Hay una luz que nunca se apaga

“Encima te dicen que es una sensación…”, miradas cómplices y acaso una sonrisa desganada para confirmar que están en sintonía. En la carnicería, otras veces en una zapatería femenina, en el supermercado viciado de segundas marcas, en la cola tórrida del pago fácil, a la salida del cine o de un show de sexo en vivo, entre las masticaciones hacinadas de güerrín a la caída del mediodía, en las piletas metalúrgicas de ruta sol, en los cuerpos postrados a las puertas de la anses, en el privado cuentapropista de la nena universitaria, en medio de la fiesta textil de la salada (la ocean, urkupiña, la mogote o en el laberinto border de la ribera, el imperio del jogging y la ropa anti-laboral, el toallón de los andes o de deportivo merlo, las tangas kitsch que conspiran contra la erección digna), en un bar-pulpería de tristán suárez, en el tiempo muerto de un milan-bayern en la play station. Una frase que viene y se va con el viento, y que no tenemos que decodificar para saber de qué se está hablando.

Lo que quiere ver la sociedad de la policía es la traza de su accionar. Sobre esa inquietud se enlaza la lectura estatal que hacen los intendentes de la PBA. Si en algún momento León Arslanián pensó una policía comunal para municipios con baja densidad poblacional, hoy la realidad indica que los dos distritos más poblados del conurbano, La Matanza y Lomas de Zamora (que aportan algunos votitos a la elección de 2011) tienen sus propias patrullas locales de seguridad. En ambos casos, las policías departamentales han agradecido esa decisión política porque aporta una colaboración indispensable para trabajar en la fase preventiva que las fuerzas de seguridad bonaerenses no pueden colmar. Desde ya, los municipios bancan económicamente (compra de vehículos, pago del personal, logística operativa -GPS, radares y toda red de comunicación-, combustible) este cuerpo policial; por esa razón el intendente lomense Martín Insaurralde (de muy buena gestión) debió aumentar al doble la tasa municipal y meter un cargo fijo por tasa de seguridad. En los municipios que todavía no tienen patrullas comunales, la demanda social de seguridad (que los intendentes enfrentan todos los días) hizo que la inversión con fondos municipales creciera exponencialmente para la compra de patrulleros y equipamiento tecnológico (el caso de Darío Giustozzi en Almte. Brown, que después de Mussi, es la mejor gestión del conurbano sur).

No es necesario aclarar que la institucionalización de la policía municipal en ningún caso supone un reemplazo de las funciones de la policía bonaerense. Es más: la creación de una policía municipal no resuelve los problemas institucionales y operativos de la policía provincial, sino que intenta llenar el espacio deficitario que los gobiernos nacionales y provinciales dejaron a la tácita responsabilidad de los intendentes.

Hay una realidad: a los municipios les tiran el fardo de la inseguridad, pero les sustraen las atribuciones políticas para enfrentar esa responsabilidad. La institucionalización de una policía comunal solucionaría esa parte del problema, porque la prueba concreta de que ahí hay un problema es que existan policías locales de hecho. Es decir, la necesidad de una policía comunal (a la que cada distrito pueda adherir voluntariamente en el marco de un convenio provincial) es independiente de todos los cambios que se deban hacer en la policía bonaerense. Algunos que están en contra de las policías municipales esgrimen esta falsa oposición con la Bonaerense que en realidad no se registra allí donde las dos policías existen. Que lo digan, si no, Fernando Espinoza e Insaurralde.

En 2008 la diputada Dulce Granados presentó a la legislatura provincial un proyecto de creación de policía comunal, bastante similar al que ahora impulsan los llamados intendentes peronistas críticos. El proyecto de Dulce se basaba en una experiencia concreta: la que el municipio de Ezeiza viene desarrollando hace ocho años en materia de policía local. La contribución que el estado municipal puede hacer al problema de la inseguridad es parcial: básicamente, se trataría de amplificar el alcance preventivo aumentando la capacidad instalada del poder de policía (ampliar cuadrículas, hacer un mejor barrido territorial). Parcial, pero imperativo. Lo que registra la experiencia de Ezeiza, y de los otros municipios con cuerpos policiales de facto, es que en el contexto de la función preventiva, muchas veces el personal de seguridad se ve obligado a intervenir con la comisión del delito in progress, y que al no contar con armas, no sólo no pueden cumplir la tarea, sino que ponen en riesgo su vida. Esto implicó que a cada patrulla se sumara un agente policial bonaerense, por una necesidad operativa sustancial. En Lomas de Zamora habían empezado con personal municipal (retirados de las fuerzas de seguridad), pero la necesidad del arma hizo que se sumara un agente policial, como en Ezeiza. Todas estas decisiones de hecho a las que los intendentes se ven obligados (y que escandalizan a los apoltronados en la épica ecológica del desarme), tendrían una mejor organización y mayor claridad operativa si se institucionalizara la creación de una policía municipal. Con lo que ya invierten los gobiernos comunales en seguridad, más un piso presupuestario a cargo del gobierno provincial (y si nación se copa y pone unas monedas, que guita no le falta gracias a las transferencias al Tesoro y una emisión controlada ¿30% de la base monetaria? esteee), el problema del financiamiento no es inverosímil. De paso, Cristina, Scioli y los intendentes se anotan un par de porotos en un año electoral.

En el plano nacional, la única medida concreta tomada por Cristina (muy positiva) fue el operativo centinela que mandó a la gendarmería a callejear por el conurbano, además de las asignaciones presupuestarias enmarcadas en el programa de protección ciudadana (cámaras). Por lo tanto, un sponsoreo cristinista a la policía municipal galvanizaría la posición del gobierno frente a lo que una parte mayoritaria de la sociedad juzga como quietud accionaria frente a la cuestión de la seguridad pública.

Insistimos con un concepto que nos parece básico: toda medida de reforma en el área de seguridad debe partir del realismo; de una lectura que permita que la reforma sea eficaz porque antes se evaluó correctamente la experiencia concreta que se vive en los municipios (probablemente haya distritos que necesiten una policía comunal, y haya otros que no). En ese sentido, hablar de “la mafia policial” es una entelequia inconducente desde el punto de vista de los problemas que acucian a los intendentes, que necesitan que haya un laburo policial fijado según los requerimientos territoriales (por eso el control político a cargo del intendente, para que llevado al extremo, las fallas operativas conduzcan a un costo político que ningún barón querrá pagar), y recién después hacer una gran joda de asuntos internos en la policía bonaerense. Pero esto no estaría relacionado ya con los intendentes y el funcionamiento policial comunal.

En la mini-cátedra que dio Luis Acuña en TN, se escuchó decir: gracias a los intendentes que controlan a la gente, llegan menos quilombos arriba, se le alivia el trabajo al gobernador y al presidente. En el tema de la inseguridad, ese haiku rosista brilla con mayor sabiduría, por eso no somos Brasil, México, ni Colombia. Yo sobre la inseguridad quiero ver propuestas realistas, no lamentos. Quiero ver propuestas, no señoras gordas con indignación epidérmica. Propuestas, y no épicas del golpismo. Propuestas, y no estadísticas. Cristina, Scioli y vos, poniendo los billetes y los planes. Propuestas, porque hablar de sensaciones es cagarse en la gente.