Las decisiones políticas siempre se corporizan a través de mediaciones que pueden suscitar desvíos no contemplados o efectos no mensurados, básicamente inducidos por la incapacidad de vertebrar estrategias al menos de mediano plazo. En la era de la cosmovisión maltrecha y miope de la inmediatez (a lo que la lógica mass-mediática contribuye de modo desembozado) son muy pocos los campos exentos.
La preocupación por la planificación gubernamental no ha sido el fuerte de las gestiones democráticas que van desde 1983 hasta la fecha. En gran parte porque siempre se estuvo ante un contexto de emergencia: amenaza militar, endeudamiento externo, hiperinflación, convertibilidad, corralito, debacle social, devaluación. Un avance a los tumbos con el margen de maniobra en perpetuo estrechamiento por “herencias” y por la imposibilidad de trascender los muros del cortoplacismo.
¿Cuánto de realidad y cuánto de excusas hay en esto? No soy partidario de la canilla libre de reclamos en tanto interpreto las extremas dificultades que derivan de gobernar. Pero hay cuestiones que pueden avizorarse y que necesitan ser planteadas.
La moratoria provisional impulsada por el gobierno kirchnerista permitió desactivar una bomba de tiempo inminente: casi dos millones de personas se pudieron jubilar sin contar con los aportes necesarios para acceder al beneficio. El problema era heredado, y el gobierno tomó una decisión que era necesaria, pero que podría no haber existido por falta de voluntad política ¿Acaso la alianza radical-frepasista no debió haber tomado en aquel momento esta decisión?
Pero no la tomaron, y sí lo hizo Kirchner. Así las cosas, se evitó la caída al abismo de millones de personas, que accedieron a un piso mínimo de subsistencia: salario y cobertura médica para no morir tirado en la calle. No pretendo ser trágico, pero conviene situar la índole de la disyuntiva a la que se vieron expuestos miles de compatriotas.
Dicho esto, también decimos cual fue el mecanismo decidido por el Estado Nacional para sustentar la operatividad técnica de la medida: planchar los haberes previsionales más altos para solventar la masa jubilatoria ingresante (que cobra el mínimo).
A su vez, y esto lo charlábamos con Hard, se generaba un descalce entre la masa ingresante y la financiación a cargo de los activos, porque los niveles de empleo informal son altísimos y los aportes no llegan a cubrir la cantidad de erogaciones jubilatorias comprometidas. Es decir, se evitó el abismo, pero a mediano y largo plazo el sistema ofrecerá el surgimiento de problemas de financiación que derivará en perjuicios para futuros aportantes y beneficiarios, y además se comete una injusticia hacia el jubilado de mejor remuneración que ve congelado su haber. Son cuestiones que ANSeS deberá corregir. ¿Cómo suplir el agujero fiscal que queda por la falta de aportes de los beneficiados con la moratoria? El descuento que se hace al salario provisional es una respuesta y las colocaciones de los activos de las AFJP en fideicomisos puede ayudar, pero pese a ello existirá un desfasaje. Y acá el problema del blanqueo laboral es clave, porque no se ven intenciones concretas de sobrepasar el límite del trabajo actualmente sindicalizado.
Acá puede jugar un cálculo político: los actuales niveles de blanqueo y sindicalización (significativos pero minoritarios frente a la totalidad de la masa asalariada) garantizarían evitar focos reales de conflictividad social que los Kirchner detestan y detestaron históricamente.
Lamentablemente, no veo disposición de parte del gobierno para ejercer con furia el poder de policía laboral y lanzar una cruzada tipo ARBA para erradicar el empleo informal. Sobre la imperatividad de colocar en la pole position de la agenda la cuestión del blanqueo es sobre lo que me hubiera gustado escuchar hablar a Moyano en el acto del jueves, en vez de pedir con exagerada reiteración el voto para Cristina: la multitud no recibe instrucciones adentro del cuarto oscuro, y Perón ya había dicho algo sobre este tema, entonces, ¿para qué enfatizar?
Sobre el otro tema que me respondió Hard con un ilustrativo posteo: las sumas no remunerativas.
El tema tiene dos aristas: por un lado, se fijan escalas de recomposición que disminuyen el efecto inflacionario y mantienen el poder adquisitivo aquí y ahora. Pero por otro, se precariza la situación del empleado, porque ese aumento no incide en el cálculo de vacaciones y aguinaldo, y menos para computar la jubilación futura. A esto se agrega la afectación del índice que calcula la movilidad jubilatoria, ya que la suma no remunerativa no computa a tales fines.
Si se tratara de una medida temporaria para capear el temporal externo y la caída de la producción, no diría nada, pero nadie aclaró de qué modo esas sumas se van a transformar en salario en algún momento; mientras tanto se siguen firmando convenios bajo esta modalidad. Será fundamental que las organizaciones sindicales tomen este tema como bandera para lo que se viene.
Para estos menesteres, en el Congreso es preferible tener a gente como Héctor Recalde o Claudia Rucci, y no tanto a Nacha Guevara o Silvia Majdalani.
