin infraestructura competitiva) antes que acordar el financiamiento de obra pública con el concesionario privado para realizar las obras del tendido de gas de red, que el costo de inversión lo garpe el Estado (que tiene divisas para meter, ahora que el stop and go es una lejanía) y no el asalariado que padece el recalentamiento del consumo en el mercado perro de la garrafa y mira a través del vidrio el consumo calificado de los hogares residenciales. Ante la demanda popular concreta, algunos intendentes comenzaron a bonustrackear gestión en este tema urgente y de irritante desigualdad social, para cubrir el hueco que dejan la Nación y la Provincia. Porque con el alumbrado, barrido y limpieza ya no se ganan elecciones en los municipios del conurbano. La gente entrega electorabilidad a cambio de gobernanza, en un electorado cuyo 70% no suscribe ya a identidades políticas firmes. Ya no se gana con la camiseta, o con la declamación verbal de pertenecer a un “proyecto”, aunque el peronismo siga siendo el garante más nítido, todavía, para administrar gestiva y territorialmente las tensiones entre el estado y el mercado. Los gobernantes que enlacen política y poder para un silencioso progresismo real de las acciones de financiamiento (frente a los declamadores profesionales de la indignación sobreactuada) son los que miran hacia la neodécada que viene. Creo para mí que 1,6 millones de hogares (hogares, no habitantes) sin gas natural de red en el conurbano es mucha gente, y lo cierto es que ni Nación ni Provincia tienen previsto poner un peso para extender la red. Justo cuando meter inversión en infraestructura de red para que los pobres accedan a la tarifas subsidiadas es lo más progresista que hay. Cuidar el poder adquisitivo de la gente, porque una hegemonía política sólo se construye con gobernanza, con bonustrackeo estatal, con la épica del financiamiento. No tanto con relatos y literatura. Los buenos políticos ya lo saben hace rato.