He said: I´m a
minister, a big shot in the state.
Bjorn Kristian Ulvaeus
No existen los “modelos”, pero que los hay…: hasta el 2009, el
manejo “político” del tipo de cambio estuvo contenido dentro de los limites
genuinos que fijó la onda expansiva del tipo de cambio alto y competitivo de
2002-03, y los atrasos deliberados se compensaban automáticamente por los márgenes
de competitividad productiva que la economía todavía tenía “naturalmente”, es
decir, sin intervenciones cualitativas del Estado para ampliar producción ya
sea por vía de inversión o creación de capacidad instalada adicional (teniendo
en cuenta que vía consumo solo se llega a llenar capacidad instalada total a un
80%, por lo tanto para completar ese 20% “ocioso” hay que sofisticar la macro
estatal para construir más mercado).
En 2010 se afianza la decisión política de usar a fondo el
tipo de cambio como ancla inflacionaria, negociar paritarias al alza por encima
de una inflación que ya era alta y generar un aumento del salario real para
lograr que el impulso del consumo tenga efectos más potentes sobre el poder de
compra que los que hubiera tenido si se hacían aumentos de acuerdo a los
límites genuinos que la economía concedía en ese momento.
Con una inflación “buena” del 25%, tipo de cambio clavado y
salario real 10% arriba en dólares se ingresa en un proceso de bienestar de
consumo que ya es artificial (es decir, real pero artificial) porque el manejo político
del tipo de cambio salta por fuera de los limites macroeconómicos genuinos que
había estructurado el modelo inicial: como ya no hay márgenes naturales para la
corrección competitiva-productiva automática del atraso gestado, el shock de
consumo produce efectos reales durante un año y medio (el 54% de Cristina) y se
genera la restricción externa (cepo) que produce inmediatamente la caída de ese
salario real “mejorado”, enviando al asalariado las primeras señales claras de
inestabilización económica.
Al cepo siguieron la brecha cambiaria con el paralelo y la caída
de reservas en un círculo vicioso hacia la devaluación sin exportaciones (es
decir, no competitiva) del verano de 2014, que no resolvió la restricción externa
autogenerada.
En este tiempo, el gobierno no tuvo políticas para afrontar
el problema de la restricción externa. La cuestión no es menor, ya que se
indispone con la agenda desarrollista que los presidenciables dicen impulsar, y
porque afecta progresivamente el empleo y el poder adquisitivo.
Es evidente que así como se repliega sobre la candidatura
única como gesto de defensivismo electoral, el gobierno se apalanca sobre el
65% de consumo del que hoy está dotado el PBI contra inversión y exportaciones,
entendiendo que hay un costo político insalvable en la reformulación productiva
de esos porcentajes de la torta del crecimiento, aun cuando la ecuación
consumista revele una cuenta regresiva contra el empleo … y el consumo.
Las elecciones provinciales empiezan a traducir políticamente
el problema de la restricción externa. La derrota del Fpv en Mendoza es menos importante
en la categoría gobernador que intendentes: el PJ perdió en dos bastiones históricos
como Las Heras y Guaymallén ante candidatos radicales que no pertenecen al
aparato radical (Orozco e Iglesias, dos cobistas que no responden al cornejismo)
y los gansos arrasaron a López Puelles en Luján de Cuyo, lo cual representa un
golpe durísimo para la liga de intendentes de Carlos Ciurca.
En ese sentido, no fue casual el especial agradecimiento de
Cornejo a su compañera de fórmula Laura Montero a la hora de mencionar las claves
de la victoria: el discurso de Montero martilló sobre los problemas de la caída
de la economía provincial y sus efectos sociales sobre el empleo y el consumo (más
que sobre las ganancias dejadas de percibir por los productores) y sintonizó
con la realidad de los mendocinos asalariados directamente impactados por el
efecto de la producción regional sobre la cadena de servicios, transportes y
comercios que viven de ella (el Gran Mendoza).
La elección de Río Negro también expresó que la restricción externa
ya no deja margen de compensación productiva “autónomo” para las provincias. La ruptura con
el kirchnerismo le permitió a Weretilneck construir un adversario al cual le
asignó la responsabilidad por la falta de políticas que preserven la producción
regional y junto con ella, la actividad económica aledaña (incluso las changas
y otros laburos en negro derivados) que no depende de los anabólicos de la administración
pública.
Este esquema de impacto de la restricción externa en las
economías regionales no es novedoso en la historia electoral del país. Mendoza
y Río Negro son economías poco alcanzadas por los regímenes de producción
industrial, y el Estado nacional no implementa para estas provincias correcciones
macro que le permitan asimilar productivamente los atrasos “nacionales” con los
que se “cuida” el 65% de consumo del
PBI; por lo tanto, son las que primero expresan políticamente esta falla en la
macroeconomía del gobierno nacional. Luego siguen las provincias del NOA en
orden ascendente (San Juan, La Rioja), de acuerdo a la idiosincrasia productiva
y la incidencia económica de la administración pública.
Hay que considerar que, más allá de sus arrestos pragmáticos
para tomar deuda china e intra-publica y pisar impos para frizar el tipo de
cambio, el kicillofismo piensa que el atraso cambiario es un presupuesto
distributivo (ay) y que la restricción externa es inexorable y hasta necesaria
para “disciplinar” al lobby industrialista (aaayyy), lo cual explica gran parte
de las medidas económicas equivocadas de Cristina en los últimos años.
En ese sentido, aparece como lógico que Cristina repita para
estos meses electorales el combo atraso-convergencia de salarios e inflación,
aunque ya de más modestos alcances adquisitivos y sustentado solo en el consumo
público ante la caída constante del privado, lo que significa una definitiva
postergación del problema de la restricción externa para el próximo presidente.
Ninguno de los presidenciables se ha referido al tema de la
restricción externa, aun cuando luego de asumir no tengan más de seis meses
para resolver el tema.
Macri considera que va a tener capital político para hacer
cirugía mayor sobre la demanda por la vía monetaria, cuando en realidad el eje
del problema no es ese, ni el instrumental el correcto; Scioli le pone fichas
al endeudamiento táctico para ir “llevando” la restricción externa, sin que
aparezcan dólares genuinos por la persistencia del atraso; Massa, vía Lavagna,
parece el más interesado en generar una inyección de exportaciones que “dolarice”
el comercio externo y trabaje más directamente sobre la restricción, lo cual
requiere una macro muy aceitada (BCRA-Mecon) y un “sacrificio” impositivo del Estado
en favor de la masa salarial intermedia (clase media-baja, pymes,
cuentapropismo) que hoy no recibe “nada” del gobierno.
Ni la inversión ni el endeudamiento, por si mismos, arrglan este tema externo que daña al mercado interno, y la cuenta regresiva tiene fecha cierta para el próximo presidente: se trata de una decisión política que pondrá a prueba el liderazgo y el esquema de gobernabilidad diseñado por quien asuma en diciembre.