Tradición y modernidad

Ni aun dando recitales gratuitos del Chaqueño y Los del Fuego fueron a votarlos, la política es ingrata. Docencia y democracia son antónimos. La historización de la realidad no es la víscera más sensible.

Todavía la lectura política de la PASO está anclada en lo que “le pasó” al kirchnerismo. Casi nadie analiza desde lo que “le pasó” a la gente. Hace algún tiempo dijimos desde acá que Cristina había ingresado en una espiral acelerada de subrepresentación que se relacionaba con dificultades decisionistas frente a la neoagenda parida en años no atribuibles a hegemonías anteriores al kirchnerismo. Se fue el sindicalismo, se fue la clase media despolitizada, se fueron los intendentes. La única verdad es la representación, aun esa “menos liberal” que desarrolla el peronismo en las mediaciones múltiples del segundo cordón.

Argentina tiene un sistema político sólido, con un subsistema peronista que magnetiza todas las representaciones. No existe una crisis económica terminal. En estos diez años, el FPV no se vio amenazado por ninguna correlación de fuerzas estrechada en el sistema de partidos. Por eso, lo que se ve cada vez con mayor claridad en estos dos años es que el gobierno no se está honrando a sí mismo como Partido del Orden. No está haciendo todos los deberes que esa tarea requiere. Viendo los datos electorales de los conurbanos del país (y si no hay cambios sustanciales en la elección de octubre), surge que la AUH se amortizó en un 70% con los votos del 2011. Y la pregunta lógica: si este desequilibrio del garpe no está relacionado ya con un problema irreversible de representación.

El gran pecado en el peronismo: ir a contramano de esa idiosincrasia y pedir a otros que armen un partido y ganen elecciones. Porque esa detección provendrá del propio peronismo, como hizo Massa. Y ahí radica también el dilema de Scioli: no saber con qué grado de velocidad se está gestando esa representación en la cabeza de la sociedad. Porque como sabemos, el Partido del Orden tiene un pacto tácito con la sociedad: la voluntad irrenunciable de representar a todos, aun cuando los dos sepan que ni todo ni todos pueden ser representables.

Contra la jauría humana

Los tribunales de familia son la esperanza de los pobres. La guitita de un depósito judicial que deriva de un alimentos, una guarda, o el que espera la sentencia de divorcio para gastar algún canuto en pesos en el nuevo rodado que lo haga subir un peldaño en la ascensión motomelista. La medida preliminar que hace que la cana lo pueda sacar al tipo de la casa para que la mina y la hija puedan volver a ocho días de la cagada a palo y la posterior amenaza de suicidio, la secuencia habitual del melodrama periférico (“nunca agarrés una violencia, es un quilombo y no te pagan, todo pérdida”), los que van a tramitar erradamente la AUH, la abuela política que necesita que salga la tutela porque el pibe juega al fútbol en inferiores y lo tiene que autorizar a viajar al interior en la perspectiva soñada de la salvación. Los tribunales de familia son (también) el primer mostrador del Estado.

Los tres niveles de la Administración tienen concepciones y acercamientos diferentes sobre la “democratización y acceso a la justicia”, un tema que se puso de moda en los últimos meses menos por satisfacer urgencias operativas que por las derivaciones de una agenda nacional que superponía los coletazos judiciales del litigio con Clarín con la necesidad de sostener poder a través de un formato electoral que unificara al país como distrito. De ahí salió una reforma judicial más englobada en la idea de corporación que en la facilitación del acceso a los estrados del juzgado.

Carecer de jurisdicción no obstaba al PEN a desarrollar políticas para mejorar el acceso a la justicia por la vía de convenios con la provincia y los municipios. Puntualmente y desde 2009 el gobierno nacional vino instalando los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en el territorio nacional (van 50) con la misma modalidad unilateral y compartimentada de los CIC que lanzó Desarrollo Social. Los CAJ brindan asesoramiento jurídico gratuito, pero básicamente son un centro de tramitación de las políticas públicas nacionales (AUH, SUBE, DNI, TV digital) que no están pensados para tener una vinculación operativa con el servicio de justicia y el acceso a los tribunales. La política de los CAJ no está articulada con la justicia bonaerense, ni se inserta en la política de descentralización judicial que lenta y contradictoriamente viene intentando la PBA desde hace una década. A base de convenios y financiamiento, el gobierno nacional podría haber colaborado con un plan acelerado de descentralización judicial (así como planificación federal avanzó junto a intendentes en la obra pública) que facilitara el acceso a la justicia en los fueros conflictivos (familia-menores-responsabilidad juvenil-penal) que están en la primera línea de demandas de los sectores más pobres del GBA.

En 2004 la gobernación Solá arrancó con la descentralización de unidades de gestión penal (fiscalías y defensorías) para simplificar y acelerar el proceso y facilitar el acceso a la denuncia a sectores sociales que representan el 90% del patrocinio oficial en el sistema judicial bonaerense. Además, el emplazamiento de fiscalías en los municipios permitió censar los casos y armar un mapa del delito que pudiese servir como dato duro para innovar en las políticas de seguridad pública. Existe un consenso entre los intendentes: la descentralización puso al fiscal a tiro del reclamo, gana en la disputa de confianza social frente a la policía (denuncia), y participa de la responsabilidad política que transmite el intendente. Los resultados positivos hicieron que Scioli continuara la distribución territorial de unidades de instrucción. Sin embargo, el ritmo se hizo más lento y fue ahí cuando algunos intendentes, frente a la demanda social, se pusieron al hombro los convenios ya firmados con la Procuración General provincial y empezaron a participar del financiamiento y a brindar el espacio físico para reacelerar lo que desde la Provincia se ralentaba. Los intendentes ya tenían experiencia en el tema: el reclamo por inseguridad los había involucrado en la compra de patrulleros, pago de combustible, horas extras y servicios adicionales como complemento de las obligaciones que dejaba de afrontar la gobernación. Era la alborada del bonustrackeo. Sucede que, en el mejor de los casos, los vecinos tienen al gobernador a 40 kilómetros, y al intendente a 40 cuadras.

En 2006, Felipe Solá sacó la ley 13634 que dictaba la reforma y descentralización de la justicia de familia y el fuero de responsabilidad juvenil, buscando los mismos objetivos que se alcanzaron con la justicia penal de instrucción. La ley fijaba una etapa de descentralización a cumplirse en un año desde fines del 2007, pero Scioli suspendió los plazos y no avanzó en la creación de los nuevos juzgados unipersonales de familia descentralizados. Scioli tampoco impulsó una segunda etapa de descentralización de las unidades de gestión penal que surgía como lógica, y que hoy está en el programa político de la liga de intendentes que comanda Massa: la creación de Juzgados de Garantías en los municipios (para acelerar la sustanciación del proceso y la investigación de delitos) y de fiscalías especializadas (violencia de genero y familiar, drogas).

Este cuadro de situación deficitario (que no sintoniza con el reclamo de amplias franjas del electorado bonaerense, ni con el tramo discursivo en que los políticos declaman querer democratizar el acceso a la justicia) es el que parece querer traducir en propuesta política el FR en la legislatura bonaerense.

La liga de intendentes revisita y actualiza el “gobernar es poblar” al cambio que surge de la desmesura demográfica de sus territorios. De alguna manera, la gestión produce política. Y dicen: el funcionamiento de las instituciones estatales está pensado para una ciudad (con)urbana que no existe más. Los intendentes piden que se pase del formato de cabeceras judiciales departamentales (pensado cuando los municipios eran menos poblados que las provincias) que hoy paraliza y hacina al servicio de justicia penal y de familia, a la conformación de polos judiciales por municipio que centralicen en el distrito la competencia territorial, la sustanciación completa y acelerada del proceso, permitan acercar el servicio de justicia al barrio, y le faciliten al intendente controlar la función policial.

La reforma judicial proyectada por el PEN que se mancó en el control de constitucionalidad no preveía programas de financiamiento con municipios para un avance integral en la descentralización de los órganos judiciales provinciales; hace unas semanas Cristina pareció ambiguamente pronunciarse a favor de esta política (aunque hasta ahora sin consecuencias prácticas) justamente mientras inauguraba un centro de monitoreo de seguridad en el GBA sur hecho a imagen y semejanza del COT que Massa implementó hace algunos años en su distrito, y que todos los intendentes vienen tomando como política de seguridad para sus propios municipios. Lo cierto es que ni los CAJ ni la reforma frustrada tienen que ver con un mejor acceso a la justicia allí donde ésta produce una situación conflictiva y de desprotección frente a la sociedad. Y Scioli tampoco parece tener una política clara y vigorosa que amplíe el proceso de descentralización: en este rubro el gobernador también prefiere flotar y ver qué pasa.

La liga de intendentes piensa la política judicial desde el lugar de los hechos. Para la clase de políticos que está fuera del mercado de la gobernabilidad y que por lo tanto no está obligada a fidelizar con el electorado, estas propuestas empiristas podrían ser el síntoma de otro paso en la decadencia del sistema político. No es así, pero en cualquier caso esa no es una discusión que le interese mucho a la sociedad ni a los gobernantes consustanciados con la producción de representaciones. Y está claro que frente al funcionamiento de la justicia hay miradas políticas diferentes entre Cristina, Scioli y Massa.

La nación privilegió una mirada abstracta de la justicia como “corporación” y ni ese abordaje ni la creación de los CAJ tuvieron resultados prácticos sobre la situación del acceso a la justicia. La provincia frenó la descentralización. Y los intendentes consideran que la lógica de una reforma empieza por el acercamiento operativo a los sectores que tienen más complicado el acceso regular a la denuncia, ya sea por razones materiales, económicas o por desconfianza hacia la institución policial. De alguna manera, la gestión produce política.

FPV vs. FR

El consenso unió a las minorías intensas: quieren que Massa hable. Quizás porque se vean urgidas a abastecer a ese ¿15%? del electorado nacional que justifica la existencia del periodismo político y sus derivados gráficos y digitales. Porcentaje calificado que disminuye dramáticamente en el electorado bonaerense. Y parece ser que Massa disfruta de ese síntoma ajeno, el otro día anduvo por San Miguel y gastó a los periodistas políticos “que se disgustan” porque no arma actos de campaña.

Mientras Cristina intenta nacionalizar la elección, Massa la provincializa, la municipaliza, la minimaliza, la lleva a la esquina árida del Estado donde el discurso cede al cuerpo a cuerpo de la gestión y su prosa de la ética de la responsabilidad ampliada. Pero puede haber una percepción errada, ¿Massa habla o no habla?

Digamos que desempolva una vieja tradición peronista: habla por otros. Quizás los que creen que la política empezó el 25 de mayo de 2003 no estén habituados a esta práctica: hablar a través de otros para poder decir uno mismo lo imprescindible en cada tiempo político. Porque quizá como pocas veces durante la década kirchnerista, sea esta etapa cristinista la que mejor exprese el malgasto de la palabra política, una barroquización berreta del discurso que inclusive impacta negativamente en parte de esa audiencia del 15% tan apegada a la anormalidad del consumo político.

La administración dosificada del discurso es insoportable para los que viven del business del país dividido. Llamativamente algunos candidatos del FPV compraron esos argumentos minoritarios para afrontar la disputa electoral con Massa, ahondando una presunción que ya se empezaba a evaluar dentro del peronismo bonaerense: que el problema político del kirchnerismo comenzaba a residir en lugares más concretos que el de la batalla cultural. El pase de Giustozzi al FR (el tipo más votado de la Tercera) no puede leerse de otro modo.

La disputa FPV-FR expresa la clausura de una gran esperanza militante que la Renovación fomentó a través de mecanismos operativos: la posibilidad de que el PJ defina sus candidaturas en internas. Las PASO (como se desplegó en la práctica la relación partidos-candidatos-electorado) terminan por desalentar la competencia interna, pese a que se dijo concebirlas con el fin opuesto.

Pero además la conformación de las listas del FPV y FR son la marca de agua de situaciones políticas que exceden la coyuntura electoral: ante la lista territorial del FR, Cristina se vio obligada a adoptar un perfil “reductor de daños” de las candidaturas para equilibrar el piso de electorabilidad desde el cual se parte hacia la elección. Pero ese avance relativo de la territorialidad en las listas del FPV transita una tensión sorda: la que existe entre la idiosincrasia política de los intendentes y la de la conducción nacional. La decisión de la liga de intendentes del FR es construir poder y política desde la propia singularidad que representan, e irradiarlo a todo el peronismo realmente existente; puede salir bien o mal, pero lo que deja a la vista la disputa electoral bonaerense es que cualquier construcción de poder territorial solo puede crecer por fuera de esa tensión para lograr expresar además de un proyecto de poder, una visión de la política y la gestión que tiene pretensiones de nacionalizarse.

Aquella tensión se ve cuando los candidatos del FPV apelan a la debilidad discursiva de “leales y traidores” para leer la coyuntura electoral. Por lo tanto, es posible que un triunfo del FPV en la PBA haga fluctuar en favor de la conducción nacional el peso ganado por los territoriales en las listas (Cristina no pasa por el tamiz electoral y tendrá más margen para capitalizar un triunfo, y podrá volver a sellar las listas en el 2015 porque cualquiera sea el escenario con el que se llegue, esa táctica es la que más le conviene). Ese riesgo de fluctuación corrosiva es el que hace que algunos intendentes del FPV sean testimoniales de la boleta distrital para defenderse de la tensión. Sin embargo, la postulación de Massa como dato superficial del armado de la liga de intendentes (cuyo germen es el grupo de los ocho que fomentó NK para armar un kirchnerismo crítico que oxigenara y mantuviera unido al peronismo bonaerense) contribuye a sostener la tensión en el efepeveísmo y deja el proceso abierto con rumbo al 2015.

La estrategia electoral de Massa (que tanto mortifica a las minorías intensas de todo pelaje) parece trabajar en tres tiempos: uno posado en las PASO, otro en octubre y un tercero que prescinde de la situación electoral para poner el ojo en el trayecto a 2015 (porque la liga de intendentes, mientras tanto, tiene que gobernar). Esta pluralidad de intereses es lo que diferencia al FR de una candidatura opositora clásica como las de FDN y MS sin anclaje territorial y gubernamental. Pero Massa también causa dificultades en el FPV al abrir la brecha de tensión que antes describimos.

Para Massa, la coyuntura electoral tiene una motivación instrumental: necesita “pasar” por los votos para sentarse a la mesa de los que discuten la sucesión peronista en 2015. Una cuestión que a varios gobernadores les resolvió la lógica del sistema electoral en 2011, pero que un intendente, por más poder de fuego distrital que tenga debe refrendar en el turno electoral en el que la provincia se conforma como distrito único a tales fines. En cualquier caso, Massa saldrá de la elección con un volumen de votos propios bonaerenses que le permitirán tener: 1) capacidad de veto y 2) capacidad de imposición, en la UFC sucesoria. Del lado del FPV el prorrateo de costos-beneficios parece más difuso: es muy difícil que Insaurralde (y por lo tanto, el bloque de intendentes) pueda acaparar los votos bonaerenses como propios, a causa de la tensión sorda que marca la dinámica interna del kirchnerismo.

La conformación política del FR también está pensada en “tiempos”: Massa parece conocer profundamente al peronismo y su 30-35% consolidado bonaerense. Como dice muy bien el patriarca Manuel Barge, la base expansiva de Massa (hoy) está en el diferencial FPV que va desde el 32% que sacó NK en 2009 hasta el 56% que obtuvo CFK en 2011. Massa trabaja desde esa base para abrir el abanico, y la formación político-electoral que hay que presentar para esta etapa es una transversalidad con eje peronista que fidelice eficazmente con el electorado. Tanto en 1985 como en 2005 las formaciones peronistas (FREJUDEPA y FPV) que desafiaron al PJPBA para litigar en la interna general instrumentaron el formato peronismo blanco + transversalidad para operar el traspaso del “aparato” justicialista; el problema llegó cuando tanto el cafierismo como el kirchnerismo pensaron que el elemento transversal además de eficacia electoral, tenía eficacia gubernativa. Ganar elecciones es una cosa, gobernar otra muy distinta.

En el caso de Massa, el anclaje territorial del FR (intendentes preexistentes a la herramienta electoral) es un rasgo distintivo que no existió en la experiencia efepeveista (un avatar fundado por un gobernador de provincia feudal cuando llegó a la instancia nacional del poder, una construcción política de arriba hacia abajo) y que puede reestructurar las relaciones políticas dentro del peronismo, o por lo menos hacerlas embrionariamente novedosas.

En este aspecto la neotransversalidad que desarrolla Massa no descansa en política ideológica (y sabemos que esto es un drama para los minoristas intensos y para los kirchneristas lúcidos porteños que tienen en tan buena estima a las “definiciones”) sino en política gubernamental: se forja en la asociación de intendentes, y lo que esté por arriba de eso es la espuma. Sobre esa base, Massa ha transformado y subordinado al PRO bonaerense en una línea interna de su dispositivo electoral transversal, lo mismo hizo con un sector de la UCR, y por que no decirlo, del FPV.

Quizás donde mejor se refleje esa neotransversalidad espumante del FR sea en la conformación del nuevo bloque massista en el Senado bonaerense: 2 vienen de la UCR, 4 de Unión-PRO, y 5 del FPV.

1985

Te piden que les digas cuánto pagan por la recolección de basura y cuántos empleados tiene la planta municipal, y te dicen al toque si es buen intendente o no. Así mensuran los intendentes más votados de la PBA al resto de sus colegas. Te piden esos dos números que destruyen ideologías, humo, sobresaturación de épicas, y listo. Conocen con obsesividad todos los surcos de la gestión. Tienen un hijo político que los diferencia del resto de los intendentes: el bonustrackeo de gestión. Sienten orgullo de que Cristina y Scioli no les manden todos los fondos coparticipables que les corresponden, ellos no reclaman y apelan a la creatividad, se las arreglan solos, bonustrackean más, pulen la piedra de la gestión, ganan elecciones distritales, y como a nadie le deben nada, ponen un ladrillo sobre otro y la pared de la electorabilidad crece.

Pero además, los intendentes más votados de la PBA, llevados por la pulsión electoralista, saben de política, saben que hay que hacer con la economía de un país; no están confinados al defensivismo perenne del alumbrado, barrido, limpieza y desactivación social. Sucede que el equilibrio entre poder y política no les permite vociferar demasiadas sinuosidades discursivas: están demasiado comprometidos con el electorado. Los intendentes más votados de la PBA tienen a Levitsky en la biblioteca, pero hoy leen a otros autores.

El pase de aparato del duhaldismo al kirchnerismo en 2005 expresó una primera variación de la lógica territorial del peronismo bonaerense: la dinámica del crecimiento económico tasachinista empezó a tirar derrame hacia las partidas presupuestarias de los distritos, y a ese mismo ritmo empezaron a llegar las demandas sociales diversificadas a los oídos de los intendentes. Eran demandas combinadas, porque siempre estuvo latente la previsión defensivista ante la conflictividad social, pero se empezaron a sumar reclamos concretos: seguridad pública, mejores servicios de educación y salud, transporte. Reclamos que estaban fuera de la orbita defensivista clásica que afrontaba el “barón” en la década del ´90 y hasta el crack dosmilunista.

En 2007 llega una camada de intendentes (la mayoría de ellos bajo el sello FPV-PJ) que elabora una lectura política de esa nueva coyuntura de demandas más complejas: una lectura que acompaña el proceso kirchnerista a nivel nacional, pero que tiene una dinámica propia a la hora de pensar la política y la gestión. Ahí se produce una segunda variación que consolida la lógica territorial peronista que se abre en la provincia: esos intendentes ven que deben maximizar su capacidad de gestión e intervención estatal para afrontar la cada vez mas amplia matriz diversificada de demandas, e incorporan, por primera vez en la política municipal, el concepto de electorabilidad que surge en el peronismo con la Renovación. La gestión y la política pasan a ser pensadas en función no de sostener poder, sino de construirlo. Ahí radica una de las diferencias con los “barones”: los “nuevos intendentes” quieren que el “costo” del defensivismo y la demanda social diversificada se amortice con la construcción de electorabilidad, es decir poder político efectivo propio, no cedido a las conducciones nacionales y provinciales.

La reelección de estos intendentes en 2011 con apoyos superiores al 60% del electorado es la tercera variación consolidada de esa nueva lógica política del peronismo bonaerense: se arma el combo electorabilidad + territorialidad sobre la base del bonustrackeo de gestión (el bonustrackeo es la ampliación creciente de servicios municipales para resolver problemas que las orbitas nacional y provincial no resuelven: seguridad, educación, infraestructura, creación de parques industriales para sostener empleo y mejorar la tributación). La elección de 2013 se presenta como la cuarta variación de ese proceso territorial llevado adelante por los intendentes más votados de la PBA: los dos mejores intendentes del conurbano (en votos y gestión) encabezan la boleta nacional de diputados del Frente Renovador.

Pero este proceso (como todo en política) tiene nombres propios que hacen el camino, esto no sucede en un libro de ciencia política que describe impersonalmente, y tiene uno en particular que sintetiza: Sergio Massa. El tigrense fue quien desarrolló esta lógica de política y gestión mucho antes que el resto de los intendentes, y a la que ahora le da orden y unidad política al armar una “liga de intendentes” que se constituye en la base político-territorial de la herramienta electoral Frente Renovador (FR).

Es la presentación de Massa (y no otra cosa) lo que obliga al FPV a ceder lista a sus territoriales para tratar de empardar el combo electorabilidad-territorialidad que sirve a la mesa el FR. Massa, al elevar la disputa territorial a la trama nacional (porque la electorabilidad es una pared que crece) consciente y tácitamente le sube el precio a los intendentes del FPV y disminuye el peso relativo de Cristina y Scioli, en una jugada que sobrepasa inclusive la coyuntura electoral.

La candidatura de Massa también puede modificar la lógica del voto en la PBA, porque al traccionar la boleta “por arriba” y “por abajo” puede reducir un hipotético corte de boleta en su contra y ahondarlo en la boleta del FPV. Y en la Tercera, Darío Giustozzi tiene una figura muy expansiva en distritos adicionales al suyo como Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, y otros dos muy flojamente gestionados pese al tasachinismo presupuestario: Quilmes y Lanús. Una influencia similar a la de Massa en los distritos de la Primera, como se verificó en la elección de 2011.

Massa no limitó su armado a la PBA. Hace tiempo viene desarrollando bilaterales con intendentes de otras provincias como parte de esa lectura política común que comparten en ese nivel de la gestión publica. Por lo tanto, la candidatura de Massa también expresa la visibilidad nacional de un reacomodamiento del peronismo que se produce a la luz de la conducción kirchnerista de los recursos nacionales sobre el telón de fondo del 70-30 de la coparticipación, la acumulación de leyes “transitorias” sobre facultades recaudatorias y los pactos fiscales preexistentes: una situación deficitaria que resolvieron mejor los intendentes que los gobernadores, y que ahora empieza a tener traducción política.

Si en los ´80 el peronismo ungió una liga de gobernadores para destrabar el problema del liderazgo y la representación, el armado electoral massista revela la aparición de una liga de intendentes que busca proyectarse haciendo pesar sus “ventajas comparativas” en el complejo cuadro fiscal de la nación, frente a otras instancias regionales del peronismo.

Massa y su liga de intendentes dicen: para tener soberanía política necesitás independencia económica. Pero en tu gobierno. Es decir: la electorabilidad, el poder político, se construye en la gestión hacia fuera (servicios públicos de calidad) y hacia adentro (superávit fiscal y ampliación de recursos propios). La ecuación de gobernanza (el ratio de calidad entre demografía-recursos-gastos-territorio-servicios) pone a la liga de intendentes por encima de los gobernadores frente al gobierno nacional en la disputa de poder peronista.

La lista plural que eligió Massa para la parte nacional de la boleta está hecha con una certeza: que la boleta la tracciona él y que los que van del 3º para abajo son los nombres necesarios para adaptarse a una coyuntura táctica (se privilegia una parte del barrido en abanico típico del catch all), pero donde los capítulos más interesantes se vislumbran más allá de esta elección. Los territoriales aparecen fuerte en las seccionales y distritales (el mix peronistas del conurbano-radicales del interior).

El modelo argentino

Un poco que el líquido podrido que drena ahora de la economía se ensayaba en el recatado cónclave palaciego que sostenían en el 2004 Lavagna y otros ramajes del equipo económico pero todavía no directamente con Kirchner, en ese primer año y medio Kirchner aplicó un inteligente laissez faire, no se metía mucho, se dedicaba a administrar mayores dosis a la política, pero por debajo del siga-siga económico fluía encapsulada la discusión técnica de los sultanes del ritmo: ritmo del porcentaje paritario, ritmo de la inflación, ritmo exportador, ritmo de inversión.

La intervención del Estado es (también) manejar ritmos. La pileta vacía, la torta del crecimiento recostada sobre el mercado interno, lo usual, lo que sabemos todos, lo que correspondía, ese consenso lamolinista sobre el rumbo económico, pero que en las fisuras de ese debate tecnocrático que transcurría en oficinas oscurecidas y de espaldas a la alborada nestorista, mostraba algunos elementos que sirven para discutir el rumbo de la macroeconomía actual.

El estado puede decidir, ahora que la pileta está llena y surgen los desajustes progresivos que pegan cada vez  más sobre la economía real, cómo se va a definir el crecimiento sobre la triple base del consumo, las exportaciones y la inversión. Cuánto se va a cargar sobre cada una de estas tres patas. Otra decisión tiene que ver con que la sustentabilidad del ritmo de extracción de renta necesita de la responsabilidad estatal para construir más mercado, más sector privado de la economía.

Mas allá de lo que se define desde el gobierno como un programa con metas de crecimiento (por oposición a las metas de inflación), no hay una tendencia a plantear políticas económicas que no estén siempre vinculadas  al enamoramiento “del modelo”, y por lo tanto, al pasado. Solo algunos sectores del peronismo (preocupados por generar políticas de ruptura con continuidad, pero no al revés) están pensando en un programa económico para un país de crecimiento moderado o bajo.

Crecimiento moderado de la economía sin escenario de crisis terminal es una coyuntura que reclama ciertas cosas al sistema político, más centralmente al subsistema peronista que entabló las relaciones cualitativas entre política y Estado en las últimas dos décadas. Sea o no ordenada la sucesión del 2015, para el peronismo surge la necesidad de reestablecer mayor eficacia institucional al sistema de partidos para aceitar la relación entre política y acción estatal en el marco de una economía moderada.

Al partido del orden le va a ser reclamado un mejor manejo de las tensiones entre política y poder que tiene origen oblicuo en el achatamiento de la economía, según lo que empiezan a pensar algunos sectores militantes y dirigenciales peronistas que ya ven la cuestión institucional como algo no sólo formal, sino con un grosor político que define parte del consenso social posterior a 2015.

Lo que muchos militantes y dirigentes dicen, haciendo ya un revisionismo práctico del modo en que se administró la tensión poder-política en los “segundos tramos” del menemismo y kirchnerismo: pasar a un mandato presidencial de 6  años sin reelección para resolver la sucesión. La decisión del gobernador Peralta de eliminar la reelección indefinida en su provincia (para traccionar legitimidad política hacia afuera y hacia adentro) parece expresar esa misma necesidad política que muchos peronismos provinciales comienzan a considerar.

A diferencia de la Renovación Peronista que reorganizó para construir electorabilidad, el tratamiento institucional que necesita el subsistema peronista se orienta a lograr que el partido de gobierno haga funcionar mejor al Estado en relación con una economía de bajo crecimiento. La expansión de funciones estatales en los municipios del conurbano y la aparición de una camada de intendentes en 2007 con alta electorabilidad que modificó parcialmente la relación con la militancia territorial y de ésta con la población, son fenómenos en curso que también se relacionan con esta nueva agenda institucional para los subsistemas peronistas nacional y provinciales, en función de coordinar la acción política y la acción estatal con la nueva realidad económica. El objetivo de fondo: poder construir movilidad social ascendente en una economía a la baja.

Cuando se trata de hacer paralelismos entre países y entre partidos políticos de la región (un business habitual del curro politológico), la moda instaurada por la minoría emokirchnerista es edulcorar el análisis asimilando al kirchnerismo con el PSUV, cuando por idiosincrasia histórico-político-operativa la única comparación verosímil es la del Partido Justicialista con el PRI (lamento amargar a believers y emocionales, pero es así). Argentina y México comparten sociedades que no abonan a la teoría del país dividido, y por esa razón (además de muchas otras) tanto el PJ como el PRI tienen que asumir compromisos institucionales mayores por causas de supervivencia política. Es interesante por eso ver la relación que asume el PRI con el sistema político mexicano después de estar en la lona durante 14 años.

El PRI apalancó una renovación generacional con perfil de gestión pero los viejos cuadros no fueron echados del ámbito de decisión sino pasados detrás del biombo para conformar un grupo de consigliori, considerando que los políticos old school compensan aportando más densidad política a las decisiones de gestión, mejorando el balance entre política y poder.

Con la llegada de Peña Nieto al poder, el PRI impulsó el Pacto por México, un acuerdo programático de gestión junto con el PRD y el PAN al que se agregaron otros partidos políticos; entre los puntos del acuerdo, está la institucionalización constitucional del Pacto de modo opcional, lo que permitiría al presidente armar coaliciones programáticas de gestión, es decir, abrir el juego.

Además, Peña Nieto será el primer presidente priista que va  incidir en el manejo del partido (algo que el PJ ya había resuelto con Menem) para intensificar el margen de gobernabilidad mientras el PRI esté en el poder; nuevamente un delicado equilibrio para dosificar política y poder con acción de estado.

La agenda del Pacto tiene ejes centrales: una reforma educativa que se centra en la calidad docente (un tema que la Argentina también tiene que enfrentar, más allá del 6% de PBI que hoy se pone), el ingreso de la inversión privada a PEMEX para recuperar la caída de producción, una regulación de las telecomunicaciones (que abarca a los medios, pero también y fundamentalmente al mercado de telefonía móvil).

La stamina del acuerdo será también una prueba para testear si hay más política que poder: la previsión de la dirigencia mexicana es darle velocidad a las políticas concertadas. Un dato: la economía mexicana ha tenido un crecimiento a la baja en la última década. Como parte de los antibióticos que toma el PRI para soldar consenso político, Peña Nieto adoptó el discurso anticorrupción para subir la vara y encanó a La Maestra para allanar el apoyo social a la reforma educativa.

Pero al mismo tiempo que se adapta a la nueva década, el PRI sostiene su tradición nacionalista, forjada a través de la épica del cine y la telenovela; la constante revisión de lo nacional mexicano nunca transitó por los libros y la academia, sino por la representación audiovisual. La historia política de México se arma en el cine de consumo masivo de la década del ´40 con las películas de Emilio “Indio” Fernández, y con el star system femenino: Dolores del Río, María Félix, Silvia Pinal. Con la caída en desgracia del cine, la telenovela unge sucesivamente a Verónica Castro, Thalía, Lucero. En esa lista de heroínas blancas que actúan la pobreza y el sueño prometido de la movilidad social ascendente está también Angélica Rivera, que se consagró con La Dueña en la década noventista, y hoy es la primera dama mexicana, la mujer de la acción social y de Peña Nieto.

Pero no nos enamoremos de los ejemplos. Argentina tiene su propia agenda: la que en el 2015 (¿o en el 2013?) va a pedir que el partido del orden cumpla en diversos frentes que hoy parecen paralizados, o al menos demorados. Le va a pedir un mejor Estado (no más, mejor), planificación para poder cualificar Justicia Social en una economía moderada, porque por suerte Argentina no vive una crisis económica terminal, ni es un país dividido.

Me dijeron que, si hacemos una retrospectiva de los discursos de Cristina desde 2007 hasta acá,  salta que “movilidad social ascendente” se redujo en la constelación oral presidencial. Pero como a los que votan no les interesa el lenguaje, no perdí el tiempo en chequearlo. Lo que sí noté es que cuando Cristina fue a hablar a la asamblea legislativa, habló menos de su año de gestión macroeconómica que de los datos que están en el bronce de los años dorados (y lejanos) de la pax kirchnerista.

Entre las fraguas del poder que soldaron al Partido del Orden está el control de la economía. Menem y Kirchner, de distintas formas, controlaron la economía. Controlar la economía significa establecer un período más o menos largo de estabilidad económica. Básicamente esto es lo que la gente vota: tener una economía tranquila y que no le rompan las pelotas.

Si los atenuantes que tuvieron esas dos hegemonías económicas en sus fallas eran haberse construido como salida de una crisis terminal (1989 y 2001), el período presidencial que se inicia en 2011, y que coincide con el final operativo macroeconómico de lo que tejieron Duhalde-Lavagna-Kirchner en 2002-2003, no parte (por suerte) desde un desfonde económico ni de una crisis. Tampoco hay una crisis política ni inestabilidad en el sistema de partidos. El gobierno mantiene una alianza táctica y más bien formal con los grupos industriales (la internita UIA-Madanes) que monopolizan ese sector de la actividad que parece basada más en “sostener” lo sostenible que en armar políticas hacia adelante, y con los otros sectores de la economía se aplica un piloto automático cuyo trazo grueso es cubrir con el dólar sojero la brecha energética, y que en el trazo fino debiera encontrar las políticas macroeconómicas que permitan definir que otro dólar (además del agrícola) puede entrar a la economía argentina. Así como no hay una relación tensa con los sectores económicos, la conflictividad social no espiraliza su espuma a pesar del deterioro del poder adquisitivo y del crecimiento del % de empleo en negro dentro del mercado laboral. El gobierno no tiene “amenazas fácticas” que obstruyan su capacidad de decidir políticas macroeconómicas.

A pesar de este escenario manso, se percibe que socialmente hay una incipiente preocupación sobre el control de la economía, ese mandato madre que le entrega la sociedad al Partido del Orden. Una incertidumbre que, es justo decirlo, se percibe en la Argentina y no en el resto de los países de la región. Todos los gobiernos latinoamericanos pasan ahora por el desafío de “cómo seguir” una vez llenada la capacidad instalada y repartida la guita que se podía repartir: es un camino que se puede transitar mejor con dólares y con poca inflación. Quizás por eso la obsesión íntima de Lula (un tipo de quien no se puede decir que no quiera repartirla) con la inflación, yo quiero que me expliquen por qué el presidente obrero distribuía la guita recién después de que la macro le metía un cepo a la inflación. Quizás porque todos sabemos (todos, desde el 2003) que había que transitar esta parte inhóspita del camino con ciertas provisiones, porque la responsabilidad política siempre recae sobre el que gobierna y quiere seguir gobernando.

El fin del crecimiento tasachinista que llenó la capacidad instalada realmente existente (la que dejó Menem) preanunciaba la pregunta por ese nuevo ciclo de relaciones entre el Estado y  una economía de crecimiento moderado. ¿Cómo se desarrolla el “control de la economía” en esta etapa? La asignatura pendiente del Partido del Orden: meter movilidad social ascendente en una economía que crezca al 3, al 4, al 5 o al 6%. Porque los que votan lo hacen hacia adelante, sabiendo que no estamos en una crisis terminal y que no hay atenuantes para tolerar la corrosión inflacionaria. El electorado pide que la estabilidad económica expanda su calidad, y el Estado debe adaptar su macro (es decir, el conocimiento que tiene del mercado) a esas necesidades.

La política macroeconómica cristinista es básicamente defensivista, y el resultado concreto (que permea detrás del “problema del dólar”) es una caída bastante acelerada del valor del peso en el marco de la economía real. Esa desvalorización de la moneda nacional por un aumento poco discriminado de la presión fiscal y el goteo devaluatorio es un dato duro que choca contra la discursividad docente de los economistas cristinistas que piden una “cultura del peso”; durante los años de NK la gente se fue al peso sin drama y sin docencia gubernamental. Esa “cultura” se forja con macroeconomía, no con libros.

El gobierno tiene también una mirada un poco conceptualista de la economía, y de la relación del Estado con ella: la intervención estatal se mide menos por la influencia que por la presencia física o de volumen en el terreno económico. La linealidad bucólica de un Feletti que te dice que la inversión privada está garantizada porque tenés un representante del Estado sentado en cada directorio.

Pero el rol del Estado y su poder de fuego en esta etapa no está dado por la cantidad de empresas que estatiza, por la cantidad de Repro que distribuye o por volver a ser el campeón del capitalismo asistido, sino por cuánto impone e incide a través del control de sus variables macroeconómicas. Cuánto conoce de si mismo y del mercado. Todo lo otro viene después, porque se necesitan dólares. Como diría James Carville: es el control de la economía, estúpido.

El huésped maldito del país burgués

No es con los que se amuchan en el palacio de cristal de la semiología con quienes haya que charlar sobre los haces de temperatura que vomitó en estos días el verano violento. Acaso porque no tengan nada para decir, acaso porque ya no tengan opción para decidir entre el palacio y la calle, acaso porque ya la calle queda demasiado lejos, lo cierto es que no los vamos a ir a molestar, ni les vamos a ir a preguntar que opinan, como mucho observaremos como trafican con el lenguaje (una actividad menor) en el mapa de los eufemismos (pero el mapa no es el territorio), y nos reiremos.

¿Cómo se enfrenta el Estado a los días the wire de nuestras vidas? En el caso del peronismo, está pregunta está cargada de mayor densidad: representa al Partido del Orden desde 1989, obligación histórica que le requiere una constante transformación de la acción política para responder a las nuevas circunstancias sociales: la vocación de poder empuja la construcción de la agenda política sobre la base del escaneo social. La verdad veintiuno de la política que nunca cesa. Cuando Cristina dijo que la seguridad pública es un problema de las provincias no hizo ninguna definición política, sino una descripción juridicista de algo que sabemos todos, pero que no termina de enlazar con los problemas concretos que surgen de las modalidades que adquiere el delito y de la situación actual (salarial, logística) de las fuerzas de seguridad. Pero hay otro problema que también se relaciona con las provincias: la progresión de los saldos de la recaudación coparticipable, que a esta altura son 70%-30% a favor del Estado nacional, y que no tienen un correlato con las políticas de seguridad y de asistencia social que brinda esa instancia estatal. Este tema comienza a ser puesto en la agenda por algunos gobernadores e intendentes que tienen la responsabilidad política de prestar esos servicios ante sus respectivas poblaciones de manera cotidiana, catalizando humores y malestares sociales que no pueden esperar el acuerdo político para una ley de coparticipación federal, y que tienen que afrontar los reclamos sociales con esa brecha recaudatoria sobre la cabeza, y que no ha sido compensada con una planificación de servicios adicionales y eficaces de parte del gobierno nacional. Hace un año Cristina anunció una sintonía fina que parecía arrancar (sensatamente) por el desmonte de subsidios a sectores que podían tranquilamente absorber un aumento; finalmente, se desechó ese camino y se optó por un recorte más clásico: aumentar la presión fiscal sobre la clase media (asalariados calificados, cuentapropistas) y restringir las transferencias a las provincias. Se acelera así la perdida de poder adquistivo de sectores sociales que están en la zona gris del progreso económico, donde la recomposición de la paritaria llega a “cubrir” la inflación, pero ya no a adelantarse a ella. De allí surgen también los problemas en torno a la suspensión o continuidad de los planes de promoción industrial en las provincias chicas.

Genealogía del saqueo. Seguramente los habitantes del palacio de cristal estarán leyendo algún pdf de Javier Auyero que los esclarezca, en esa ansiedad docente por tener la posta. La necesidad de contar con “argumentos”, con algún link salvador para tirarle a algún otro morador del palacio, dicen que hay canilla libre de ansiolíticos en el palacio, me dicen pero a mí no me importa, no los queremos molestar.

El peronismo es como Riquelme. Hay que mimarlo. No conozco ningún presidente peronista que no le haya dedicado algunas horas diarias a esa tarea kinesiológica, por teléfono o recibiendo en Olivos, o en oficinas de puerto madero. Porque puede pasar que, como Román, el peronismo no la toque en noventa minutos, que tenga partidos malos, pero en los partidos importantes aparece y te hace la diferencia, trayendo votos o como ayer, haciendo la contención social. ¿Una bonificación de guita navideña a los planes hubiera ayudado a controlar daños? Salvo que pensemos que el país está mejor de lo que creemos, sí, hubiera ayudado. Se hizo otros años, este no.

Genealogía del saqueo: en un saqueo aprovechan todos. Establecer una moral del saqueo es inconducente, no sirve, no trae soluciones. El saqueo es un crisol del mercurio de muchos termómetros sociales (delincuentes comunes, banditas de pibechorros que no laburar ni estudian, bandas del narcotráfico, grupitos políticos, y gente común que no se caga “literalmente” de hambre pero la pasa mal) enancado en un núcleo duro de pobreza y marginalidad que está ahí y que no se va a ir solamente porque le pongas plata en el bolsillo, y más si esa plata se desvaloriza un poco cada año que pasa. Pero hay otro plano del saqueo que tiene que ver con lo institucional, con la respuesta inmediata del Estado ante el desorden, la responsabilidad política del gobernante de tranquilizar a las mayorías, de garantizar la paz social, de ejercer como Partido del Orden la autoridad política que relegitima todos los días a cualquier gobierno democrático. Y ahí falló el gobierno nacional cuando se dedicó a construir una bestia negra que absorbiera todos los pecados, ay la sobrepolitización, y  no a agilizar la tarea de las fuerzas de seguridad y a dar los mensajes a la mayoría silenciosa.

Ese mensaje árido, sin lustre, que no dio el gobierno ni provino de la voz presidencial en la reclusión calafateña; ni dio el gobernador de Río Negro en su provincia,  lo terminaron dando Scioli y Massa. Ambos evitaron jugar a los dardos contra la bestia negra y mandaron los simples pero tan necesarios mensajes de tranquilidad, de autoridad política que todos los votantes quieren ver en los tipos que votan. Porque cuando las papas queman, la política no necesita de la historia política, de la docencia, ni de informes de la side: con un esfuerzo de practicidad y sentido común, con intervención del Estado, alcanza un poco más.