Back in the USA

El fin de una etapa distribucionista basada en el consumo y el precio de las exportaciones de materias primas como motores exclusivos de la economía latinoamericana está obligando a los países de la región a proyectar cambios de estrategia en la trama continental que se relacionan también con coyunturas internas que no tienen la holgura distributiva que caracterizó a la última década.

Durante los ´90 la apertura indiscriminada de la economía de la región achicó el mercado interno y el empleo. En los 2000 se viró a un anclaje regional eminentemente político que no alcanzó para avanzar en una integración económica concreta y más sofisticada, que implicaba ciertos sacrificios concurrentes de los países integrantes.

Ahora que la inercia distribucionista de la región amaina su marcha, cada país se vuelve hacia estrategias más tradicionales y asumen el pragmatismo de las bilaterales. La economía lleva un poco de paseo a la política.

Los liderazgos políticos que aparecen en la región no pueden abstraerse de estos cambios, so pena de que otro “arregle” antes que ellos.

En ese contexto pueden ser leídas las declaraciones de Massa en EEUU:

1) Planteó galvanizar la bilateral de Argentina con ese país y los del bloque europeo.

Eso mismo ya hace Brasil, por lo menos mientras dure la paralización del Mercosur, para mejorar la calidad de exportaciones con esos bloques (de mayor contenido industrial que las que se hacen a Asia) y así sostener mercado interno y empleo.

2) Dijo que Argentina debe ser, desde el Mercosur, el puente hacia la Alianza del Pacifico.

Esta intención es audaz porque insinúa colocar a Argentina en una posición más activa frente a Brasil, teniendo en cuenta la interdependencia medular entre ambos países en materia económica, y la táctica brasileña de “privilegiar” (por el momento) a EEUU, el BRIC y la UE en el plano comercial.

En ese sentido, Bachelet afirmó que para Chile la Celac es el ámbito de integración política y la AP el de integración económica. Paraguay y Uruguay se constituyeron en miembros observadores de la AP a pesar de ser miembros plenos de Mercosur. Como se ve, y más allá de lo que declaren políticamente, los países de la región empiezan a poner los huevos en varias canastas.

Un “puente” a la AP podría significar la exploración de ventajas comparativas dentro de la región que hagan mas autosuficiente el comercio y la inversión en algunos rubros sin acudir a otros bloques continentales, y podría ser un revulsivo para el Mercosur. 

También pone en discusión los límites y las posibilidades de una integración económica que el bloque sudamericano no pudo constituir debidamente en esta década: Argentina y Brasil no han podido avanzar en el uso de monedas locales para el comercio bilateral y los fondos monetarios latinoamericanos (FLAR y Banco del Sur) quedaron en la nada por la negativa de Argentina y Brasil (que se autosustenta con el BNDES, y optó comercialmente por EEUU y la UE, debilitando la negociación del Mercosur). 

Aun cuando de una “gira de instalación” por EEUU (similares a las que hacía Cristina en 2007 para pregonar la etapa “institucional” del kirchnerismo, aquel mítico caniche style luego tan avalado en las urnas) no se puedan extraer definiciones ideológicas y políticas relevantes (porque no está en el ánimo de sus protagonistas darlas), la intervención de Massa en los medios yanquis dejó algunas conclusiones interesantes.

En la CNN, Massa mencionó lo positivo de la década en distribución del ingreso, derechos humanos, colaboración científico-tecnológica y materia nuclear. También dijo que Argentina tiene una institucionalidad política fuerte, y se diferenció así del resto de la oposición, que suele condenar al sistema de partidos.

En otra entrevista televisiva al diario El País, Massa criticó duramente a los políticos argentinos que viajan al exterior a hablar mal del país en vez de proponer soluciones, y cuando se le preguntó sobre el paralelismo Crimea-Malvinas, contestó que en ese punto apoyaba la posición del gobierno argentino.

En el juego (relativo) de las “rupturas y continuidades”, Massa introdujo en EEUU ciertas dosis “continuistas” en dialecto propio; el kirchnerismo plantea ese juego en su dialecto y con las normas de un consenso que ya está amortizado. En la zona de la representación a crear, parecen dos idiomas diferentes.

Intransigencia y movilización

Es posible pensar que desde aquel momento en que el PEN avanzó en una corrección clásica (disminución indiscriminada del salario real) del problema macroeconómico, las expectativas de representación se tornen más modestas de cara al 2015 para quienes pretenden encarnar una “continuidad nominal” partidaria en relación exclusiva a lo que supo representar la década kirchnerista. Desde el oficialismo se construye esa representación modesta como autosuficiente. No hay un horizonte distributivo que facilite la evocación de viejas y mejores épocas como palmarés a ser voceado electoralmente como garantía continuista, pero el efepeveísmo no tiene muchas alternativas: tiene que vender la “reducción de daños” como proyecto de futuro.

La liga de gobernadores del PJ es la que busca darle cuerpo teórico a este complejo pasamanos político y mostrarlo como autosuficiente; son mecanismos defensivos lógicos desde los cuales se pretende “transmitir expectativas” al subsistema peronista y al resto de los partidos políticos. Se trata por ahora (y por bastante tiempo) de un “juego de cúpulas” que no está encajado en ninguna situación electoral concreta; habrá que ver, finalmente, si las expectativas que busca instalar el grupo de gobernadores subestiman o no las que ostente el electorado en el momento oportuno.

El riesgo de las expectativas también corre para Massa, pero con algunas diferencias. El intendente-diputado viene con la inercia electoral de 2013: esto implica que no viene con una expectativa debilitada por una deuda continuista a la que tributar; para el electorado que lo votó y para muchos de los que no lo votaron, esta es una diferencia que ya quedó clara, y es posible que juegue un papel cuando las propias expectativas del electorado se empiecen construir.

Hay que tener claro una cosa: la amortización positiva del consenso kirchnerista es un sentido común que no necesariamente se expresa en una “continuidad nominal” partidaria, si la amortización negativa que deja ese consenso también es significativa. Quién fermenta expectativas cruzado por estos sentimientos no piensa (por ejemplo) en lo “neoliberal o no” que puedan ser los candidatos, ni en qué grado de barbarie “retorna” para “degradar la política” si entendemos que en la década que se va fue virtuosa su práctica. Lo que más asusta hoy a la clase política es cómo se va a terminar garpando electoralmente el consenso de continuidades y rupturas que deja el kirchnerismo y qué va a terminar pesando más en la balanza. El gobierno tuvo dos años y todas las herramientas para anticiparse a la sensación de “golpe de mercado”, y este es un dato político concreto que no deja bien parado al bienio cristinista en el rubro “expertise del partido del orden”.

La devaluación funcionó como el atajo macro para generar expectativas en la sutura de reservas, oxigenar la balanza comercial (encareciendo importaciones, y no tanto fogoneando exportaciones) y de paso licuar déficit fiscal (que no es lo mismo que bajarlo), pero antes de todo eso, bajó el costo generalizado de la mano de obra en  toda la trama productiva del mercado interno.

Conviene recordar que el último gobierno argentino que hizo un trabajo fino y planificado sobre las cadenas de valor y la estructura de costos de cada actividad productiva por separado, con muchos “fierros weberianos” y mucho Estado técnico por área productiva para evitar el cíclico atajo devaluacionista fue el de Perón-Gelbard de 73-74. A tal punto el gobierno de Cristina hizo algo del todo contrario a sus posibilidades, que muchos analistas filokirchneristas trataron de explicar positivamente que esta devaluación se hizo mejor que la de Krieger Vasena en 1967 (considerada por muchos como la devaluación mejor ejecutada de la historia argentina). Quizás se trate en este caso, también, de las expectativas modestas que quiere instalar el oficialismo de cara al 2015.

Sin viento de cola distribucionista para adelante (más bien evitar que suba el desempleo), la zona árida de la “agenda del desarrollo” que se promete no tiene derechos adquiridos. Nada hace prever que Urribarri, Scioli o Randazzo tengan mejores credenciales que Massa para continuar algo que es distinto.

Mas allá de las fotos y las encuestas, parece más pertinente hacer una lectura de la relación que cada formación política puede entablar con el electorado.

El Frente Renovador todavía se apropia de la inercia electoral, pero la movida contra el nuevo código penal, después de la espuma mediática, le sirvió para dar un segundo paso más político con la recolección de firmas en el territorio donde el despliegue del aparato militante tiene una función central.

Así Massa trabaja sobre sectores medios y medios-bajos que los partidos no peronistas sólo cortejan en la instancia electoral; esto le permite conservar los votos de 2013 y en la misma movida territorial (que en la práctica no se limita a que la gente “firme” un petitorio) fomentar el desplazamiento del voto no peronista a terreno panperonista (que se evidenció como dato crucial en la PBA 2013) y consolidar el voto “kirchnerista” (voto PJPBA clásico) de 2011 que fue al FR y que ahora es núcleo duro massista (doctrina Meler).

Esta segunda etapa del despliegue territorial del FR en el 2014 tiene dos cauces: profundizar el formato liga de intendentes y acaparar las estructuras peronistas móviles provinciales que tarde o temprano varios gobernadores van a necesitar para la desdoblada provincial, y más que nada (y ahí surge el problema efepeveísta) para el engorde de octubre 2015. Por eso Massa no se saca fotos con gobernadores, y a Scioli no le queda otra que sacárselas.

El pica-pica de la PBA (provincia que va a traccionar casi en soledad en octubre 2015) entrega en ese sentido una lectura interesante hacia el electorado. Si los teoremas de Artemio López y  Juan Amondarain buscan definir comportamientos nacionales, el teorema de Othacehé entrega datos que pulsan sobre los cascos seccionales madres del conurbano: más allá de su supervivencia personal, lo que Othacehé refleja es que como mínimo la distribución del voto FPV-FR en la 1º Sección no va a modificarse para 2015, y que el voto no está tan clasistamente territorializado como para alterar cualitativamente una tendencia electoral.

Por eso el teatro de operaciones de Massa sigue siendo la PBA, y en especial el 1º cordón de la 3º Sección (donde el despliegue de la campaña de firmas es más extendida que en otros territorios). Hay que aclarar algo: hoy, y fuera de la instancia electoral, los únicos partidos movilizados son el FR (Massa considera que el FR tiene que avanzar en la movilización y disputar el control de la calle con el kirchnerismo si esto fuese necesario y por eso prepara un armado con gremios, MMSS y organizaciones que funcione como línea interna); y el FPV en aquellos casos donde los intendentes salieron a “militar” el DNI y el Pasaporte a la calle para tener alguna presencia en el tramo societal de la doctrina Meler, pero son pocos municipios los que tomaron esta decisión.

Es lógico que el efepeveísmo desempolve la épica del 40 + 1, pero en la práctica habrá que ver que pasa con el minuto a minuto en la PBA, porque ese va a ser el deadline de cara a lo que marquen las encuestas de abril-mayo 2015, y que van a definir cómo se organiza el combo electorabilidad + territorialidad de cara a las PASO.

El adn histórico

Pese a ser figura central de la política nacional desde 1943, cuando Perón afrontó la campaña electoral de 1946 lo hizo publicitándose como aquel que estaba fuera y en contra de la clase política (la llamada partidocracia) para generar su representación; en 1988-89, Menem utilizó una táctica similar tanto para enfrentar la interna con Cafiero (donde el riojano iba “contra” el partido en manos de la renovación y su alianza de gobernabilidad con el alfonsinismo declinante) como la general contra la UCR: Menem, que ya tenía más de quince años de presencia en la política nacional, representó electoralmente aquello que venía desde afuera del sistema partidario para cuestionarlo y generar las expectativas de purificarlo. Este mecanismo de saturación del vínculo carismático, alargando la relación hacia la sociedad y acortándola contra el statu quo que expresa la clase política en un tiempo determinado, es un recurso de la representación peronista que está en su adn histórico.

Nadie nunca pensó estas conductas (a)-políticas como reflejo de la antipolítica,  de la ruptura de diálogos y consensos o de un oportunismo inescrupuloso que “defrauda” la honestidad intelectual de la clase política. En mucha menor escala a los ejemplos dados y tan sólo en un tema puntual (la reforma del código penal), Massa utiliza ese recurso que la política sirve a disposición de sus actores desde tiempos inmemoriales.

La falta de músculo kirchnerista y opositor para analizar la cuestión se refleja en una frase: Massa irrumpe malamente y rompe consensos preestablecidos. Esta definición coincidente diagnostica, al pasar, dos cosas: el problema de liderazgo político del fpv (falta de franeleo y runfleo abajo) y el problema electoral de las oposiciones no peronistas. Es lógico entonces el coro de lamentos contra Massa, porque nada le conviene más a un liderazgo débil que una oposición con problemas electorales. Por eso Cristina prefiere la “cooperación” de Macri y la superestructura de la UCR para armar un “consenso de salida” favorable para ella, pero que contradice la necesidad de los que quieren gobernar la nación en 2015 de construir una instancia de representación política que otorgue un cierto plafond inercial que permita acomodar la gestión en el primer tramo de gobierno.

En la discusión del código penal fluye esta diversidad de consensos contradictorios entre sí: el de un sector de la clase política y la academia que se refleja en la comisión que redactó el anteproyecto (de vínculo carismático contractivo o nulo) y el de otro sector de la clase política que compatibiliza con una base de de valores que arraigan en una parte significativa de la sociedad (de vínculo carismático alargado o expansivo).

Aquí surge una pregunta lógica: ¿qué consenso se quiebra? ¿qué consenso se sostiene? El kirchnerismo y la oposición con problemas electorales le piden a Massa algo inviable: que sacrifique un consenso social a favor de otro acotadamente político y defectuoso. Porque lo que subyace por el costado de esta reforma del código penal es la exclusión política de una realidad social concreta: el aumento del delito violento dentro del universo de delitos, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la nación. 

Es por esta razón que Cristina dejó de publicar estadísticas oficiales del delito hace varios años y Scioli las dejó de publicar desde el año pasado. Es evidente que parte de esta realidad, tangible para muchos argentinos, no está reflejada en muchas decisiones teóricas que contiene el nuevo código penal como la eliminación de la reincidencia, la disminución de la escala penal y algunos agravantes en ciertos delitos irritantes (violación, robo violento) y la inaplicabilidad práctica del régimen de penas alternativas a la de prisión. Todo esto implica una cierta lectura política de la realidad por parte de quienes redactaron el nuevo código, y eso señala Massa, descorriendo un poco el velo académico del asunto.

Insistimos con una cosa: Massa no explota abstractamente un sentido común punitivo, sino que se asienta en fallas concretas del nuevo código cuyos efectos se van a ver en la práctica, y desde ahí suelda su relación con un consenso social afín. Solo quienes tengan una mirada testimonialista de la política pueden ver en el gesto de Massa una ruptura de diálogos y consensos. Pero hoy el kirchnerismo está viviendo una situación retórica testimonial que coincide con un problema más amplio y más político de representación que es inherente a una resolución ortodoxa de la coyuntura económica que “alarga la vida” pero que no tiene oportunidades de generar plusvalía política a futuro, y que en el gobierno creen que debe “cubrirse” con más “dialecto kirchnerista” y no con menos. Por eso le abrieron el grifo a Urribarri.

Esa nueva veta testimonial explica por qué en su momento NK recibió a Blumberg antes que cuestionarlo y por qué ahora Cristina no recibió e ignoró a los familiares de las victimas de Once. Los posicionamientos en torno al nuevo código penal confirman esa ruptura de NK a CFK, y explica por que de los dos consensos (el de los partidos y el de la sociedad), prefieren optar por uno y desguarnecer el otro. Son decisiones políticas. Massa, enmarcado en un proyecto político propio, ha decidido tomar las suyas. Política, como hace doscientos años.

Una lectura política de la reforma del código penal

En la Argentina, una reforma integral de la codificación penal está condicionada por dos problemas previos que la pueden tornar inconducente o agravar el funcionamiento del sistema penal: la situación real del sistema penitenciario y el estado operativo de la justicia procesal-penal. 

El anteproyecto que armó Zaffaroni con la oposición para Cristina está atravesado por ese contexto, en el cual se adoptan ciertos principios filosóficos para estructurar “la parte general” del presunto código (determinación y cuantificación de la pena, concurso de delitos, atenuantes de la pena, penas sustitutivas a la prisión, eliminación de la reincidencia) que son minoritarios dentro la teoría penal y que son al menos incompatibles con la practica forense y el sistema penal argentino vigente (es decir, la legislación y las instituciones), y por lo tanto, “abren puertas” para que el sistema (los jueces, y las áreas de ejecución penal) morigere penas de prisión atadas a libertad condicional (que ya no controla en la práctica) para agravar la situación con penas alternativas a la privación de la libertad de más difícil control por el Estado: no hay infraestructura administrativa para el código que quiere Zaffaroni, y las condiciones de impunidad e indefensión de la sociedad probablemente se agravarían.

Por lo tanto, Massa parte desde una zona tangible del problema que el anteproyecto evidencia, y que evidentemente se cuece en una faz práctica que el tigrense adopta en el cruce de inseguridad y justicia. Massa se “aisló” de la oposición para juntarla con el oficialismo y desde ahí diferenciarse en un tema que es muy sensible para una mayoría de la sociedad que sufre la inseguridad, pero que más allá de “la demagogia y el oportunismo” halla una raíz concreta de peligro en las fallas del anteproyecto.

El kirchnerismo tiró a Zaffaroni y su academicismo (muy valorado en los congresos penales latinoamericanos donde se florea con su muy simpática teoría personal de la pena), se adentró en una discusión estéril sobre la inviabilidad de la materia penal en los arts 39 y 40 CN, pero la discusión es más política, y si Massa mete 5 palos de firmas para instalar el tema no ya en los medios sino en una parte importante de la población, es porque tiene 24 intendentes en la PBA y otros tantos en el resto del país que con “medios” para salir a “militarla” (mesitas, volanteadas) y frente a lo cual los intendentes del fpv y Scioli pagarían un costo político si quisieran salir a oponerse. Es la política, estúpido, parecería decir Massa cuando lo mandan a “estudiar”.

Pero donde el anteproyecto tiene fallas graves es en la legislación sobre delitos de narcotráfico, donde la reducción en la escala de penas es muy significativa sin que haya razones que lo expliquen: pasa de 4 - 15 años en el CP vigente, a 3 a 10 años que fija el anteproyecto, poniendo a tiro de la excarcelación a todos los tipos delictuales hasta ahora exentos (producción y comercialización de estupefacientes, financiamiento y organización de la asociación para fines de narcotráfico), mostrando en ese tramo además una técnica legislativa bastante defectuosa contra la que tiene la ley 23737 vigente. Esto ayuda a considerar socialmente que el gobierno minimiza la situación narco en el país, en tanto la reforma se apruebe en estos términos, cuando se trata de un proyecto propuesto por el oficialismo.

Gobernar la nación

La devaluación que hizo Cristina no tiene ningún impacto relevante en la guerra cambiaria que libran emergentes y desarrollados. Así, la devaluación argentina tampoco se justifica por lo que sucede en esta etapa de esa batalla de monedas. Es cierto que EEUU va a dejar de emitir, que Latinoamérica va a devaluar,  y que estos factores se van a ir sumando a lo que Argentina tiene como un problema interno desde hace dos años con cada vez más evidencia. Ahora (pero no antes) sí se empieza a terminar el ciclo inercial de guita en la región, y llega la hora difícil de maniobrar, como dijo Rousseff, con las reservas acumuladas. Es decir: Brasil no devalúa por las mismas razones que lo hace Argentina. Acá es donde cada país de la región va a armar su propia estrategia para sobrevivir a lo que viene con cierta prescindencia de los agrupamientos preexistentes (el Mercosur en términos comerciales y económicos está casi paralizado); por eso Brasil mira de reojo a la Alianza del Pacífico (aún cuando por ventajas geopolíticas no le convenga integrarla) con amor y odio, porque expresa la decisión pragmática de algunos países latinoamericanos de salir a Asia a diversificarse para atenuar la dependencia de la bilateral comercial que tienen con EEUU. El tema es ver que hacen Brasil (y Argentina) para salir a pelear “la torta” de los emergentes, que en los próximos años tendrá menos porciones.

Pasó una semana de believers: los que creían que con el salto devaluatorio se alineaban los planetas y arrancaba un revival del nestorismo 2003-2008 (lo leí por ahí). Todavía no está claro si con clavarlo en 8 pé alcanzaba, pero la transferencia al sector asalariado ya está bastante avanzada (la maquila fueguina, la industria automotriz, el comercio minorista). Insistimos: la devaluación no era estrictamente necesaria a menos que se considere que las medidas económicas que tomó el gobierno en estos dos años fueron correctas. Por eso, cuando se decide políticamente tomar estas decisiones, y conociendo la cadena de contenciosidades sociales que van a surgir, lo importante es no quedarse a mitad del río. Hacer pagar los costos de una sola vez también es una virtud del partido del orden.

Desde el punto de vista político, es peligroso centrar el discurso en las posibles bondades de una devaluación, pero los gobernadores kirchneristas NOA-NEA optaron jugar esa ficha: el dilema de hablarle a las empresas o a la gente es otro síntoma de que esa pseudo-liga (que hoy conduce al kirchnerismo junto con Scioli) tiene el horizonte de representación complicado, y que el alivio transitorio de algunas economías regionales lo garpan los asalariados de los centros urbanos y de la Región Centro pampeana + la PBA, que son los que no necesitaban la devaluación.

Si el gobierno busca reeditar una 125 para trasladarle el costo político del fracaso de la devaluación al sector agrario, se va a encontrar con que no va a contar con el amplio abanico de alianzas del 2008 que permitan sostener un conflicto de esas características. Pero quizás sea esa la razón por la cual el kirchnerismo elija nuevamente al campo como enemigo público, así como considera que un tipo que compra 3 palos verdes le desestabiliza el sistema financiero, o que le asigna la falta estructural de dólar genuino a la no liquidación de 2000 palos en concepto de granos mientras se pierden 100 diarios por no querer bajar la inflación. Los problemas de expertise se tapan con argumentos que hacen ver como aún más debil a la economía, justo cuando las expectativas están jugando un rol central.

Durante el alfonsinismo y antes de 1989, una parte considerable de la población se tuvo que acostumbrar a vivir con bajo desempleo, pero con salarios empobrecidos y servicios públicos básicos colapsados. ¿Era eso una crisis? ¿alguien tiene la autoridad política para decirle docentemente a la sociedad cuando está “subjetivamente” en crisis y cuando no?  Como dice mi viejo: “dos meses antes del rodrigazo estaba todo bien”.

Los riesgos de la historización permanente (un trademark kirchnerista) aparecen cuando se le cree más a la historia que a la realidad: cuando las efemérides reemplazan a la política. Cuando se  definen y narran como propias (y con las palabras propias) las crisis y malarias que sufrieron otros: el psicodrama progresista que en los noventa juzgó al menemismo desde cómodos cuarteles de invierno.

Pero las generaciones pasan, los electorados no son siempre los mismos, y hoy Argentina sigue teniendo términos de intercambio favorables, tiene empresas industriales modernizadas pero que hoy valen menos que una empresa similar en Colombia que hacen pensar en un burbujeo futuro. Y tiene un electorado posmodernamente castigador, amortizador, que conoce la identidad hacia la cual replegarse, pero que ya hace rato que no canta la marchita.

Si se calla el cantor

1

En el kirchnerismo dirán que “no quedaba otra” que devaluar. Esto sería cierto si se cree que antes de ello el gobierno usó todo el instrumental que tiene la política económica para hacer correcciones. En todo caso, después de dos años de decisiones económicas erráticas y equivocadas, la sensación de que una devaluación era inevitable puede sonar verosímil a los oídos creyentes. Una de las discusiones que quedará emplazada para el liderazgo que asuma en 2015 es de qué manera el Estado, ante las tensiones cambiarias y fiscales que surgen del fin del tasachinismo, absorbe los costos él mismo en su política de recursos y gastos, sin trasladarlos de manera directa a la sociedad asalariada. Desde ya esto necesita de una política económica un poquito más sofisticada pero que se tornará obligación política en un país de crecimiento bajo o moderado con capacidad instalada completa. Hace ya varios años que el kirchnerismo abandonó la política de fogoneo de inversiones para centrarse exclusivamente en el consumo como motor de crecimiento; pero además, se entendió que ese consumo sólo debía (o podía) ser sostenido con incorporación constante de pesos al mercado, sin apelar a otros instrumentos que la política económica ofrece para mantener un consumo activo y diversificado que a la vez ayuda a mantener costos fijos en el mercado interno. Claro que para eso se necesita una política de recursos y gastos más ambiciosa que la que tiene el gobierno. Podríamos enumerar más “omisiones” del manejo económico gubernamental que ahora hacen creer en la inexorabilidad devaluatoria: es obvio que el sector agropecuario no se va a negar a las “virtudes” de una devalueta tan jugosa, pero el problema no era la rentabilidad, sino que siguen siendo los costos de producción, es decir, la inflación. Si cada vez que se acumulen problemas de competitividad, el Estado va a tomar la decisión política de socializar el costo en la masa asalariada y no absorberlo como institución económico-financiera, lo que se terminará devaluando es la expertise estatal en el manejo de la economía en un país pos-tasachinista.

2

En 1997, y luego de una violenta devaluación del peso mexicano, el gobierno del PRI armó un plan social de becas alimentarias y educativas para niños y jóvenes que no estudiaran ni trabajaran. El programa se llamaba Progresa, el PAN lo continuó y en 2002 lo pasó a llamar Oportunidades. Lo interesante es que hoy y después de 17 años de vigencia del programa, en México se abrió una discusión profunda sobre los alcances y modalidades del plan que se relacionan con los resultados relativos obtenidos y con las necesidades productivas y de empleo de un país que necesita crecer y crear clase media al mismo tiempo. Después de 17 años, se verificó que el perfil asistencial del programa no alcanzó para insertar productivamente a los jóvenes y que el anclaje “educativo” del programa no tenía un correlato laboral firme para los jóvenes adultos. Es decir que como programa asistencial el plan cumplía sus objetivos, pero que el problema central de esa franja etaria de la PEA era el trabajo y solo parcialmente la asistencia social. Es por eso que Peña Nieto está encarando un rediseño del plan para pasar (en el rubro jóvenes ni-ni) de un anclaje educativo a un anclaje laboral como eje operativo (de objetivos y exigencias) que permita sortear la atrofia social del programa.

En estos días Cristina anunció un plan similar al mexicano para los ni-ni de 18 a 24 que era necesario porque fija la vista en las poblaciones más problemáticas de los conurbanos del país. Una política social “guita en el bolsillo” siempre es el comienzo para atacar el problema. Sin embargo, el kirchnerismo tiene a las políticas de “guita al bolsillo” como límite de su acción social, no como “comienzo”. Un breve contacto que cualquier militante político barrial pueda tener con las poblaciones ni-ni y con quienes desde el estado y el punterismo gestionan diariamente en la zona de fuego, alcanza para comprender que el problema central de los ni-ni no es la “guita en el bolsillo” (“la guita, si la tienen que conseguir, la consiguen”) sino todo lo demás que no permite llegar con perspectivas al terreno laboral. Otro problema del plan es que mete un anclaje educativo que en la mayoría de los casos no respeta la realidad de un ni-ni de 18 años que ya está en una fase de la adultez que no está motivada ni urgida por terminar y avanzar en los estudios. Por lo tanto, quedará también para el liderazgo que arranque en 2015 revisar el anclaje del programa y dotarlo de recursos humanos que puedan controlar y trabajar en el territorio junto a los beneficiarios de las becas.

3

Al lanzar el Progresar, Cristina también ensayó un discurso político sobre coyuntura bastante inconsistente, con poca capacidad de enlazar a la coalición FPV con una instancia de nuevas representaciones como las que demanda el 2015. Es posible que Cristina haya optado (por el momento) concentrarse en su propio cierre de etapa como presidenta, lo cual implica desentenderse de cualquier herencia mínimamente ventajosa para una coalición efepeveísta que necesita construir una oferta política de mayorías que pueda ser competitiva en 2015. Esto explica por qué Scioli salió a revitalizar su campaña permanente en medio del estío, pero también explica que el espacio de representación está demasiado angostado desde la irrupción electoral de Massa, una cuestión que la propia Cristina se encargó de confirmar como preocupación personal cuando salió a pegarle a la policía municipal, y al darle centralidad política a un episodio menor sucedido en un municipio del conurbano. Que la “advertencia” del sciolismo político al FR sea hecha en función de los comportamientos de la orgánica partidaria y no de la representación a construir es la aceptación de que la fractura de la representación peronista puede tener una incidencia importante de cara al 2015, pero a la vez expresa las limitaciones de la coalición efepeveísta para adaptarse a ese escenario por fuera de lo partidario. Esa es la razón por la cual las distintas líneas municipalistas del peronismo nacional (en contraposición a algunas líneas provinciales) ya plantean cada vez más fuerte la necesidad de configurar una nueva coalición peronista; es un debate que recién empieza.

Peronista es el que gana

“El que se equivoca para atrás muere, y el que se equivoca para adelante tiene el porvenir asegurado”

          Dicho político popular mexicano, acuñado y difundido durante la institucionalización del PRI en la década del ´30.

1. Un consenso democrático que se reafirmó por la autoridad política durante la última crisis terminal que vivió el país: no se permite la injerenciamilitar en los asuntos internos de la nación. Una discusión terminada a fuerza de poder civil y con un oído puesto en el suelo de la representación. Hoy el tema es parcialmente retomado por Cristina por dos razones: la interna palaciega de inteligencia que sufre todo gobierno en declinación hegemónica, y la vandorización (permitida) de las FFSS ante una situación de angostamiento distributivo que desde el Estado cuenta con menos instrumentos políticos de intervención que hace dos años. Pero además el kirchnerismo retoma una idea sepia de la relación entre “ejército y política” que desnuda hasta qué punto ha visto carcomida su sistema de alianzas la coalición FPV en estos años: sangrías políticas, sindicales y empresariales que pretenden ser suplidas tácticamente con el endorsement a Milani y su “fidelidad partidaria”.

Estas “equivocaciones hacia el pasado” están atravesadas por una respuesta que el kirchnerismo no acierta a dar luego del revés electoral de octubre: “¿a quién queremos representar?”

2. No preocupa tanto la situación “ochentista” de la economía como una respuesta ochentista del gobierno sobre la economía. Que no haya otra cosa que una carrera entre lo que se devalúa y lo que se infla y detrás de eso solo medidas más contingentes que hacen evocar lo que muchos economistas ex kirchneristas plantean por estos días: la relación esquiva entre tiempo político y shockeo de la economía, a pesar de la expertise peronista en el manejo del Estado. Capitanich abandonó la retórica de la “etapa de complejidad relativa”, pero además existen otras inconexiones: los planteos que hizo el JGM sobre revisión de las cadenas de valor y estructuras de costos (fases de angostamiento previas al ajuste clásico vía inflación y salario) en un contexto donde las “correcciones” se están haciendo vía devaluación y ya con inercia inflacionaria alta en alimentos y bebidas, evaporan cualquier clima político para hacer aquellas “revisiones” que aparecen sobrepasadas por la economía real, porque aun cuando se hagan “bien”, ya son tardías (la estructura de costos se suele revisar “antes” de que la inflación “empiece”) si antes no se ejecutan pautas para bajar la inflación.

3. Tres consensos de la economía que implícitamente suscriben los políticos que pueden gobernar la Argentina: que hay que tomar deuda, que los dólares de corto plazo los trae la agroindustria y que el tipo de cambio tiene que sostener el mercado interno. Sin embargo, hay matices que pueden afectar el rumbo de la economía: para Scioli, el endeudamiento tiene extrema centralidad política a la hora de incorporar dólares, mientras que para Massa el eje pasa por subir la productividad de las exportaciones agroindustriales. En ese sentido, las discusiones entre producción agroindustrial y sostén del mercado interno aparecen como un problema a dilucidar en lo que queda del gobierno de Cristina y por quién sea su sucesor en 2015. Es evidente que la política del Estado hacia la agroindustria necesita de algo más que la capacidad extractiva de renta: a la falta de dólares se suma la reprimarización forzada del resto de las economías latinoamericanas, la decisión política de China de “crecer menos” por exportaciones para centrarse en el mercado interno y la recuperación fuerte de los chacareros estadounidenses con un agregado de valor altísimo en la cadena agroindustrial yanqui. En suma, un panorama complicado, donde el gobierno argentino deberá extremar el scouting de dólares con alguna propuesta más sofisticada para la agroindustria además de las retenciones si quiere que el circuito económico “derrame” sobre la industria para aliviar una asistencia estatal directa (subsidios) e indirecta (devaluación) que ya no corrige el déficit de competitividad del sector, ocasiona cada vez más problemas en la cuenta fiscal, y acelera la inflación.

4. El otro día charlaba con un comerciante del conurbano sur que me decía entre risas: “le tengo más miedo a los cortes de luz que a los saqueos”. El suelo de la representación en marcha, en un momento en el que la coalición efepeveísta refleja en la interna PJ-UyO un no-lugar de la representación como si se tratara de “nueva representación”; en todo caso, se trata de una representatividad de “lo que queda” en una instancia defensiva, una pulseada por la identidad sobreviviente hacia adentro. La construcción de neorrepresentación siempre se hace hacia afuera de la órganica partidaria y hacia adelante de la agenda.

5. La “amenaza” de Colombi de emitir cuasimonedas viene a templar la índole de la discusión política cruda de acá al 2015. Allí donde el kirchnerismo prefirió pontificar sobre “la negligencia radical” para manejar el Estado, lo que en realidad se ve es la bandera de largada en la puja sorda entre gobernadores y el PEN por la administración del costo político del ajuste ante un hecho concreto: la percepción de una inflación acelerada que ya daña levemente la unidad de cuenta a la hora de fijar precios. El anuncio de Colombi (así como la creación y aumento de tasas de los intendentes) es la forma de presionar para blanquear el origen “nacional” del problema, en condiciones progresivas de inflación que favorecen las capacidades recaudatorias de nación contra provincias y municipios. La potencial emisión de cuasimonedas contraviene esa lógica que pretende el PEN en el prorrateo del costo político: la cuasimoneda “soluciona” en el corto y mediano plazo la ecuación fiscal de las provincias y le carga a la Nación el costo inflacionario. Hay varios gobernadores que, como Colombi, ya orejean las cartas que van a jugar.

La jugada de los intendentes del FR en el conurbano transita la doble vía del blindaje territorial: por un lado anticiparon asistencia a los damnificados por los cortes de luz que empezaron hace un mes por los temporales (agua y grupos electrógenos) y desactivaron la vandorización de “sus” municipales luego del leading case policial dando una bonificación salarial que los intendentes del FPV, lamentablemente, no pudieron dar, para terminar de sellar mejor el riesgo de conflictividad en el conurbano.

6. El haiku mexicano que subtitula se fraguó en los años en que el partido político de la revolución nacional-liberal transfiguraba su nombre y su representación: los pasos que van del maximato callista al cardenismo. Pero que no terminar allí: el problema de la representación seguiría durante la década del ´40. “¿a quien queremos representar?” se preguntaron en cada hora los priístas de esos años. Cada uno pensaba que su representación era “suficiente”.

Hoy en el peronismo sucede algo similar. Hay quienes piensan que con sostener la coalición efepeveísta actual es suficiente. Otros piensan que esa coalición expresa un déficit demasiado alto de representación hacia el futuro, y que hay que articular un nuevo esquema de coalición que interprete las representaciones que vienen. Esta doble mirada atraviesa “institucionalmente” al peronismo realmente existente: la mayoría de los gobernadores adhieren a la primera opción (fruto del defensivismo fiscal, partidario, y electoral), mientras que la mayoría de los intendentes ve como necesario una discusión más profunda de las representaciones políticas que el país necesita. 

Es difícil que estas tensiones se transformen en peleas políticas en este año: todos quieren cruzar el desierto. Pero esta discusión sobre los límites de la representación ya existen: en Catamarca (Corpacci-Jalil), en Mendoza (Pérez-López Puelles), en Tucumán (Alperovich-Amaya), y especialmente en el territorio político que más importa: la Provincia de Buenos Aires.