martes, 10 de diciembre de 2013

Hay unos tipos abajo


Lo que quedó pactado desde 1989 por “la política” del orden democrático fue que “los saqueos” eran sucesos con “doble fondo” interpretativo: lo social y lo penal. Las dos cosas al mismo tiempo. Una cuestión de orden público que necesitaba matizarse con manejo político para inaugurar con solidez la etapa de praxis pura y dura del partido del orden, a cargo del peronismo menemista. Es obvio que las condiciones de ese balance estuvieron en cada caso definidas por el contexto que se atravesaba y de ahí salen las variaciones que existieron entre Menem, DLR, Duhalde y NK. Se supone que el peronismo manejó “mejor” ese balance político entre lo social y lo penal del “hecho” a lo largo de estos treinta años de democracia; por los menos así lo dicen tendencialmente las sucesivas amortizaciones electorales.

Después de administrar el derrame durante ocho años con alzada económica como respaldo, el gobierno tiene que “volver” a combinar fases de angostamiento para producir fases de derrame. O sea tiene que “volver” a hacer algo que nunca hizo, algo para lo cual no reservó una gestualidad política, algo que no estuvo en la “diaria” gubernamental desde que Kirchner decidió pisar el acelerador de crecimiento-consumo en todo tiempo y espacio de su hegemonía. El voto ya ha amortizado esa decisión política de NK, y hace por lo menos dos años que el escenario es otro, como lo acaba de refrendar la jornada electoral de medio termino.

Otro acuerdo “político” que deja el ´89 es que “el saqueo” es una cuestión federal, más por necesidades hegemónicas del partido del orden que por un cálculo partidista de la mesa de arena. Puede haber contenciones parciales municipales o provinciales, pero la resolución política de esta clase de conflictos (social-penal) le corresponde siempre al gobierno federal. No figura en ninguna ley, no está kelsenizado por el orden jurídico: se trata de un consenso político fraguado entre la clase dirigente y la sociedad votante al calor de todos estos años democráticos. El reconocimiento quirúrgico de esa faz política es la diferencia entre quienes ejercen la representación del partido del orden y quienes no.

Por eso llama la atención que el amparo en “lo procedimental” de la ley de seguridad interior haya sobrepasado lo meramente discursivo y que el gobierno nacional lo usara como praxis para no intervenir en Córdoba. En un tuit tempranero narramos la falla política de Capitanich: haber entrado a escena en tiempo y forma permitía dictar el ritmo político de la canalización del conflicto y de la pauta paritaria, además de llenar el vacío dejado por DLS. Esto no sucedió por varias razones: la tensión sorda que pende sobre el abanico decisorio del JGM, porque prevalece la lectura palaciega de la política, porque no se comprende que ante una situación de saqueo lo que primero que valora la sociedad es quién se hace cargo de cerrar conflictividad, y no otra cosa.

La vandorización de las FFSS es un “nuevo problema” que le pone la vara más alta al formato operativo del partido del orden, porque a diferencia de las FFAA, las FFSS no pueden “eliminarse” de la vida civil de una nación: por muy combativo y adolescente que sea, el “filotumberismo” no camina en el lenguaje estatal. Por lo tanto, la anticipación política de la clase dirigente necesita ser más vasta: el saqueo es un hecho social-penal en el que si la autoridad política se inclina demasiado por uno u otro aspecto, deja desguarnecida su condición innegociable de partido del orden. Hoy el kirchnerismo tiene problemas crecientes para detectar ese balance político, y gestar una toma de decisiones que no lo disminuya como partido del orden.

Pero hay otro aspecto del vandorismo policial que se yergue sobre “los nuevos problemas” que deja el kirchnerismo como administrador del derrame: una redistribución “no remunerativa” del ingreso que en ese mecanismo establecía sus propias limitaciones a futuro. La llegada de la inflación no solo deterioró el poder adquisitivo, sino que ahondó en la mirada del asalariado lo demasiado que hay de “no remunerativo” en el recibo de sueldo. En ese sentido, así como no ha podido avanzar en el blanqueo laboral, el gobierno tampoco pudo pasar porcentajes de suma no remunerativa al salario salvo en algunos convenios de la aristocracia obrera.


En el esquema de poder del peronismo realmente existente, la proliferación de saqueos y  el déficit de contención (los muertos) deja aún más dañada la figura de los gobernadores, y empieza a instalar en las mesas políticas algo que se esperaba discutir recién a fines de 2014: de que manera se van a estructurar las nuevas representaciones que va a reclamar la sociedad para el futuro, y como se van a modificar las expectativas de rupturas y continuidades con respecto a lo que efectivamente deje el orden kirchnerista.

miércoles, 27 de noviembre de 2013

Por un puñado de dólares


En el discurso de Capitanich el angostamiento distributivo recibe una calificación aún más delicadamente ambigua: etapa de complejidad relativa. En la agenda del JGM resuena la problemática corriente del río que fluyó durante dos años: el Partido del Orden errando voluntaria e increíblemente en toda su política macroeconómica. Esa huella doliente atraviesa como un trauma la neoagenda coquista: debemos ser, al menos escenograficamente, todo lo contrario de lo que fueron esos dos años. Lo que la sociedad le facturó en votos al partido del orden fue algo bastante más concreto que un “problema de comunicación” o un “relato”; en el sentido común de los que votamos a Cristina en 2011 había un llamado más o menos básico: ordename la economía, me voy a bancar que vos me ordenes la economía. Sin embargo, no hubo sensibilidad política para esta lectura, se privilegió una mirada believer de la hegemonía, el “tiempo” pasó, pero el “tiempo” es demasiado en política para dejarlo pasar.

Capitanich, back to the future, viaja a diciembre de 2011 para tratar de rescatar la agenda interdicta en esos días por el propio partido del orden. La amortización electoral del 27/10 dejó anclado aquel grave error político y marca la lógica defensivista que despliega el JGM: cerrar el frente externo para salir a tomar deuda era “casi lo único” que se podía hacer para salir en el corto plazo a parar la sangría de reservas y tirar un par de señales para ver si se achica un poco la brecha cambiaria. 

Después de todo eso, vendrá una discusión más árida: cuantos dólares tomás, para que los usás, qué lugar ocupa el endeudamiento en el proceso económico y para hacer cuántas cosas te alcanza esa guita. Aún cuando esta cuestión sea prioritaria, es menos central para la economía que el problema inflacionario. Capitanich tiene una misión de “resultados”, y el “manejo” de “la complejidad relativa” va a mostrar  su pulso profesional cuando se afronte la pauta para bajar la inflación. En la Argentina la discusión política de la inflación siempre se vio distorsionada y empobrecida por las resoluciones fallidas historicas del vaivén tenso entre tipo de cambio y mercado interno. Un desafió para el partido del orden entrante en 2015 es atenuar el dramatismo de esa discusión, si las condiciones de llegada son con una caja en dólares razonable; Capitanich sabe que todavía existe el “riesgo” de que la lectura política dificulte la resolución económica de este problema, por eso pidió licencia como gobernador y no renunció al cargo, dejando latente la condición del repliegue sobre el subsistema peronista. 

Otro rasgo todavía no abarcado es cómo se van a redefinir las relaciones entre consumo, inversión y exportaciones: si esta ecuación no tiene un impacto relevante sobre la economía real para 2015, las perspectivas políticas de una continuidad de la coalición gobernante como partido del orden se verán disminuidas aún contra la merma de votos del 27/10; en la raíz de esta preocupación íntima radica el “ninguneo” a Massa de la víspera por parte del efepeveísmo en deconstrucción, lo que documenta que en términos estrictamente políticos también continúa la lógica defensivista, porque el oficialismo comprueba que el saldo electoral además de la pérdida de votos deja un daño de la representación más difícil de recomponer que la economía, ya que no termina de haber un correlato estricto entre ambos campos.

Si el triunfo de Massa en la PBA fue el anticuerpo correccional emanado del propio subsistema peronista ante el fracaso administrativo del partido del orden, la aparición de Capitanich en la co-conducción gestiva del gobierno federal es la recepción táctica que la constelación de fracciones del subsistema presenta ante el hecho electoral, y que tiene una conclusión política concreta: el kirchnerismo dejó de ser la corriente hegemónica del peronismo a partir del 27/10. Aunque los intelectuales kirchneristas se afanen en presentar al fpv como un bloque monolítico (“el kirchnerismo”), la realidad empieza a mostrar que la coalición oficialista inicia un proceso de confederalización táctica bastante pragmático, influido por “el incordio sucesorio” y las distintas realidades regionales e institucionales del peronismo realmente existente.

En ese sentido, es un error decir que Capitanich es la voz de la liga de gobernadores; en todo caso representa a un sector de gobernadores que tienen distintas realidades e intereses en los marcos coparticipables: está bastante claro que NOA-NEA tiene “problemas internos” a resolver, que la Región Centro tiene otros intereses y que los patagónicos están jugando otro partido. Agruparlos para pasar el angostamiento distributivo es una cosa muy distinta que sostenerlos a la hora de construir representación;  esto es algo que Capitanich sabe al jugarse un pleno, pero que también saben Urribarri, Scioli y fundamentalmente, Massa.

Lo que también saben todos estos tipos es que vamos camino a un escenario de ballotage para 2015. Por lo tanto, el problema de la representación hacia el interior de las candidaturas panperonistas asume una dinámica política un poco diferente a raíz del achicamiento relativo del “tercio” no peronista. Como Massa ya hizo su jugada, la salida a la cancha de Capitanich y Urribarri le trae problemas potenciales a Scioli, ya que no vamos a estar en presencia de una disputa clásica del llamado voto peronista. 

Hay que agregar a esto que tanto Menem como Kirchner construyeron un modelo de coalición “novedoso” para ajustar representación; ése es el déficit parcial de Capitanich, Scioli o Urribarri contra Massa: al menos embrionariamente, el FR es una opción peronista que al tener de principal aliado a un radicalismo gestivo que integró y sobrevivió a la coalición kirchnerista, en los hechos funge como partido del orden distrital y electoralmente no tiene necesidad de hablarle a “su sector social” leyendo los salmos del breviario republicanista, ni tampoco existen los “límites de construcción política” inherentes al progresismo partidario que el kirchnerismo sufrió durante su hegemonía. Ese corrimiento de “los tercios” electorales explica la confederalización del fpv y la incertidumbre sobre “la forma” de salir a cazar votos en la primera vuelta cuando en la pieza del fondo te espera el ballotage, pasando a retiro la “teoría del 40%”.

Si la llegada de Capitanich a la JGM y Fábrega al BCRA permiten a priori incorporar una visión macroeconómica que entre 2011-2013 no existió, el dilema de la tensión sorda no está del todo disuelto: saber demarcar “hasta donde llegar” con las medidas económicas que se tomen mas allá de la decisión política de Cristina definirá el éxito o el fracaso del angostamiento distributivo. Porque lo que todavía no sabemos es si Cristina abre la cancha definitivamente, o se mantiene en una hibernación táctica hasta que aclare (algo bastante lógico cuando todavía está fresco el alto reflujo de votos del 27/10).


PS: Si bien por Guitarra Trasnochada, creemos que es por esta cuequita chapaca (chaqueña) que el gran Arsenio Aguirre se ganó el cielo de la música argentina. En esta versión se ve la organización detallada de la interpretación, que arranca con el punteo del enorme Chato Bazán, sigue con la combinación policlasista de “palanganas” y “violineros” que fortifican al violín salteño, y se inaugura vocalmente con la frondosidad a contrapunto de Soledad y El Chaqueño, para respaldarse luego en la polifonía de Los Nocheros que recuerda mucho a las innovaciones y el poderío vocal de Los Nombradores. A pesar de ser parte central del cancionero y las peñas de Salta, esta cueca llegó a las peñas de la provincia de Buenos Aires, donde es muy tocada al modo de la zamba sureña bonaerense, con dos guitarras criollas solas, una que lleva y bordonea, la otra que primerea y puntea. Dedicamos esta cuequita para que la baile con el pañuelo en alto y alegría la militancia kirchnerista no rentada que, seguramente, todavía existe.


miércoles, 13 de noviembre de 2013

"Barones", "Blancos" y la larga marcha hacia 2015


Yo tengo una forma particular de hacer política que me costó enfrentarme con los punteros. Trabajé mucho con los miembros de las ONGs en las elecciones para tener nuestros propios fiscales y eso me costó otro enfrentamiento con los punteros. Las aspiraciones y el sueño de abandonar las prácticas informales son la línea que separa al puntero del vecino común de un mismo barrio. Las políticas estatales eficaces permiten fortalecer a ese vecino común y disminuir la incidencia de las intermediaciones.”

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. Reelegido en 2011 con el 63,26% de los votos distritales validamente emitidos.


“El puntero político hoy no es el de antes, que tenía el control de un territorio. Ahora está todo más mezclado, hay más organizaciones, hay más llegada directa del estado, los punteros han  perdido peso político.”

Darío Giustozzi, intendente de Alte. Brown en Animales Sueltos, 3-10-13. Reelegido en 2011 con el 71,88% de los votos distritales validamente emitidos.

Lo que no significa que “prescindan” de los servicios de la intermediación, solo que conciben que ahí no está el “centro de gravedad” de la construcción de la representación peronista. Es decir, que no está en el mecanismo, pero sí en las bases votantes. Quizás la grieta entre los “barones” y los “blancos” de la camada ´07 (que se verifica claramente en los esquemas de gestión y de acercamiento a la cuestión partidaria) esté en la significación política que le dan a los mecanismos de intermediación y a los mecanismos de representación.

Para los “blancos”, son dos cosas distintas. Para los “barones”, esa distinción no lo es tanto. Para los “blancos”, la “fundacionalidad” de su propia gestión “incide en/ y modifica” la relación entre intermediación y representación, la hace menos lineal en términos “clasistas”, las demandas se amplifican y se ambigua el anclaje de clase. Los “barones” encajonan la demanda sobre los límites de su electorado “natural”, son supresores de conflictividad básica antes que rastreadores de neoagenda. Los “blancos” tienen la vocación de ampliar el campo electoral y son supresores de conflictividad allende el 30% nuclear. Si ya fue bastante explorada la hermenéutica “lumpen” que tendrá que transitar el panperonismo fpv-fr, lo que todavía no fue señalado es donde se hace el corte electoral y qué tan útil es hacerlo si de lo que se trata es de una sucesión que, con cualquier nombre propio, debe re-construir una hegemonía; en este sentido, la doble vía electorabilidad-territorialidad cobra una importancia más relevante que en otros ciclos que cerraron con crisis terminal.

Un dato tampoco analizado es cómo el FR suprimió conflictividad en el 1º cordón  en los tramos de clase media y media baja + aristocracia obrera para encauzar la demanda originada en las dificultades que exhibe el FPV como Partido del Orden nacional y provincial para conducir el angostamiento distributivo desde hace dos años: pero si hacemos un blow up sobre “sectores populares” (en la precisión y ambigüedad territorial del voto), se verifica en qué medida la inserción del FR sorprendió a los “blancos” efepeveistas de la 3ª.

Un análisis somero de la cartografía electoral en el GBA deja a la vista de que manera se produce la expansión del voto panperonista y los lugares ríspidos de disputa entre las herramientas FPV-FR, básicamente en la Tercera. En Lomas de Zamora el dato que preocupó a MI (y varios territoriales) fue la disminución residual contra las PASO en el circuito 583 (Cuartel IX duro) donde se esperaba un aumento residual alto (arriba del 7%) y donde hubo un crecimiento del FR (40% contra PASO) que fue superior al 20% que estimaban en el oficialismo distrital. La misma situación se verificó en el circ. 587 (mitad Cuartel IX y Lomas urbano periférico) y 590A (San José), ambos con una distancia de votos visiblemente menor. Más allá de la foto electoral y de los matices socioeconómicos entre estos tres circuitos históricamente peronistas integrantes del 30 %,  lo se ve es la potencialidad expansiva de la disputa del FR en un territorio que no es, claramente, de sectores medios. Similar situación se produce en Alte. Brown (pero al revés) con el FR blindando Claypole y Don Orione.

Lanús: FR ganó en Caraza-Diamante y el FPV en Chingolo, dos zonas equivalentes que fueron bastión histórico de los votos manolistas. Una distribución idéntica de votos se ve entre Libertad, Pontevedra y M. Acosta en Merlo.

En Avellaneda se ve la puja sobre circuitos homogéneos: Sarandí (FR), Dominico (FPV) y Wilde (FR), y el crecimiento idéntico en % de votos de ambas herramientas electorales contra PASO en Dock Sud (FPV).

La certeza idiosincrásica de los “blancos” del fpv es que el terreno de la disputa es demasiado policlasista como para “cerrar la estrategia”; en el FR esto fue comprendido mucho antes, cuando Massa  y sus intendentes armaron la herramienta electoral para acelerar un debate que es transversal al subsistema peronista: todos son conscientes de que la clase media de Dominico, Valentín Alsina y San Justo y el pobrerío de El Olimpo, Cuartel V y  Las Tunas no leen a JMS, Pagni, MW o HV.

La pregunta que fluye detrás de estas variaciones de la praxis peronista es: ¿Dónde estará el centro de gravedad de la representación mayoritaria con rumbo a 2015? En lo que parecen coincidir los intendentes del FR y los “blancos” del FPV (por afinidades de crianza política) es que esa definición la da una agenda de gestión propia. Para eso se requiere un esquema de financiamiento que el FR ya tiene definido, y que los del FPV tendrán como contingencia a resolver cuando desde planificación federal les digan que se cortó definitivamente la obra pública.


La dinámica del GBA obliga a pensar, también, por fuera de la trayectoria electoral que deja este turno: es lógico que el FPV interprete el 33 % nacional y el 32 provincial como un piso, pero desde una perspectiva de gestión que tiene que pilotear un angostamiento y no un derrame y que en dos años le pasó el costo a la clase media baja y la aristocracia obrera sin escalas, las chances de que ese 32% sea disputado por el FR crecerán irreversiblemente. En ese muy probable escenario de pelea por el voto proletario, quienes “sumen” la mejor tajada de “sectores medios” no ilustrados periféricos estarán más cerca del 40%. Si el territorio está en el centro de la representación, la electorabilidad (un fenómeno estrictamente peronista que dejó la renovación y que incorporaron para sí Menem, NK y Cristina, como explicamos acá) también siembra la semilla del poder.

lunes, 28 de octubre de 2013

Impacto



A pesar del designio que prefiere Pagni para Massa, lo que transcurrirá como política silenciosa en estos dos años es la disputa de ese 30%. Que se entienda bien: se tratará de una disputa graduada de la representación arriba, mientras en el efectivo territorio se producirán otras combinaciones político-partidarias de esa misma disputa. ¿Derecha o izquierda del peronismo? Pregunta inconducente. A esta disputa, el oficialismo derrotado le quiere poner fecha cierta, condiciones. Pero lo realmente cierto es que Massa acaba de vivir dos situaciones electorales (las PASO y la general) que cierran, por un tiempo y de cara a las preferencias sociales, cualquier medición de la correlación de fuerzas. Que la cosa fermente en el territorio, y después se verá.

En un tuit lejano, contemporáneo a las PASO, dijimos como al pasar: Massa asumió la representación de la clase media baja bonaerense. Hijos silvestres del derrame kirchnerista pero impugnados ideológicamente por sus padres políticos (oh, la docencia), encontraron en Massa al padre adoptivo que los comprendió sin culpas al compatibilizar en su figura la relación desdramatizada entre Estado y movilidad social ascendente. Una relación que el kirchnerismo había llevado a un nivel de dramaticidad jauretcheana inadmisible como consecuencia de su impericia administrativa para afrontar el angostamiento distributivo.

Clase media baja que transita la bocacalle a la intemperie de la informalidad y el sector privado, ese lado no estatal de la vida que está tan lejos de las paritarias como de los planes sociales, pero demasiado cerca de la inflación y la presión fiscal: de perder en el bolsillo. Clase media baja que tampoco manifestó ardorosas afinidades con las marchas del 8N, clase media baja que no es del todo 1º cordón, ni del todo 2º cordón. Clase media baja que no se siente cultualmente (sí, sin r) peronista pero que no tiene problemas para votar al peronismo. Massa está comprometido políticamente en esa disputa, aunque a Pagni no le guste, aunque al Grupo Clarín no le guste.

La lectura más precisa del triunfo de Massa es unilateral y minimalista: pasó el tamiz electoral del 40% del padrón nacional que necesitaba para instalarse en la discusión sucesoria del 2015. Casi 4 millones de votos como documentación respaldatoria para facilitar las condiciones de la puja en relación a la sociedad y no tanto a la rosca política.

Consciente de que la supervivencia política de dos años no se juega en el terreno legislativo, Massa prepara una estrategia novedosa: será formalmente legislador pero seguirá siendo, de facto, el intendente de Tigre, y le prestará central importancia al trabajo político en la Legislatura bonaerense sincronizado con la gestión territorial. Si el FR se configuró políticamente como una liga de intendentes, desde lo institucional lo hizo como una confederación de distritos que ya comenzó a desplegar esquemas de financiamiento autónomos  y programas de gestión conjuntos que coinciden con reclamos no satisfechos por los gobiernos nacional y provincial: asistencia social-sanitaria para niños, infraestructura educativa y seguridad pública.

Pero el armado confederado no tiene eje “partidario”: Massa incluirá en el esquema a todos aquellos intendentes que quieran integrarse al “estado paralelo” sin pedirles que firmen la ficha del FR. Las ventajas comparativas: mejorar el ida y vuelta electorabilidad-territorio por sobre el núcleo duro del 30% que muchos intendentes necesitarán para sostener gobernabilidad hacia 2015, y una agenda fiscal compartida mejor negociada por la vía del bloque legislativo. Cuando un intendente encuentra una mejor ecuación equilibrada entre política y gestión que lo resguarda de las contingencias nacionales y provinciales, es difícil que la cambie por otra. Como dijo Cariglino, +a te da esos “puntitos de más” que traen tranquilidad.

Esta estrategia combinada de Massa tiene correlato en sus primeros pasos poselectorales: el tigrense saldrá a aceitar los vínculos con intendentes de varias provincias haciendo eje en iniciativas de gestión que, subsidiariamente, abarcará un temario fiscal compartido sobre la lógica de la distribución de recursos provinciales y nacionales. Estos intendentes ven reflejadas en Massa las posibilidades de actualizar la correlación de fuerzas frente a los gobernadores en sus propias provincias. Pero contrariamente a lo que podría pensarse, esa agenda fiscal compartida por Massa y los intendentes no se limita a la Región Centro, ni incluye solo a intendentes.

Un dato concreto: los corcoveos y disidencias para aprobar las leyes de emergencia económica e impuesto al cheque provinieron primordialmente de los oficialismos provinciales del NOA-NEA, básicamente de aquellas provincias con más bajo presupuesto y gasto per capita. Son las provincias que Massa va a empezar a caminar.

lunes, 21 de octubre de 2013

Planes de estabilización


Las tendencias electorales que se confirmarían el 27/10 abren una etapa política que suelda algunas amortizaciones, rechaza varias inauguraciones del bienio y boceta los ingredientes básicos para un nuevo consenso. Se completa el “pago” de la AUH. Cesa aquel aspecto de la hegemonía propiamente cristinista que sustentó la macroeconomía en el cepo cambiario y el goteo devaluatorio como políticas unilaterales para amortiguar el stop and go sobre la economía real. Aparece una insinuación social que pide una performance estatal más ambiciosa para afrontar el angostamiento distributivo.

Si el gobierno decidió ir a rebuscar los papeles que dejó el acervo massista de la JGM 2008-2009 (pactar con el CIADI, liberar crédito, cerrar el canje de deuda) es porque no hay tanto margen para sostener los criterios intransigentes para concebir estatalmente la idea de desendeudamiento cuando la continuidad de estos pagos, ahora reflejados en el cupón PBI, no están ya vinculados sólo a procesos económicos ajenos a la década kirchnerista. La negociación social de la “sintonía fina” tiene un primer requisito: se le pide al Partido del Orden que no pendule. No es sólo el pedido de la casta política de gobernadores e intendentes, sino del electorado. Massa emerge electoralmente como conciencia social de ese reclamo. Scioli pretende encarnarlo linealmente desde el PJ, de una manera similar a la de Duhalde en 1999. Cristina asumirá parte de ese pedido si quiere incidir (positivamente) en la sucesión.

Una particularidad de la campaña electoral fue que la discusión económica transitó por caminos muy distantes de los del votante, más allá de la tangibilidad del diagnóstico. Si está claro que la sociedad no quiere volver a sufrir un manejo pendular de la intervención (y omisión) del Estado en la economía porque no hay una crisis que lo admita desde lo político, lo que todavía no alcanza a definir con naturalidad la clase política es la amplitud de temas que sí pueden ser discutidos dentro de un margen que tenga como objetivo la preservación de la estabilidad económica. Si la gestión económica no requiere de ninguna pendularidad, los discursos que se estructuran alrededor de ella parece que sí la requieren, especialmente los que monta el gobierno con lógicos fines de supervivencia, pero que al no reflejar la realidad de todas las posibilidades económicas que la sociedad permite discutir, termina en el descrédito y perjudicando al equipo económico del gobierno. Por lo tanto, es probable que el kirchnerismo continúe hablando del lobby devaluador pero mantenga la devaluación al 30, que hable de vivir con lo nuestro pero abra vías de negociación para tomar crédito externo (toda vez que la combinación con toma de deuda intrapública reduce su margen de fondeo y no alcanza para cubrir la escasez de dólares), que hable de metas de crecimiento pero siga moviendo la tasa de interés para entibiar un poco la cosa.

¿Alcanza con eso? El gobierno podrá pensar que sí, pero lo que reflejan estas elecciones es ese telegrama íntimo que el electorado le envía a Cristina, casi con una evocación menemista: si nos contabas que ibas a tomar estas medidas, no te habríamos votado. La relatividad del 54% (o de cualquier legitimación) es un rasgo de la democracia que la llamada generación intermedia entendió como eje central de su praxis política: al desconfiar de bloques ideológicos que suelden los consensos y conflictos de la sociedad, el voto funciona como un legitimador inicial que luego fluctúa en el día a día de la gestión. El voto da menos derechos que obligaciones, y lo sostiene la gestión o no lo sostiene nada. El voto es cuantitativo, la gestión es cualitativa: el teorema de la democracia (pos) moderna.

Después del 27 de octubre empieza esa agenda árida: ¿cómo se discute productividad con un 40% de trabajo en negro? ¿cómo se sostiene mercado interno con productividad de exportaciones cuando hay un giro reprimarizador de la mayoría de las economías latinoamericanas? ¿cómo se aprende a manejar estatalmente la inflación con caja? Que el kirchnerismo no tenga la voluntad discursiva de situar la discusión en esos parámetros no significa que los hechos no se desencadenen. Precisamente a esa cita muda concurre Massa cuando hace suyo al equipo económico de Kirchner: no para volver a un paraíso perdido que la sociedad no está reclamando en su voto, sino para resituar una discusión política que transitó silenciosamente durante la transición duhaldo-kirchnerista en la “interna” del poder: ¿cómo crecer? ¿qué rienda para la inflación? ¿qué ritmo paritario? Kirchner, Lavagna, Moyano ¿se acuerdan? Massa “participa” oblicuamente de ese debate como custodio de la caja de Anses, y paradójicamente Scioli lo mira distanciado desde el destierro en el Senado.

Hoy el contexto es distinto, pero varias de esas preguntas vuelven. Vuelven con independencia de los deseos políticos que Cristina tenga para encarar estos dos años de gobierno. Vuelven casi socialmente para redireccionar la agenda: qué populismo viable para una economía moderada. Gran parte de la semántica económica kirchnerista no llena esa discusión y la praxis de dos años tampoco dio resultados, eso es lo que denuncia el voto. A esa cita muda, pautada por el Partido del Orden, concurren Massa y los intendentes, quieren concurrir Scioli y los gobernadores, e irá (formalmente) Cristina si quiere plantar un candidato. Son las órdenes que dio el voto: no pendulen, pero discutamos todo.

domingo, 6 de octubre de 2013

Bajo el firmamento bonaerense


Algunos nombres para anotar: Martín Llaroyra, Raúl Jalil, Adrián Fuertes, Martín Soria, Omar Perotti, Ricardo Quintela, Carlos López Puelles, Juan José Rainone, Ramón Mestre. No salen en los diarios, no declaran en los medios, no manejan los mismos tiempos políticos que hoy demandan estas elecciones. Pero están atentos a la redistribución política que se produce en la provincia de Buenos Aires: Massa funciona para ellos como un primus inter pares que coloca en una situación optima la discusión del frente fiscal en sus propios territorios; una temática de gestión que, en varios puntos, se une al discurso renovador cuando pasan a hablar de política.

Mientras los gobernadores eligen confluir en lo político-partidario para la foto estática de Matheu 130 (la parrilla herrumbrada que describe con precisión poética Carlos Pagni), existe otra confluencia que ancla transversalmente en la gestión, en las mejores posibilidades que piensan para el circuito de los recursos propios y coparticipados, en la revisión de las alianzas políticas que deja el fin de una etapa hegemónica del peronismo después de la conducción kirchnerista.

El angostamiento distributivo que Nación endosó a las provincias en estos dos años encontró sin reacción a los gobernadores, que no pudieron armar una caja para sostener expectativas políticas: ningún gobernador inauguró obras propias en dos años, por lo tanto menos pudieron provincializar la elección, y cayeron en una merma de votos coincidente con el declive económico provocado por el manejo inconsistente del stop and go por parte de la autoridad económica federal.

Este mismo problema podría aquejar a muchos intendentes que no puedan sostener en el tiempo la administración holgada de sus cuentas, menos por lo que les pueda transferir Nación que por los efectos concretos de la macroeconomía. Lo que hizo Massa, antes que anochezca, fue poner a salvo esa ecuación económico-política que hoy los gobernadores garpan electoralmente (parece que Sergio algo aprendió de Néstor) y que siembra el dilema entre los intendentes efepeveístas que ya sienten en la piel el problema de la agenda y la puesta en superficie, del otro lado del alambre, de una liga de intendentes que ya le empezó a dar cauce político a los mismos problemas que ellos padecen y que tiene en la cúspide la electorabilidad de Massa.

Está claro que el FR es, provincialmente, una liga de intendentes. Pero ¿hay una liga de intendentes del FPV? No, porque no existe una confluencia de gestión que luego muta a política. El agrupamiento municipal del FPV es eminentemente táctico, en defensa de Cristina y Scioli. Podrían tener una agenda propia pero no la tienen, y en esta coyuntura sólo alcanzan a correr desde atrás la programática massista: policía municipal, inflación, presión fiscal a asalariados calificados, descentralización judicial. Saben que esos son los temas, pero además del primereo del FR,  tampoco desarrollaron una mirada propia para pensar soluciones que no estuvieran atadas a la cesión discrecional de fondos de Nación y Provincia; ahora que la espuma baja porque el stop and go llegó para quedarse y el peronismo tiene históricamente pendiente poder armar un populismo módico y solvente sin tasachinismo, los intendentes del FPV no pueden exhibir la gestión como capital político. Ahí es cuando sale a jugar el famoso bonustrackeo del massismo ahora ya en claros términos políticos para construir agenda transversal que no incluye solo al PJ, sino a todos los tipos que tienen algo para gobernar de acá al 2015.

Massa dice: si hemos tenido gestiones exitosas y convalidadas electoralmente que se forjaron desde la asunción de reclamos sociales que estaban fuera de nuestra jurisdicción y sin la correlación de fondos que correspondían, es absolutamente lógico pedir ahora que se nos transfieran las potestades recaudatorias. Si hicimos bien aquello, haremos bien esto. Lo que Kirchner armó por las vías de hecho devidistas improvisadamente y con el teléfono rojo, ahora es un vacío político que Massa quiere llenar por la vía de la institucionalización, basado en la legitimidad popular del bonustrackeo de gestión.

Si Scioli no puede conseguir la cláusula indexada del Fondo del Conurbano, entonces la pedimos nosotros, dice Massa. ¿Qué puede hacer el candidato Insaurralde ante esto? ¿Oponerse? Así como el bonustrackeo de gestión que le permitió al FR ganar se construyó desde la realidad política y no desde la letra de las atribuciones jurídicas, recomponer cualitativamente la caja provincial no tiene nada que ver con lo que hasta hoy entrega Scioli por coparticipación municipal automática invocando atribuciones y leyes impositivas. Lo que le pide la liga de intendentes del FR a Scioli es la expertise política para resolver un problema fiscal estructural que está más allá de las leyes vigentes y más cerca de las necesidades de los bonaerenses. Scioli contesta mostrando la escala de fondos enviados según la ley de coparticipación, bastante influida por la inflación. Son dos discusiones distintas, una más política que la otra. Massa le pide a Scioli que haga política, le pide que represente.

A falta de agenda consistente, Scioli y los intendentes del FPV se recluyen en el PJ, y desde allí se expande el desconcierto de campaña: se menta al “verdadero peronismo”, se hacen spots con la estética de un video para cumpleaños de 15 y casamiento, se considera como acto de campaña ir a la inauguración del emprendimiento textil de Jorge Rial. Una forma muy malentendida del “tenés que parecerte a Massa” que le sugirieron al candidato, una banalización bastante antipolitica que no reconoce bien la diferencia entre forma y contenido, y que no advierte que aunque posmoderna, la política sigue siendo política.

No hay liga de intendentes del FPV porque la unción de Insaurralde no nace de ellos sino de la presidenta. Una derrota del lomense abre la vocación electoral de los demás, que quizás se veían con mejores chances. La visibilización que le queda a Insaurralde después de la elección es relativa, porque así como se sobredimensionó el eventual desconocimiento como déficit de electorabilidad antes de las PASO, ahora lo conoce el 90% del electorado pero no puede sumar, y los intendentes saben que el que salga de ellos tiene que ser un candidato ganador para que puedan pactar por encima del clásico derecho de veto; la resignación defensivista no es compartida por los intendentes massistas, y asoma como el primer problema de cualquier negociación en la cual Massa parece garantizar el logro de esos objetivos (más guita municipal fondeada) por encima de cualquier figura efepeveísta.

Pero la liga de intendentes del FR también construyó representación, leyó la complejidad de los territorios, se expresó a su imagen y semejanza: antes que municipalizar, Massa emprendió una regionalización política, hizo una lectura más integral del conurbano que le permitió ganar tanto en Moreno como en San Isidro, vio mejor la realidad de la Primera Sección Electoral que su oponente la de la Tercera. El conurbano, la composición de los cordones, cambió. Más que realidades municipales, tenemos realidades regionales: hay distritos que son 1º, 2º y 3º cordón a la vez, otros son 2º y 3º, otros son 1º y 3º, y así. El tasachinismo kirchnerista derramó con reparaciones pero desigualmente, y esa nueva realidad debieron gobernar los intendentes. El “conurbano norte rico” y el “conurbano sur pobre” es un mito literario que habrá que desterrar del discurso para que esos territorios puedan ser mejor gobernados. Los bordes del 2º cordón se parecen al 3º que tan bien interpretó Massa: una conjunción compleja de barrios cerrados, countries, parques industriales, barrios abiertos, asentamientos, villitas,  zonas agrícolas intensivas que nuclean a la joven inmigración boliviana y de otros países limítrofes, heterogeneidad social al mango. Tigre, Pilar, Moreno, pero también Ezeiza, Echeverría, Cañuelas, San Vicente, el fondo de Florencio Varela y Berazategui. El mapa del derrame kirchnerista, soja, autos y AUH, la nueva tierra periurbana del 3º cordón (y ya hay un 4º en pañales, porque en las provincias NOA-NEA no hay un mango) donde más dinámica es la actividad económica pos-tasachinista.

Ese caos organizado, que se ve a así mismo policlasista, es el que Massa gobierna y al que le dio una mirada política integrada en la zona norte que ningún intendente del FPV tuvo para la región sur. Un “sur pobre” que ningún intendente gobierna, una Tercera “peronista” cada vez menos homogénea en su identidad política. Mitos. Como la “patria industrial y asalariada” en el país tercerizado del 40% de informalidad laboral.

El derrame kirchnerista trajo más borbotón capitalista. En ese sentido, el conurbano es profundamente kirchnerista, y lo que puede ser paradójico pero no lo es, es que sobre ese territorio de country y villa, de parque industrial y agricultura intensiva, de argentinos y bolitas, de orden, progreso, reparación y desigualdad, Massa construyó una representación política genuina, la de alguien que es de ahí. Blindó la Primera hasta los bordes de la Segunda y la Tercera. 

¿Qué tienen en común los nombres anotados arriba? Son intendentes, casi todos de la región centro, y comparten criterios de gestión muy concretos con Massa. Una agenda fiscal compartida entre la Región Centro y Buenos Aires es algo muy difícil de rechazar a la hora de conformar los equipos para competir en la sucesión del 2015. Si todos los gobernadores le tienen esa misma confianza a su primus inter pares (¿Urribarri? ¿Scioli?), podremos tener una puja sucesoria interesante.

lunes, 30 de septiembre de 2013

La letra chica




Paulatinamente, la lógica dinamizadora de la interna peronista bonaerense pos-PASO va dejando atrás clivajes extraños al elector de nuestra tierra que la exportación porteña quiso traficar sin éxito por la vía politológica. Parte de la dialéctica cupular del efepeveísmo gubernamental irradió ese lenguaje electoral rígido que tensionó y debilitó las candidaturas provinciales del oficialismo, partida por la agenda que instaló el FR con una dosificación táctica (a una respuesta, un nuevo tema, y así) que ante cada aceptación fáctica del gobierno, confirmó a Massa como el cauce natural de una mayoría silenciosa que vino a poner en una escena más franca lo que sistemáticamente la administración presidencial escondió detrás del árbol del 54%.

En la región latinoamericana ya se toma nota: hay que armar una gobernanza distributiva compatible con el crecimiento a la baja que se viene. Para los gobiernos esto significa repensar alianzas económicas, manejos estatales de la macro, reformas educativas, cierta clase de concertación sindical que comprenda mejor la tramitación de la contenciosidad, nuevas llegadas a la práctica territorial de la asistencia social que estén un poquito por encima de poner guita en el bolsillo del pobre, es decir, amplios márgenes programáticos que están en la cabeza del nuevo proyecto de poder peronista del 2015, pero que empiezan ya a discutirse después de octubre como parte de la interna política sobre el dominio del Estado, la gestión y los recursos en todos los niveles jurisdiccionales. Coparticipar mejor el impuesto al cheque es un humanismo weberiano.

Si Cristina siempre habló de un modelo con metas de crecimiento, se aproxima una discusión política que sin negar el axioma buscará precisar cuales serán esas metas y cómo funcionarán hacia 2015 muy por encima de lo que significa la idea, en cualquier coyuntura, de fogonear unilateralmente el consumo. El sostén y la expansión de la política mercadointernista argentina se nutre de políticas más variadas que el gobierno nacional no ha puesto en práctica, y ligado a esos temas está un incipiente consenso que la elección provincial parece arrojar: una planificación estatal para controlar la inflación. En contra de esa sensación consensual van las declaraciones de algunos candidatos oficialistas que plantean a la inflación (hoy) como parte del crecimiento, hecho que atestigua la urgencia política de redefinir qué se entiende hoy por metas de crecimiento más allá de un keynesianismo for dummies.

Porque la pregunta íntima que se hacen todos en el peronismo es ¿existe margen para construir una hegemonía política con 15 mil palos de reservas? Un eventual terreno inhóspito para quienes construyan el peso de su representación sobre muchas continuidades y pocas rupturas, el riesgo del neopoder licuado en la víspera. En este dilema se inserta la disputa intraperonista, y entra a pesar fuerte el esquema de alianzas políticas que elija el peronismo para presentar su oferta electoral ejecutiva: visto el fotograma actual de esa película, el FR luce más activo que el FPV en esa construcción.

Pero además hay que mirar bien la letra chica del contrato electoral que va armándose en la PBA como expansión de un sentido común mínimo, y que nosotros señalamos con el lápiz rojo por ahí arriba. Con un excesivo defensivismo coyunturalista, el oficialismo prefirió leer el resultado de las PASO como un estricto y estático voto castigo antikirchnerista. Sin embargo ya en las PASO se verificaba que la germinación electoral del FR era de un alto componente kirchnerista (Massa cazando en el monte del 57% provincial del 2011) y las características propias del candidato hacían pensar en un catch all dinamizado con rumbo a octubre que si se termina expresando en una diferencia porcentual de 10% o más, será menos la expresión de un voto antiK que la de una opción proyectada que suture y supere esa dicotomía política que no está sustentada por ninguna agenda política de masas. La encuesta naranja, en términos de referencia y aún en contra de sus intereses, también parece confirmarlo.

lunes, 2 de septiembre de 2013

Sucesión intestada


Que Massa cante la balada del primer cordón habla menos de una estratificación estática del voto del que se nutre la interna peronista bonaerense que del mecanismo de inserción electoral en esa disputa. Luego, el hecho electoral consumado abre la puerta a los más misteriosos comportamientos de los votantes. Ahí comienza una dinamización del voto que abarca también (cómo que no) al 30% de núcleo duro que acompañó a todos los oficialismos (y oposiciones) peronistas que gobernaron el país desde 1989.

El período 1983-1988 dejó como huella política para el peronismo la necesidad de contar con una ecuación de electorabilidad + territorialidad para tallar en la interna. Con una de las dos no alcanza. La interna general de 2005 confirmó el combo: el frepasismo residual del FPV + algunas estructuras justicialistas cruzadas a mitad del río le arrebataban la representación al PJPBA. Como bien comprende el invalorable Carlos Pagni, la representación política no puede avanzar y consolidarse para ningún grupo político por fuera de esa doble condición.

Es lógico que ante una situación de debilidad poselectoral ese sector del peronismo solicite internas para intentar una reducción de daños ante el efecto frejudepa. El pedido de Scioli es personal: trata de evitar que quede descabezada su electorabilidad, pero poco parece interesarle el otro aspecto del combo. A Massa no le interesa esa “interna” que propone el oficialismo por dos razones: porque todavía no comenzó aquel proceso de dinamización del voto peronista, y porque considera que la única interna válida en esta etapa acaba de suceder: fueron las PASO.

Paradójicamente, la instalación de la electorabilidad en la disputa de poder peronista debilitó la importancia relativa de la otra creación (esta sí expresa) de la renovación ochentista: la interna con formato cerrado de afiliados. Hoy vas a visitar a un puntero y lo que menos tiene son fichas de afiliación. Lo que no comprendió cabalmente la Renovación fue que la electorabilidad no era producida ni definida por la interna, sino que se trataba de un fenómeno político que la excedía y se construía desde otro lugar. Tampoco tenía una relación lineal con lo que producían los aparatos territoriales: los triunfos de Menem en la interna cerrada del ´88 y Cristina en la interna general de 2005 lo confirman.

El avance lento y contradictorio de este proceso en la política territorial peronista produjo esa nueva camada de intendentes elegidos mayormente con el ocasional sello del FPV en 2007, y que pasan a tener autonomía y proyección política propia bajo la herramienta electoral Frente Renovador. Munido de un caudal consolidado de electorabilidad-territorialidad, Massa puede presentar una agenda de temas que disloca “las prioridades” de los PEN nacional y provincial, pero que al mismo tiempo pone en evidencia y discusión las limitaciones defensivistas que se autoimponen los intendentes del FPV. La zanja bonaerense que separa a los que prefieren protegerse en el tradicional “derecho de veto” y los que pretenden extender la acción política hacia una nueva geopolítica del peronismo bonaerense sintetizada en el “derecho de imposición”. Tras la disputa electoral FR-FPV emerge esa división conceptual (largamente taponada por el desfinanciamiento intelectual que sufrieron los PJ nacional y provincial en esta década), y esto explica en parte por qué el candidato efepeveísta debe correr detrás de la agenda de Massa, aunque más no sea para reproducirla con delay. Quién mejor afina es quién mejor representa.

En el peronismo, la pretensión de instalar “la hora partidaria” es el reflejo de momentos de debilidad y defensivismo profundo. Más todavía cuando todos los actores de la política territorial perciben que este pedido se hace a destiempo. Esto explica por qué Scioli pide interna, y porque a Massa no le interesa la situación del PJ. Massa sabe que la construcción de territorialidad se hace autónomamente, con tiempos políticos distintos a los que quieren imponer las conducciones ocasionalmente institucionales y que esa (re)construcción se hace al calor de la tensión sorda entre la liga de intendentes y la liga de gobernadores.

Scioli ha apelado a la consigna “unidad para la gobernabilidad” para transitar estos dos años. Se trata de una visión demasiado estática de la situación política, y bastante desautorizada por los números de las PASO: la ampliación de la representación peronista en la PBA se nutre de una transferencia de votos que degrada las posibilidades de un espacio no peronista. Por lo tanto, la gobernabilidad no está en riesgo.

A tal punto despreocupa a la militancia el fantasma del “peronismo dividido” que hasta el propio Movimiento Evita transita con mansedumbre y tranquilidad la exploración de sus afinidades electivas: el productor de la película lo prefiere a Scioli; al que viene de bautizar a su niño en Santa Marta le tira Massa; y algunos sectores juveniles esperan con calma el salto a la cancha del candidato del kirchnerismo (es lógico que así lo piensen: hay un 10-15% de padrón kirchnerista que nunca votaría a Scioli.)

jueves, 22 de agosto de 2013

Tradición y modernidad


Ni aun dando recitales gratuitos del Chaqueño y Los del Fuego fueron a votarlos, la política es ingrata. Docencia y democracia son antónimos. La historización de la realidad no es la víscera más sensible.

Todavía la lectura política de la PASO está anclada en lo que “le pasó” al kirchnerismo. Casi nadie analiza desde lo que “le pasó” a la gente. Hace algún tiempo dijimos desde acá que Cristina había ingresado en una espiral acelerada de subrepresentación que se relacionaba con dificultades decisionistas frente a la neoagenda parida en años no atribuibles a hegemonías anteriores al kirchnerismo. Se fue el sindicalismo, se fue la clase media despolitizada, se fueron los intendentes. La única verdad es la representación, aun esa “menos liberal” que desarrolla el peronismo en las mediaciones múltiples del segundo cordón.

Argentina tiene un sistema político sólido, con un subsistema peronista que magnetiza todas las representaciones. No existe una crisis económica terminal. En estos diez años, el FPV no se vio amenazado por ninguna correlación de fuerzas estrechada en el sistema de partidos. Por eso, lo que se ve cada vez con mayor claridad en estos dos años es que el gobierno no se está honrando a sí mismo como Partido del Orden. No está haciendo todos los deberes que esa tarea requiere. Viendo los datos electorales de los conurbanos del país (y si no hay cambios sustanciales en la elección de octubre), surge que la AUH se amortizó en un 70% con los votos del 2011. Y la pregunta lógica: si este desequilibrio del garpe no está relacionado ya con un problema irreversible de representación.

El gran pecado en el peronismo: ir a contramano de esa idiosincrasia y pedir a otros que armen un partido y ganen elecciones. Porque esa detección provendrá del propio peronismo, como hizo Massa. Y ahí radica también el dilema de Scioli: no saber con qué grado de velocidad se está gestando esa representación en la cabeza de la sociedad. Porque como sabemos, el Partido del Orden tiene un pacto tácito con la sociedad: la voluntad irrenunciable de representar a todos, aun cuando los dos sepan que ni todo ni todos pueden ser representables.

domingo, 21 de julio de 2013

Contra la jauría humana

Los tribunales de familia son la esperanza de los pobres. La guitita de un depósito judicial que deriva de un alimentos, una guarda, o el que espera la sentencia de divorcio para gastar algún canuto en pesos en el nuevo rodado que lo haga subir un peldaño en la ascensión motomelista. La medida preliminar que hace que la cana lo pueda sacar al tipo de la casa para que la mina y la hija puedan volver a ocho días de la cagada a palo y la posterior amenaza de suicidio, la secuencia habitual del melodrama periférico (“nunca agarrés una violencia, es un quilombo y no te pagan, todo pérdida”), los que van a tramitar erradamente la AUH, la abuela política que necesita que salga la tutela porque el pibe juega al fútbol en inferiores y lo tiene que autorizar a viajar al interior en la perspectiva soñada de la salvación. Los tribunales de familia son (también) el primer mostrador del Estado.

Los tres niveles de la Administración tienen concepciones y acercamientos diferentes sobre la “democratización y acceso a la justicia”, un tema que se puso de moda en los últimos meses menos por satisfacer urgencias operativas que por las derivaciones de una agenda nacional que superponía los coletazos judiciales del litigio con Clarín con la necesidad de sostener poder a través de un formato electoral que unificara al país como distrito. De ahí salió una reforma judicial más englobada en la idea de corporación que en la facilitación del acceso a los estrados del juzgado.

Carecer de jurisdicción no obstaba al PEN a desarrollar políticas para mejorar el acceso a la justicia por la vía de convenios con la provincia y los municipios. Puntualmente y desde 2009 el gobierno nacional vino instalando los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en el territorio nacional (van 50) con la misma modalidad unilateral y compartimentada de los CIC que lanzó Desarrollo Social. Los CAJ brindan asesoramiento jurídico gratuito, pero básicamente son un centro de tramitación de las políticas públicas nacionales (AUH, SUBE, DNI, TV digital) que no están pensados para tener una vinculación operativa con el servicio de justicia y el acceso a los tribunales. La política de los CAJ no está articulada con la justicia bonaerense, ni se inserta en la política de descentralización judicial que lenta y contradictoriamente viene intentando la PBA desde hace una década. A base de convenios y financiamiento, el gobierno nacional podría haber colaborado con un plan acelerado de descentralización judicial (así como planificación federal avanzó junto a intendentes en la obra pública) que facilitara el acceso a la justicia en los fueros conflictivos (familia-menores-responsabilidad juvenil-penal) que están en la primera línea de demandas de los sectores más pobres del GBA.

En 2004 la gobernación Solá arrancó con la descentralización de unidades de gestión penal (fiscalías y defensorías) para simplificar y acelerar el proceso y facilitar el acceso a la denuncia a sectores sociales que representan el 90% del patrocinio oficial en el sistema judicial bonaerense. Además, el emplazamiento de fiscalías en los municipios permitió censar los casos y armar un mapa del delito que pudiese servir como dato duro para innovar en las políticas de seguridad pública. Existe un consenso entre los intendentes: la descentralización puso al fiscal a tiro del reclamo, gana en la disputa de confianza social frente a la policía (denuncia), y participa de la responsabilidad política que transmite el intendente. Los resultados positivos hicieron que Scioli continuara la distribución territorial de unidades de instrucción. Sin embargo, el ritmo se hizo más lento y fue ahí cuando algunos intendentes, frente a la demanda social, se pusieron al hombro los convenios ya firmados con la Procuración General provincial y empezaron a participar del financiamiento y a brindar el espacio físico para reacelerar lo que desde la Provincia se ralentaba. Los intendentes ya tenían experiencia en el tema: el reclamo por inseguridad los había involucrado en la compra de patrulleros, pago de combustible, horas extras y servicios adicionales como complemento de las obligaciones que dejaba de afrontar la gobernación. Era la alborada del bonustrackeo. Sucede que, en el mejor de los casos, los vecinos tienen al gobernador a 40 kilómetros, y al intendente a 40 cuadras.

En 2006, Felipe Solá sacó la ley 13634 que dictaba la reforma y descentralización de la justicia de familia y el fuero de responsabilidad juvenil, buscando los mismos objetivos que se alcanzaron con la justicia penal de instrucción. La ley fijaba una etapa de descentralización a cumplirse en un año desde fines del 2007, pero Scioli suspendió los plazos y no avanzó en la creación de los nuevos juzgados unipersonales de familia descentralizados. Scioli tampoco impulsó una segunda etapa de descentralización de las unidades de gestión penal que surgía como lógica, y que hoy está en el programa político de la liga de intendentes que comanda Massa: la creación de Juzgados de Garantías en los municipios (para acelerar la sustanciación del proceso y la investigación de delitos) y de fiscalías especializadas (violencia de genero y familiar, drogas).

Este cuadro de situación deficitario (que no sintoniza con el reclamo de amplias franjas del electorado bonaerense, ni con el tramo discursivo en que los políticos declaman querer democratizar el acceso a la justicia) es el que parece querer traducir en propuesta política el FR en la legislatura bonaerense.

La liga de intendentes revisita y actualiza el “gobernar es poblar” al cambio que surge de la desmesura demográfica de sus territorios. De alguna manera, la gestión produce política. Y dicen: el funcionamiento de las instituciones estatales está pensado para una ciudad (con)urbana que no existe más. Los intendentes piden que se pase del formato de cabeceras judiciales departamentales (pensado cuando los municipios eran menos poblados que las provincias) que hoy paraliza y hacina al servicio de justicia penal y de familia, a la conformación de polos judiciales por municipio que centralicen en el distrito la competencia territorial, la sustanciación completa y acelerada del proceso, permitan acercar el servicio de justicia al barrio, y le faciliten al intendente controlar la función policial.

La reforma judicial proyectada por el PEN que se mancó en el control de constitucionalidad no preveía programas de financiamiento con municipios para un avance integral en la descentralización de los órganos judiciales provinciales; hace unas semanas Cristina pareció ambiguamente pronunciarse a favor de esta política (aunque hasta ahora sin consecuencias prácticas) justamente mientras inauguraba un centro de monitoreo de seguridad en el GBA sur hecho a imagen y semejanza del COT que Massa implementó hace algunos años en su distrito, y que todos los intendentes vienen tomando como política de seguridad para sus propios municipios. Lo cierto es que ni los CAJ ni la reforma frustrada tienen que ver con un mejor acceso a la justicia allí donde ésta produce una situación conflictiva y de desprotección frente a la sociedad. Y Scioli tampoco parece tener una política clara y vigorosa que amplíe el proceso de descentralización: en este rubro el gobernador también prefiere flotar y ver qué pasa.

La liga de intendentes piensa la política judicial desde el lugar de los hechos. Para la clase de políticos que está fuera del mercado de la gobernabilidad y que por lo tanto no está obligada a fidelizar con el electorado, estas propuestas empiristas podrían ser el síntoma de otro paso en la decadencia del sistema político. No es así, pero en cualquier caso esa no es una discusión que le interese mucho a la sociedad ni a los gobernantes consustanciados con la producción de representaciones. Y está claro que frente al funcionamiento de la justicia hay miradas políticas diferentes entre Cristina, Scioli y Massa.

La nación privilegió una mirada abstracta de la justicia como “corporación” y ni ese abordaje ni la creación de los CAJ tuvieron resultados prácticos sobre la situación del acceso a la justicia. La provincia frenó la descentralización. Y los intendentes consideran que la lógica de una reforma empieza por el acercamiento operativo a los sectores que tienen más complicado el acceso regular a la denuncia, ya sea por razones materiales, económicas o por desconfianza hacia la institución policial. De alguna manera, la gestión produce política.

domingo, 7 de julio de 2013

FPV vs. FR

El consenso unió a las minorías intensas: quieren que Massa hable. Quizás porque se vean urgidas a abastecer a ese ¿15%? del electorado nacional que justifica la existencia del periodismo político y sus derivados gráficos y digitales. Porcentaje calificado que disminuye dramáticamente en el electorado bonaerense. Y parece ser que Massa disfruta de ese síntoma ajeno, el otro día anduvo por San Miguel y gastó a los periodistas políticos “que se disgustan” porque no arma actos de campaña.

Mientras Cristina intenta nacionalizar la elección, Massa la provincializa, la municipaliza, la minimaliza, la lleva a la esquina árida del Estado donde el discurso cede al cuerpo a cuerpo de la gestión y su prosa de la ética de la responsabilidad ampliada. Pero puede haber una percepción errada, ¿Massa habla o no habla?

Digamos que desempolva una vieja tradición peronista: habla por otros. Quizás los que creen que la política empezó el 25 de mayo de 2003 no estén habituados a esta práctica: hablar a través de otros para poder decir uno mismo lo imprescindible en cada tiempo político. Porque quizá como pocas veces durante la década kirchnerista, sea esta etapa cristinista la que mejor exprese el malgasto de la palabra política, una barroquización berreta del discurso que inclusive impacta negativamente en parte de esa audiencia del 15% tan apegada a la anormalidad del consumo político.

La administración dosificada del discurso es insoportable para los que viven del business del país dividido. Llamativamente algunos candidatos del FPV compraron esos argumentos minoritarios para afrontar la disputa electoral con Massa, ahondando una presunción que ya se empezaba a evaluar dentro del peronismo bonaerense: que el problema político del kirchnerismo comenzaba a residir en lugares más concretos que el de la batalla cultural. El pase de Giustozzi al FR (el tipo más votado de la Tercera) no puede leerse de otro modo.

La disputa FPV-FR expresa la clausura de una gran esperanza militante que la Renovación fomentó a través de mecanismos operativos: la posibilidad de que el PJ defina sus candidaturas en internas. Las PASO (como se desplegó en la práctica la relación partidos-candidatos-electorado) terminan por desalentar la competencia interna, pese a que se dijo concebirlas con el fin opuesto.

Pero además la conformación de las listas del FPV y FR son la marca de agua de situaciones políticas que exceden la coyuntura electoral: ante la lista territorial del FR, Cristina se vio obligada a adoptar un perfil “reductor de daños” de las candidaturas para equilibrar el piso de electorabilidad desde el cual se parte hacia la elección. Pero ese avance relativo de la territorialidad en las listas del FPV transita una tensión sorda: la que existe entre la idiosincrasia política de los intendentes y la de la conducción nacional. La decisión de la liga de intendentes del FR es construir poder y política desde la propia singularidad que representan, e irradiarlo a todo el peronismo realmente existente; puede salir bien o mal, pero lo que deja a la vista la disputa electoral bonaerense es que cualquier construcción de poder territorial solo puede crecer por fuera de esa tensión para lograr expresar además de un proyecto de poder, una visión de la política y la gestión que tiene pretensiones de nacionalizarse.

Aquella tensión se ve cuando los candidatos del FPV apelan a la debilidad discursiva de “leales y traidores” para leer la coyuntura electoral. Por lo tanto, es posible que un triunfo del FPV en la PBA haga fluctuar en favor de la conducción nacional el peso ganado por los territoriales en las listas (Cristina no pasa por el tamiz electoral y tendrá más margen para capitalizar un triunfo, y podrá volver a sellar las listas en el 2015 porque cualquiera sea el escenario con el que se llegue, esa táctica es la que más le conviene). Ese riesgo de fluctuación corrosiva es el que hace que algunos intendentes del FPV sean testimoniales de la boleta distrital para defenderse de la tensión. Sin embargo, la postulación de Massa como dato superficial del armado de la liga de intendentes (cuyo germen es el grupo de los ocho que fomentó NK para armar un kirchnerismo crítico que oxigenara y mantuviera unido al peronismo bonaerense) contribuye a sostener la tensión en el efepeveísmo y deja el proceso abierto con rumbo al 2015.

La estrategia electoral de Massa (que tanto mortifica a las minorías intensas de todo pelaje) parece trabajar en tres tiempos: uno posado en las PASO, otro en octubre y un tercero que prescinde de la situación electoral para poner el ojo en el trayecto a 2015 (porque la liga de intendentes, mientras tanto, tiene que gobernar). Esta pluralidad de intereses es lo que diferencia al FR de una candidatura opositora clásica como las de FDN y MS sin anclaje territorial y gubernamental. Pero Massa también causa dificultades en el FPV al abrir la brecha de tensión que antes describimos.

Para Massa, la coyuntura electoral tiene una motivación instrumental: necesita “pasar” por los votos para sentarse a la mesa de los que discuten la sucesión peronista en 2015. Una cuestión que a varios gobernadores les resolvió la lógica del sistema electoral en 2011, pero que un intendente, por más poder de fuego distrital que tenga debe refrendar en el turno electoral en el que la provincia se conforma como distrito único a tales fines. En cualquier caso, Massa saldrá de la elección con un volumen de votos propios bonaerenses que le permitirán tener: 1) capacidad de veto y 2) capacidad de imposición, en la UFC sucesoria. Del lado del FPV el prorrateo de costos-beneficios parece más difuso: es muy difícil que Insaurralde (y por lo tanto, el bloque de intendentes) pueda acaparar los votos bonaerenses como propios, a causa de la tensión sorda que marca la dinámica interna del kirchnerismo.

La conformación política del FR también está pensada en “tiempos”: Massa parece conocer profundamente al peronismo y su 30-35% consolidado bonaerense. Como dice muy bien el patriarca Manuel Barge, la base expansiva de Massa (hoy) está en el diferencial FPV que va desde el 32% que sacó NK en 2009 hasta el 56% que obtuvo CFK en 2011. Massa trabaja desde esa base para abrir el abanico, y la formación político-electoral que hay que presentar para esta etapa es una transversalidad con eje peronista que fidelice eficazmente con el electorado. Tanto en 1985 como en 2005 las formaciones peronistas (FREJUDEPA y FPV) que desafiaron al PJPBA para litigar en la interna general instrumentaron el formato peronismo blanco + transversalidad para operar el traspaso del “aparato” justicialista; el problema llegó cuando tanto el cafierismo como el kirchnerismo pensaron que el elemento transversal además de eficacia electoral, tenía eficacia gubernativa. Ganar elecciones es una cosa, gobernar otra muy distinta.

En el caso de Massa, el anclaje territorial del FR (intendentes preexistentes a la herramienta electoral) es un rasgo distintivo que no existió en la experiencia efepeveista (un avatar fundado por un gobernador de provincia feudal cuando llegó a la instancia nacional del poder, una construcción política de arriba hacia abajo) y que puede reestructurar las relaciones políticas dentro del peronismo, o por lo menos hacerlas embrionariamente novedosas.

En este aspecto la neotransversalidad que desarrolla Massa no descansa en política ideológica (y sabemos que esto es un drama para los minoristas intensos y para los kirchneristas lúcidos porteños que tienen en tan buena estima a las “definiciones”) sino en política gubernamental: se forja en la asociación de intendentes, y lo que esté por arriba de eso es la espuma. Sobre esa base, Massa ha transformado y subordinado al PRO bonaerense en una línea interna de su dispositivo electoral transversal, lo mismo hizo con un sector de la UCR, y por que no decirlo, del FPV.

Quizás donde mejor se refleje esa neotransversalidad espumante del FR sea en la conformación del nuevo bloque massista en el Senado bonaerense: 2 vienen de la UCR, 4 de Unión-PRO, y 5 del FPV.

domingo, 23 de junio de 2013

1985



Te piden que les digas cuánto pagan por la recolección de basura y cuántos empleados tiene la planta municipal, y te dicen al toque si es buen intendente o no. Así mensuran los intendentes más votados de la PBA al resto de sus colegas. Te piden esos dos números que destruyen ideologías, humo, sobresaturación de épicas, y listo. Conocen con obsesividad todos los surcos de la gestión. Tienen un hijo político que los diferencia del resto de los intendentes: el bonustrackeo de gestión. Sienten orgullo de que Cristina y Scioli no les manden todos los fondos coparticipables que les corresponden, ellos no reclaman y apelan a la creatividad, se las arreglan solos, bonustrackean más, pulen la piedra de la gestión, ganan elecciones distritales, y como a nadie le deben nada, ponen un ladrillo sobre otro y la pared de la electorabilidad crece.

Pero además, los intendentes más votados de la PBA, llevados por la pulsión electoralista, saben de política, saben que hay que hacer con la economía de un país; no están confinados al defensivismo perenne del alumbrado, barrido, limpieza y desactivación social. Sucede que el equilibrio entre poder y política no les permite vociferar demasiadas sinuosidades discursivas: están demasiado comprometidos con el electorado. Los intendentes más votados de la PBA tienen a Levitsky en la biblioteca, pero hoy leen a otros autores.

El pase de aparato del duhaldismo al kirchnerismo en 2005 expresó una primera variación de la lógica territorial del peronismo bonaerense: la dinámica del crecimiento económico tasachinista empezó a tirar derrame hacia las partidas presupuestarias de los distritos, y a ese mismo ritmo empezaron a llegar las demandas sociales diversificadas a los oídos de los intendentes. Eran demandas combinadas, porque siempre estuvo latente la previsión defensivista ante la conflictividad social, pero se empezaron a sumar reclamos concretos: seguridad pública, mejores servicios de educación y salud, transporte. Reclamos que estaban fuera de la orbita defensivista clásica que afrontaba el “barón” en la década del ´90 y hasta el crack dosmilunista.

En 2007 llega una camada de intendentes (la mayoría de ellos bajo el sello FPV-PJ) que elabora una lectura política de esa nueva coyuntura de demandas más complejas: una lectura que acompaña el proceso kirchnerista a nivel nacional, pero que tiene una dinámica propia a la hora de pensar la política y la gestión. Ahí se produce una segunda variación que consolida la lógica territorial peronista que se abre en la provincia: esos intendentes ven que deben maximizar su capacidad de gestión e intervención estatal para afrontar la cada vez mas amplia matriz diversificada de demandas, e incorporan, por primera vez en la política municipal, el concepto de electorabilidad que surge en el peronismo con la Renovación. La gestión y la política pasan a ser pensadas en función no de sostener poder, sino de construirlo. Ahí radica una de las diferencias con los “barones”: los “nuevos intendentes” quieren que el “costo” del defensivismo y la demanda social diversificada se amortice con la construcción de electorabilidad, es decir poder político efectivo propio, no cedido a las conducciones nacionales y provinciales.

La reelección de estos intendentes en 2011 con apoyos superiores al 60% del electorado es la tercera variación consolidada de esa nueva lógica política del peronismo bonaerense: se arma el combo electorabilidad + territorialidad sobre la base del bonustrackeo de gestión (el bonustrackeo es la ampliación creciente de servicios municipales para resolver problemas que las orbitas nacional y provincial no resuelven: seguridad, educación, infraestructura, creación de parques industriales para sostener empleo y mejorar la tributación). La elección de 2013 se presenta como la cuarta variación de ese proceso territorial llevado adelante por los intendentes más votados de la PBA: los dos mejores intendentes del conurbano (en votos y gestión) encabezan la boleta nacional de diputados del Frente Renovador.

Pero este proceso (como todo en política) tiene nombres propios que hacen el camino, esto no sucede en un libro de ciencia política que describe impersonalmente, y tiene uno en particular que sintetiza: Sergio Massa. El tigrense fue quien desarrolló esta lógica de política y gestión mucho antes que el resto de los intendentes, y a la que ahora le da orden y unidad política al armar una “liga de intendentes” que se constituye en la base político-territorial de la herramienta electoral Frente Renovador (FR).

Es la presentación de Massa (y no otra cosa) lo que obliga al FPV a ceder lista a sus territoriales para tratar de empardar el combo electorabilidad-territorialidad que sirve a la mesa el FR. Massa, al elevar la disputa territorial a la trama nacional (porque la electorabilidad es una pared que crece) consciente y tácitamente le sube el precio a los intendentes del FPV y disminuye el peso relativo de Cristina y Scioli, en una jugada que sobrepasa inclusive la coyuntura electoral.

La candidatura de Massa también puede modificar la lógica del voto en la PBA, porque al traccionar la boleta “por arriba” y “por abajo” puede reducir un hipotético corte de boleta en su contra y ahondarlo en la boleta del FPV. Y en la Tercera, Darío Giustozzi tiene una figura muy expansiva en distritos adicionales al suyo como Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, y otros dos muy flojamente gestionados pese al tasachinismo presupuestario: Quilmes y Lanús. Una influencia similar a la de Massa en los distritos de la Primera, como se verificó en la elección de 2011.

Massa no limitó su armado a la PBA. Hace tiempo viene desarrollando bilaterales con intendentes de otras provincias como parte de esa lectura política común que comparten en ese nivel de la gestión publica. Por lo tanto, la candidatura de Massa también expresa la visibilidad nacional de un reacomodamiento del peronismo que se produce a la luz de la conducción kirchnerista de los recursos nacionales sobre el telón de fondo del 70-30 de la coparticipación, la acumulación de leyes “transitorias” sobre facultades recaudatorias y los pactos fiscales preexistentes: una situación deficitaria que resolvieron mejor los intendentes que los gobernadores, y que ahora empieza a tener traducción política.

Si en los ´80 el peronismo ungió una liga de gobernadores para destrabar el problema del liderazgo y la representación, el armado electoral massista revela la aparición de una liga de intendentes que busca proyectarse haciendo pesar sus “ventajas comparativas” en el complejo cuadro fiscal de la nación, frente a otras instancias regionales del peronismo.

Massa y su liga de intendentes dicen: para tener soberanía política necesitás independencia económica. Pero en tu gobierno. Es decir: la electorabilidad, el poder político, se construye en la gestión hacia fuera (servicios públicos de calidad) y hacia adentro (superávit fiscal y ampliación de recursos propios). La ecuación de gobernanza (el ratio de calidad entre demografía-recursos-gastos-territorio-servicios) pone a la liga de intendentes por encima de los gobernadores frente al gobierno nacional en la disputa de poder peronista.

La lista plural que eligió Massa para la parte nacional de la boleta está hecha con una certeza: que la boleta la tracciona él y que los que van del 3º para abajo son los nombres necesarios para adaptarse a una coyuntura táctica (se privilegia una parte del barrido en abanico típico del catch all), pero donde los capítulos más interesantes se vislumbran más allá de esta elección. Los territoriales aparecen fuerte en las seccionales y distritales (el mix peronistas del conurbano-radicales del interior).

jueves, 18 de abril de 2013

El modelo argentino



Un poco que el líquido podrido que drena ahora de la economía se ensayaba en el recatado cónclave palaciego que sostenían en el 2004 Lavagna y otros ramajes del equipo económico pero todavía no directamente con Kirchner, en ese primer año y medio Kirchner aplicó un inteligente laissez faire, no se metía mucho, se dedicaba a administrar mayores dosis a la política, pero por debajo del siga-siga económico fluía encapsulada la discusión técnica de los sultanes del ritmo: ritmo del porcentaje paritario, ritmo de la inflación, ritmo exportador, ritmo de inversión.

La intervención del Estado es (también) manejar ritmos. La pileta vacía, la torta del crecimiento recostada sobre el mercado interno, lo usual, lo que sabemos todos, lo que correspondía, ese consenso lamolinista sobre el rumbo económico, pero que en las fisuras de ese debate tecnocrático que transcurría en oficinas oscurecidas y de espaldas a la alborada nestorista, mostraba algunos elementos que sirven para discutir el rumbo de la macroeconomía actual.

El estado puede decidir, ahora que la pileta está llena y surgen los desajustes progresivos que pegan cada vez  más sobre la economía real, cómo se va a definir el crecimiento sobre la triple base del consumo, las exportaciones y la inversión. Cuánto se va a cargar sobre cada una de estas tres patas. Otra decisión tiene que ver con que la sustentabilidad del ritmo de extracción de renta necesita de la responsabilidad estatal para construir más mercado, más sector privado de la economía.

Mas allá de lo que se define desde el gobierno como un programa con metas de crecimiento (por oposición a las metas de inflación), no hay una tendencia a plantear políticas económicas que no estén siempre vinculadas  al enamoramiento “del modelo”, y por lo tanto, al pasado. Solo algunos sectores del peronismo (preocupados por generar políticas de ruptura con continuidad, pero no al revés) están pensando en un programa económico para un país de crecimiento moderado o bajo.

Crecimiento moderado de la economía sin escenario de crisis terminal es una coyuntura que reclama ciertas cosas al sistema político, más centralmente al subsistema peronista que entabló las relaciones cualitativas entre política y Estado en las últimas dos décadas. Sea o no ordenada la sucesión del 2015, para el peronismo surge la necesidad de reestablecer mayor eficacia institucional al sistema de partidos para aceitar la relación entre política y acción estatal en el marco de una economía moderada.

Al partido del orden le va a ser reclamado un mejor manejo de las tensiones entre política y poder que tiene origen oblicuo en el achatamiento de la economía, según lo que empiezan a pensar algunos sectores militantes y dirigenciales peronistas que ya ven la cuestión institucional como algo no sólo formal, sino con un grosor político que define parte del consenso social posterior a 2015.

Lo que muchos militantes y dirigentes dicen, haciendo ya un revisionismo práctico del modo en que se administró la tensión poder-política en los “segundos tramos” del menemismo y kirchnerismo: pasar a un mandato presidencial de 6  años sin reelección para resolver la sucesión. La decisión del gobernador Peralta de eliminar la reelección indefinida en su provincia (para traccionar legitimidad política hacia afuera y hacia adentro) parece expresar esa misma necesidad política que muchos peronismos provinciales comienzan a considerar.

A diferencia de la Renovación Peronista que reorganizó para construir electorabilidad, el tratamiento institucional que necesita el subsistema peronista se orienta a lograr que el partido de gobierno haga funcionar mejor al Estado en relación con una economía de bajo crecimiento. La expansión de funciones estatales en los municipios del conurbano y la aparición de una camada de intendentes en 2007 con alta electorabilidad que modificó parcialmente la relación con la militancia territorial y de ésta con la población, son fenómenos en curso que también se relacionan con esta nueva agenda institucional para los subsistemas peronistas nacional y provinciales, en función de coordinar la acción política y la acción estatal con la nueva realidad económica. El objetivo de fondo: poder construir movilidad social ascendente en una economía a la baja.

Cuando se trata de hacer paralelismos entre países y entre partidos políticos de la región (un business habitual del curro politológico), la moda instaurada por la minoría emokirchnerista es edulcorar el análisis asimilando al kirchnerismo con el PSUV, cuando por idiosincrasia histórico-político-operativa la única comparación verosímil es la del Partido Justicialista con el PRI (lamento amargar a believers y emocionales, pero es así). Argentina y México comparten sociedades que no abonan a la teoría del país dividido, y por esa razón (además de muchas otras) tanto el PJ como el PRI tienen que asumir compromisos institucionales mayores por causas de supervivencia política. Es interesante por eso ver la relación que asume el PRI con el sistema político mexicano después de estar en la lona durante 14 años.

El PRI apalancó una renovación generacional con perfil de gestión pero los viejos cuadros no fueron echados del ámbito de decisión sino pasados detrás del biombo para conformar un grupo de consigliori, considerando que los políticos old school compensan aportando más densidad política a las decisiones de gestión, mejorando el balance entre política y poder.

Con la llegada de Peña Nieto al poder, el PRI impulsó el Pacto por México, un acuerdo programático de gestión junto con el PRD y el PAN al que se agregaron otros partidos políticos; entre los puntos del acuerdo, está la institucionalización constitucional del Pacto de modo opcional, lo que permitiría al presidente armar coaliciones programáticas de gestión, es decir, abrir el juego.

Además, Peña Nieto será el primer presidente priista que va  incidir en el manejo del partido (algo que el PJ ya había resuelto con Menem) para intensificar el margen de gobernabilidad mientras el PRI esté en el poder; nuevamente un delicado equilibrio para dosificar política y poder con acción de estado.

La agenda del Pacto tiene ejes centrales: una reforma educativa que se centra en la calidad docente (un tema que la Argentina también tiene que enfrentar, más allá del 6% de PBI que hoy se pone), el ingreso de la inversión privada a PEMEX para recuperar la caída de producción, una regulación de las telecomunicaciones (que abarca a los medios, pero también y fundamentalmente al mercado de telefonía móvil).

La stamina del acuerdo será también una prueba para testear si hay más política que poder: la previsión de la dirigencia mexicana es darle velocidad a las políticas concertadas. Un dato: la economía mexicana ha tenido un crecimiento a la baja en la última década. Como parte de los antibióticos que toma el PRI para soldar consenso político, Peña Nieto adoptó el discurso anticorrupción para subir la vara y encanó a La Maestra para allanar el apoyo social a la reforma educativa.

Pero al mismo tiempo que se adapta a la nueva década, el PRI sostiene su tradición nacionalista, forjada a través de la épica del cine y la telenovela; la constante revisión de lo nacional mexicano nunca transitó por los libros y la academia, sino por la representación audiovisual. La historia política de México se arma en el cine de consumo masivo de la década del ´40 con las películas de Emilio “Indio” Fernández, y con el star system femenino: Dolores del Río, María Félix, Silvia Pinal. Con la caída en desgracia del cine, la telenovela unge sucesivamente a Verónica Castro, Thalía, Lucero. En esa lista de heroínas blancas que actúan la pobreza y el sueño prometido de la movilidad social ascendente está también Angélica Rivera, que se consagró con La Dueña en la década noventista, y hoy es la primera dama mexicana, la mujer de la acción social y de Peña Nieto.

Pero no nos enamoremos de los ejemplos. Argentina tiene su propia agenda: la que en el 2015 (¿o en el 2013?) va a pedir que el partido del orden cumpla en diversos frentes que hoy parecen paralizados, o al menos demorados. Le va a pedir un mejor Estado (no más, mejor), planificación para poder cualificar Justicia Social en una economía moderada, porque por suerte Argentina no vive una crisis económica terminal, ni es un país dividido.