Planes de estabilización

Las tendencias electorales que se confirmarían el 27/10 abren una etapa política que suelda algunas amortizaciones, rechaza varias inauguraciones del bienio y boceta los ingredientes básicos para un nuevo consenso. Se completa el “pago” de la AUH. Cesa aquel aspecto de la hegemonía propiamente cristinista que sustentó la macroeconomía en el cepo cambiario y el goteo devaluatorio como políticas unilaterales para amortiguar el stop and go sobre la economía real. Aparece una insinuación social que pide una performance estatal más ambiciosa para afrontar el angostamiento distributivo.

Si el gobierno decidió ir a rebuscar los papeles que dejó el acervo massista de la JGM 2008-2009 (pactar con el CIADI, liberar crédito, cerrar el canje de deuda) es porque no hay tanto margen para sostener los criterios intransigentes para concebir estatalmente la idea de desendeudamiento cuando la continuidad de estos pagos, ahora reflejados en el cupón PBI, no están ya vinculados sólo a procesos económicos ajenos a la década kirchnerista. La negociación social de la “sintonía fina” tiene un primer requisito: se le pide al Partido del Orden que no pendule. No es sólo el pedido de la casta política de gobernadores e intendentes, sino del electorado. Massa emerge electoralmente como conciencia social de ese reclamo. Scioli pretende encarnarlo linealmente desde el PJ, de una manera similar a la de Duhalde en 1999. Cristina asumirá parte de ese pedido si quiere incidir (positivamente) en la sucesión.

Una particularidad de la campaña electoral fue que la discusión económica transitó por caminos muy distantes de los del votante, más allá de la tangibilidad del diagnóstico. Si está claro que la sociedad no quiere volver a sufrir un manejo pendular de la intervención (y omisión) del Estado en la economía porque no hay una crisis que lo admita desde lo político, lo que todavía no alcanza a definir con naturalidad la clase política es la amplitud de temas que sí pueden ser discutidos dentro de un margen que tenga como objetivo la preservación de la estabilidad económica. Si la gestión económica no requiere de ninguna pendularidad, los discursos que se estructuran alrededor de ella parece que sí la requieren, especialmente los que monta el gobierno con lógicos fines de supervivencia, pero que al no reflejar la realidad de todas las posibilidades económicas que la sociedad permite discutir, termina en el descrédito y perjudicando al equipo económico del gobierno. Por lo tanto, es probable que el kirchnerismo continúe hablando del lobby devaluador pero mantenga la devaluación al 30, que hable de vivir con lo nuestro pero abra vías de negociación para tomar crédito externo (toda vez que la combinación con toma de deuda intrapública reduce su margen de fondeo y no alcanza para cubrir la escasez de dólares), que hable de metas de crecimiento pero siga moviendo la tasa de interés para entibiar un poco la cosa.

¿Alcanza con eso? El gobierno podrá pensar que sí, pero lo que reflejan estas elecciones es ese telegrama íntimo que el electorado le envía a Cristina, casi con una evocación menemista: si nos contabas que ibas a tomar estas medidas, no te habríamos votado. La relatividad del 54% (o de cualquier legitimación) es un rasgo de la democracia que la llamada generación intermedia entendió como eje central de su praxis política: al desconfiar de bloques ideológicos que suelden los consensos y conflictos de la sociedad, el voto funciona como un legitimador inicial que luego fluctúa en el día a día de la gestión. El voto da menos derechos que obligaciones, y lo sostiene la gestión o no lo sostiene nada. El voto es cuantitativo, la gestión es cualitativa: el teorema de la democracia (pos) moderna.

Después del 27 de octubre empieza esa agenda árida: ¿cómo se discute productividad con un 40% de trabajo en negro? ¿cómo se sostiene mercado interno con productividad de exportaciones cuando hay un giro reprimarizador de la mayoría de las economías latinoamericanas? ¿cómo se aprende a manejar estatalmente la inflación con caja? Que el kirchnerismo no tenga la voluntad discursiva de situar la discusión en esos parámetros no significa que los hechos no se desencadenen. Precisamente a esa cita muda concurre Massa cuando hace suyo al equipo económico de Kirchner: no para volver a un paraíso perdido que la sociedad no está reclamando en su voto, sino para resituar una discusión política que transitó silenciosamente durante la transición duhaldo-kirchnerista en la “interna” del poder: ¿cómo crecer? ¿qué rienda para la inflación? ¿qué ritmo paritario? Kirchner, Lavagna, Moyano ¿se acuerdan? Massa “participa” oblicuamente de ese debate como custodio de la caja de Anses, y paradójicamente Scioli lo mira distanciado desde el destierro en el Senado.

Hoy el contexto es distinto, pero varias de esas preguntas vuelven. Vuelven con independencia de los deseos políticos que Cristina tenga para encarar estos dos años de gobierno. Vuelven casi socialmente para redireccionar la agenda: qué populismo viable para una economía moderada. Gran parte de la semántica económica kirchnerista no llena esa discusión y la praxis de dos años tampoco dio resultados, eso es lo que denuncia el voto. A esa cita muda, pautada por el Partido del Orden, concurren Massa y los intendentes, quieren concurrir Scioli y los gobernadores, e irá (formalmente) Cristina si quiere plantar un candidato. Son las órdenes que dio el voto: no pendulen, pero discutamos todo.

Bajo el firmamento bonaerense

Algunos nombres para anotar: Martín Llaroyra, Raúl Jalil, Adrián Fuertes, Martín Soria, Omar Perotti, Ricardo Quintela, Carlos López Puelles, Juan José Rainone, Ramón Mestre. No salen en los diarios, no declaran en los medios, no manejan los mismos tiempos políticos que hoy demandan estas elecciones. Pero están atentos a la redistribución política que se produce en la provincia de Buenos Aires: Massa funciona para ellos como un primus inter pares que coloca en una situación optima la discusión del frente fiscal en sus propios territorios; una temática de gestión que, en varios puntos, se une al discurso renovador cuando pasan a hablar de política.

Mientras los gobernadores eligen confluir en lo político-partidario para la foto estática de Matheu 130 (la parrilla herrumbrada que describe con precisión poética Carlos Pagni), existe otra confluencia que ancla transversalmente en la gestión, en las mejores posibilidades que piensan para el circuito de los recursos propios y coparticipados, en la revisión de las alianzas políticas que deja el fin de una etapa hegemónica del peronismo después de la conducción kirchnerista.

El angostamiento distributivo que Nación endosó a las provincias en estos dos años encontró sin reacción a los gobernadores, que no pudieron armar una caja para sostener expectativas políticas: ningún gobernador inauguró obras propias en dos años, por lo tanto menos pudieron provincializar la elección, y cayeron en una merma de votos coincidente con el declive económico provocado por el manejo inconsistente del stop and go por parte de la autoridad económica federal.

Este mismo problema podría aquejar a muchos intendentes que no puedan sostener en el tiempo la administración holgada de sus cuentas, menos por lo que les pueda transferir Nación que por los efectos concretos de la macroeconomía. Lo que hizo Massa, antes que anochezca, fue poner a salvo esa ecuación económico-política que hoy los gobernadores garpan electoralmente (parece que Sergio algo aprendió de Néstor) y que siembra el dilema entre los intendentes efepeveístas que ya sienten en la piel el problema de la agenda y la puesta en superficie, del otro lado del alambre, de una liga de intendentes que ya le empezó a dar cauce político a los mismos problemas que ellos padecen y que tiene en la cúspide la electorabilidad de Massa.

Está claro que el FR es, provincialmente, una liga de intendentes. Pero ¿hay una liga de intendentes del FPV? No, porque no existe una confluencia de gestión que luego muta a política. El agrupamiento municipal del FPV es eminentemente táctico, en defensa de Cristina y Scioli. Podrían tener una agenda propia pero no la tienen, y en esta coyuntura sólo alcanzan a correr desde atrás la programática massista: policía municipal, inflación, presión fiscal a asalariados calificados, descentralización judicial. Saben que esos son los temas, pero además del primereo del FR,  tampoco desarrollaron una mirada propia para pensar soluciones que no estuvieran atadas a la cesión discrecional de fondos de Nación y Provincia; ahora que la espuma baja porque el stop and go llegó para quedarse y el peronismo tiene históricamente pendiente poder armar un populismo módico y solvente sin tasachinismo, los intendentes del FPV no pueden exhibir la gestión como capital político. Ahí es cuando sale a jugar el famoso bonustrackeo del massismo ahora ya en claros términos políticos para construir agenda transversal que no incluye solo al PJ, sino a todos los tipos que tienen algo para gobernar de acá al 2015.

Massa dice: si hemos tenido gestiones exitosas y convalidadas electoralmente que se forjaron desde la asunción de reclamos sociales que estaban fuera de nuestra jurisdicción y sin la correlación de fondos que correspondían, es absolutamente lógico pedir ahora que se nos transfieran las potestades recaudatorias. Si hicimos bien aquello, haremos bien esto. Lo que Kirchner armó por las vías de hecho devidistas improvisadamente y con el teléfono rojo, ahora es un vacío político que Massa quiere llenar por la vía de la institucionalización, basado en la legitimidad popular del bonustrackeo de gestión.

Si Scioli no puede conseguir la cláusula indexada del Fondo del Conurbano, entonces la pedimos nosotros, dice Massa. ¿Qué puede hacer el candidato Insaurralde ante esto? ¿Oponerse? Así como el bonustrackeo de gestión que le permitió al FR ganar se construyó desde la realidad política y no desde la letra de las atribuciones jurídicas, recomponer cualitativamente la caja provincial no tiene nada que ver con lo que hasta hoy entrega Scioli por coparticipación municipal automática invocando atribuciones y leyes impositivas. Lo que le pide la liga de intendentes del FR a Scioli es la expertise política para resolver un problema fiscal estructural que está más allá de las leyes vigentes y más cerca de las necesidades de los bonaerenses. Scioli contesta mostrando la escala de fondos enviados según la ley de coparticipación, bastante influida por la inflación. Son dos discusiones distintas, una más política que la otra. Massa le pide a Scioli que haga política, le pide que represente.

A falta de agenda consistente, Scioli y los intendentes del FPV se recluyen en el PJ, y desde allí se expande el desconcierto de campaña: se menta al “verdadero peronismo”, se hacen spots con la estética de un video para cumpleaños de 15 y casamiento, se considera como acto de campaña ir a la inauguración del emprendimiento textil de Jorge Rial. Una forma muy malentendida del “tenés que parecerte a Massa” que le sugirieron al candidato, una banalización bastante antipolitica que no reconoce bien la diferencia entre forma y contenido, y que no advierte que aunque posmoderna, la política sigue siendo política.

No hay liga de intendentes del FPV porque la unción de Insaurralde no nace de ellos sino de la presidenta. Una derrota del lomense abre la vocación electoral de los demás, que quizás se veían con mejores chances. La visibilización que le queda a Insaurralde después de la elección es relativa, porque así como se sobredimensionó el eventual desconocimiento como déficit de electorabilidad antes de las PASO, ahora lo conoce el 90% del electorado pero no puede sumar, y los intendentes saben que el que salga de ellos tiene que ser un candidato ganador para que puedan pactar por encima del clásico derecho de veto; la resignación defensivista no es compartida por los intendentes massistas, y asoma como el primer problema de cualquier negociación en la cual Massa parece garantizar el logro de esos objetivos (más guita municipal fondeada) por encima de cualquier figura efepeveísta.

Pero la liga de intendentes del FR también construyó representación, leyó la complejidad de los territorios, se expresó a su imagen y semejanza: antes que municipalizar, Massa emprendió una regionalización política, hizo una lectura más integral del conurbano que le permitió ganar tanto en Moreno como en San Isidro, vio mejor la realidad de la Primera Sección Electoral que su oponente la de la Tercera. El conurbano, la composición de los cordones, cambió. Más que realidades municipales, tenemos realidades regionales: hay distritos que son 1º, 2º y 3º cordón a la vez, otros son 2º y 3º, otros son 1º y 3º, y así. El tasachinismo kirchnerista derramó con reparaciones pero desigualmente, y esa nueva realidad debieron gobernar los intendentes. El “conurbano norte rico” y el “conurbano sur pobre” es un mito literario que habrá que desterrar del discurso para que esos territorios puedan ser mejor gobernados. Los bordes del 2º cordón se parecen al 3º que tan bien interpretó Massa: una conjunción compleja de barrios cerrados, countries, parques industriales, barrios abiertos, asentamientos, villitas,  zonas agrícolas intensivas que nuclean a la joven inmigración boliviana y de otros países limítrofes, heterogeneidad social al mango. Tigre, Pilar, Moreno, pero también Ezeiza, Echeverría, Cañuelas, San Vicente, el fondo de Florencio Varela y Berazategui. El mapa del derrame kirchnerista, soja, autos y AUH, la nueva tierra periurbana del 3º cordón (y ya hay un 4º en pañales, porque en las provincias NOA-NEA no hay un mango) donde más dinámica es la actividad económica pos-tasachinista.

Ese caos organizado, que se ve a así mismo policlasista, es el que Massa gobierna y al que le dio una mirada política integrada en la zona norte que ningún intendente del FPV tuvo para la región sur. Un “sur pobre” que ningún intendente gobierna, una Tercera “peronista” cada vez menos homogénea en su identidad política. Mitos. Como la “patria industrial y asalariada” en el país tercerizado del 40% de informalidad laboral.

El derrame kirchnerista trajo más borbotón capitalista. En ese sentido, el conurbano es profundamente kirchnerista, y lo que puede ser paradójico pero no lo es, es que sobre ese territorio de country y villa, de parque industrial y agricultura intensiva, de argentinos y bolitas, de orden, progreso, reparación y desigualdad, Massa construyó una representación política genuina, la de alguien que es de ahí. Blindó la Primera hasta los bordes de la Segunda y la Tercera. 

¿Qué tienen en común los nombres anotados arriba? Son intendentes, casi todos de la región centro, y comparten criterios de gestión muy concretos con Massa. Una agenda fiscal compartida entre la Región Centro y Buenos Aires es algo muy difícil de rechazar a la hora de conformar los equipos para competir en la sucesión del 2015. Si todos los gobernadores le tienen esa misma confianza a su primus inter pares (¿Urribarri? ¿Scioli?), podremos tener una puja sucesoria interesante.

La letra chica

Paulatinamente, la lógica dinamizadora de la interna peronista bonaerense pos-PASO va dejando atrás clivajes extraños al elector de nuestra tierra que la exportación porteña quiso traficar sin éxito por la vía politológica. Parte de la dialéctica cupular del efepeveísmo gubernamental irradió ese lenguaje electoral rígido que tensionó y debilitó las candidaturas provinciales del oficialismo, partida por la agenda que instaló el FR con una dosificación táctica (a una respuesta, un nuevo tema, y así) que ante cada aceptación fáctica del gobierno, confirmó a Massa como el cauce natural de una mayoría silenciosa que vino a poner en una escena más franca lo que sistemáticamente la administración presidencial escondió detrás del árbol del 54%.

En la región latinoamericana ya se toma nota: hay que armar una gobernanza distributiva compatible con el crecimiento a la baja que se viene. Para los gobiernos esto significa repensar alianzas económicas, manejos estatales de la macro, reformas educativas, cierta clase de concertación sindical que comprenda mejor la tramitación de la contenciosidad, nuevas llegadas a la práctica territorial de la asistencia social que estén un poquito por encima de poner guita en el bolsillo del pobre, es decir, amplios márgenes programáticos que están en la cabeza del nuevo proyecto de poder peronista del 2015, pero que empiezan ya a discutirse después de octubre como parte de la interna política sobre el dominio del Estado, la gestión y los recursos en todos los niveles jurisdiccionales. Coparticipar mejor el impuesto al cheque es un humanismo weberiano.

Si Cristina siempre habló de un modelo con metas de crecimiento, se aproxima una discusión política que sin negar el axioma buscará precisar cuales serán esas metas y cómo funcionarán hacia 2015 muy por encima de lo que significa la idea, en cualquier coyuntura, de fogonear unilateralmente el consumo. El sostén y la expansión de la política mercadointernista argentina se nutre de políticas más variadas que el gobierno nacional no ha puesto en práctica, y ligado a esos temas está un incipiente consenso que la elección provincial parece arrojar: una planificación estatal para controlar la inflación. En contra de esa sensación consensual van las declaraciones de algunos candidatos oficialistas que plantean a la inflación (hoy) como parte del crecimiento, hecho que atestigua la urgencia política de redefinir qué se entiende hoy por metas de crecimiento más allá de un keynesianismo for dummies.

Porque la pregunta íntima que se hacen todos en el peronismo es ¿existe margen para construir una hegemonía política con 15 mil palos de reservas? Un eventual terreno inhóspito para quienes construyan el peso de su representación sobre muchas continuidades y pocas rupturas, el riesgo del neopoder licuado en la víspera. En este dilema se inserta la disputa intraperonista, y entra a pesar fuerte el esquema de alianzas políticas que elija el peronismo para presentar su oferta electoral ejecutiva: visto el fotograma actual de esa película, el FR luce más activo que el FPV en esa construcción.

Pero además hay que mirar bien la letra chica del contrato electoral que va armándose en la PBA como expansión de un sentido común mínimo, y que nosotros señalamos con el lápiz rojo por ahí arriba. Con un excesivo defensivismo coyunturalista, el oficialismo prefirió leer el resultado de las PASO como un estricto y estático voto castigo antikirchnerista. Sin embargo ya en las PASO se verificaba que la germinación electoral del FR era de un alto componente kirchnerista (Massa cazando en el monte del 57% provincial del 2011) y las características propias del candidato hacían pensar en un catch all dinamizado con rumbo a octubre que si se termina expresando en una diferencia porcentual de 10% o más, será menos la expresión de un voto antiK que la de una opción proyectada que suture y supere esa dicotomía política que no está sustentada por ninguna agenda política de masas. La encuesta naranja, en términos de referencia y aún en contra de sus intereses, también parece confirmarlo.

Sucesión intestada

Que Massa cante la balada del primer cordón habla menos de una estratificación estática del voto del que se nutre la interna peronista bonaerense que del mecanismo de inserción electoral en esa disputa. Luego, el hecho electoral consumado abre la puerta a los más misteriosos comportamientos de los votantes. Ahí comienza una dinamización del voto que abarca también (cómo que no) al 30% de núcleo duro que acompañó a todos los oficialismos (y oposiciones) peronistas que gobernaron el país desde 1989.

El período 1983-1988 dejó como huella política para el peronismo la necesidad de contar con una ecuación de electorabilidad + territorialidad para tallar en la interna. Con una de las dos no alcanza. La interna general de 2005 confirmó el combo: el frepasismo residual del FPV + algunas estructuras justicialistas cruzadas a mitad del río le arrebataban la representación al PJPBA. Como bien comprende el invalorable Carlos Pagni, la representación política no puede avanzar y consolidarse para ningún grupo político por fuera de esa doble condición.

Es lógico que ante una situación de debilidad poselectoral ese sector del peronismo solicite internas para intentar una reducción de daños ante el efecto frejudepa. El pedido de Scioli es personal: trata de evitar que quede descabezada su electorabilidad, pero poco parece interesarle el otro aspecto del combo. A Massa no le interesa esa “interna” que propone el oficialismo por dos razones: porque todavía no comenzó aquel proceso de dinamización del voto peronista, y porque considera que la única interna válida en esta etapa acaba de suceder: fueron las PASO.

Paradójicamente, la instalación de la electorabilidad en la disputa de poder peronista debilitó la importancia relativa de la otra creación (esta sí expresa) de la renovación ochentista: la interna con formato cerrado de afiliados. Hoy vas a visitar a un puntero y lo que menos tiene son fichas de afiliación. Lo que no comprendió cabalmente la Renovación fue que la electorabilidad no era producida ni definida por la interna, sino que se trataba de un fenómeno político que la excedía y se construía desde otro lugar. Tampoco tenía una relación lineal con lo que producían los aparatos territoriales: los triunfos de Menem en la interna cerrada del ´88 y Cristina en la interna general de 2005 lo confirman.

El avance lento y contradictorio de este proceso en la política territorial peronista produjo esa nueva camada de intendentes elegidos mayormente con el ocasional sello del FPV en 2007, y que pasan a tener autonomía y proyección política propia bajo la herramienta electoral Frente Renovador. Munido de un caudal consolidado de electorabilidad-territorialidad, Massa puede presentar una agenda de temas que disloca “las prioridades” de los PEN nacional y provincial, pero que al mismo tiempo pone en evidencia y discusión las limitaciones defensivistas que se autoimponen los intendentes del FPV. La zanja bonaerense que separa a los que prefieren protegerse en el tradicional “derecho de veto” y los que pretenden extender la acción política hacia una nueva geopolítica del peronismo bonaerense sintetizada en el “derecho de imposición”. Tras la disputa electoral FR-FPV emerge esa división conceptual (largamente taponada por el desfinanciamiento intelectual que sufrieron los PJ nacional y provincial en esta década), y esto explica en parte por qué el candidato efepeveísta debe correr detrás de la agenda de Massa, aunque más no sea para reproducirla con delay. Quién mejor afina es quién mejor representa.

En el peronismo, la pretensión de instalar “la hora partidaria” es el reflejo de momentos de debilidad y defensivismo profundo. Más todavía cuando todos los actores de la política territorial perciben que este pedido se hace a destiempo. Esto explica por qué Scioli pide interna, y porque a Massa no le interesa la situación del PJ. Massa sabe que la construcción de territorialidad se hace autónomamente, con tiempos políticos distintos a los que quieren imponer las conducciones ocasionalmente institucionales y que esa (re)construcción se hace al calor de la tensión sorda entre la liga de intendentes y la liga de gobernadores.

Scioli ha apelado a la consigna “unidad para la gobernabilidad” para transitar estos dos años. Se trata de una visión demasiado estática de la situación política, y bastante desautorizada por los números de las PASO: la ampliación de la representación peronista en la PBA se nutre de una transferencia de votos que degrada las posibilidades de un espacio no peronista. Por lo tanto, la gobernabilidad no está en riesgo.

A tal punto despreocupa a la militancia el fantasma del “peronismo dividido” que hasta el propio Movimiento Evita transita con mansedumbre y tranquilidad la exploración de sus afinidades electivas: el productor de la película lo prefiere a Scioli; al que viene de bautizar a su niño en Santa Marta le tira Massa; y algunos sectores juveniles esperan con calma el salto a la cancha del candidato del kirchnerismo (es lógico que así lo piensen: hay un 10-15% de padrón kirchnerista que nunca votaría a Scioli.)

Tradición y modernidad

Ni aun dando recitales gratuitos del Chaqueño y Los del Fuego fueron a votarlos, la política es ingrata. Docencia y democracia son antónimos. La historización de la realidad no es la víscera más sensible.

Todavía la lectura política de la PASO está anclada en lo que “le pasó” al kirchnerismo. Casi nadie analiza desde lo que “le pasó” a la gente. Hace algún tiempo dijimos desde acá que Cristina había ingresado en una espiral acelerada de subrepresentación que se relacionaba con dificultades decisionistas frente a la neoagenda parida en años no atribuibles a hegemonías anteriores al kirchnerismo. Se fue el sindicalismo, se fue la clase media despolitizada, se fueron los intendentes. La única verdad es la representación, aun esa “menos liberal” que desarrolla el peronismo en las mediaciones múltiples del segundo cordón.

Argentina tiene un sistema político sólido, con un subsistema peronista que magnetiza todas las representaciones. No existe una crisis económica terminal. En estos diez años, el FPV no se vio amenazado por ninguna correlación de fuerzas estrechada en el sistema de partidos. Por eso, lo que se ve cada vez con mayor claridad en estos dos años es que el gobierno no se está honrando a sí mismo como Partido del Orden. No está haciendo todos los deberes que esa tarea requiere. Viendo los datos electorales de los conurbanos del país (y si no hay cambios sustanciales en la elección de octubre), surge que la AUH se amortizó en un 70% con los votos del 2011. Y la pregunta lógica: si este desequilibrio del garpe no está relacionado ya con un problema irreversible de representación.

El gran pecado en el peronismo: ir a contramano de esa idiosincrasia y pedir a otros que armen un partido y ganen elecciones. Porque esa detección provendrá del propio peronismo, como hizo Massa. Y ahí radica también el dilema de Scioli: no saber con qué grado de velocidad se está gestando esa representación en la cabeza de la sociedad. Porque como sabemos, el Partido del Orden tiene un pacto tácito con la sociedad: la voluntad irrenunciable de representar a todos, aun cuando los dos sepan que ni todo ni todos pueden ser representables.

Contra la jauría humana

Los tribunales de familia son la esperanza de los pobres. La guitita de un depósito judicial que deriva de un alimentos, una guarda, o el que espera la sentencia de divorcio para gastar algún canuto en pesos en el nuevo rodado que lo haga subir un peldaño en la ascensión motomelista. La medida preliminar que hace que la cana lo pueda sacar al tipo de la casa para que la mina y la hija puedan volver a ocho días de la cagada a palo y la posterior amenaza de suicidio, la secuencia habitual del melodrama periférico (“nunca agarrés una violencia, es un quilombo y no te pagan, todo pérdida”), los que van a tramitar erradamente la AUH, la abuela política que necesita que salga la tutela porque el pibe juega al fútbol en inferiores y lo tiene que autorizar a viajar al interior en la perspectiva soñada de la salvación. Los tribunales de familia son (también) el primer mostrador del Estado.

Los tres niveles de la Administración tienen concepciones y acercamientos diferentes sobre la “democratización y acceso a la justicia”, un tema que se puso de moda en los últimos meses menos por satisfacer urgencias operativas que por las derivaciones de una agenda nacional que superponía los coletazos judiciales del litigio con Clarín con la necesidad de sostener poder a través de un formato electoral que unificara al país como distrito. De ahí salió una reforma judicial más englobada en la idea de corporación que en la facilitación del acceso a los estrados del juzgado.

Carecer de jurisdicción no obstaba al PEN a desarrollar políticas para mejorar el acceso a la justicia por la vía de convenios con la provincia y los municipios. Puntualmente y desde 2009 el gobierno nacional vino instalando los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en el territorio nacional (van 50) con la misma modalidad unilateral y compartimentada de los CIC que lanzó Desarrollo Social. Los CAJ brindan asesoramiento jurídico gratuito, pero básicamente son un centro de tramitación de las políticas públicas nacionales (AUH, SUBE, DNI, TV digital) que no están pensados para tener una vinculación operativa con el servicio de justicia y el acceso a los tribunales. La política de los CAJ no está articulada con la justicia bonaerense, ni se inserta en la política de descentralización judicial que lenta y contradictoriamente viene intentando la PBA desde hace una década. A base de convenios y financiamiento, el gobierno nacional podría haber colaborado con un plan acelerado de descentralización judicial (así como planificación federal avanzó junto a intendentes en la obra pública) que facilitara el acceso a la justicia en los fueros conflictivos (familia-menores-responsabilidad juvenil-penal) que están en la primera línea de demandas de los sectores más pobres del GBA.

En 2004 la gobernación Solá arrancó con la descentralización de unidades de gestión penal (fiscalías y defensorías) para simplificar y acelerar el proceso y facilitar el acceso a la denuncia a sectores sociales que representan el 90% del patrocinio oficial en el sistema judicial bonaerense. Además, el emplazamiento de fiscalías en los municipios permitió censar los casos y armar un mapa del delito que pudiese servir como dato duro para innovar en las políticas de seguridad pública. Existe un consenso entre los intendentes: la descentralización puso al fiscal a tiro del reclamo, gana en la disputa de confianza social frente a la policía (denuncia), y participa de la responsabilidad política que transmite el intendente. Los resultados positivos hicieron que Scioli continuara la distribución territorial de unidades de instrucción. Sin embargo, el ritmo se hizo más lento y fue ahí cuando algunos intendentes, frente a la demanda social, se pusieron al hombro los convenios ya firmados con la Procuración General provincial y empezaron a participar del financiamiento y a brindar el espacio físico para reacelerar lo que desde la Provincia se ralentaba. Los intendentes ya tenían experiencia en el tema: el reclamo por inseguridad los había involucrado en la compra de patrulleros, pago de combustible, horas extras y servicios adicionales como complemento de las obligaciones que dejaba de afrontar la gobernación. Era la alborada del bonustrackeo. Sucede que, en el mejor de los casos, los vecinos tienen al gobernador a 40 kilómetros, y al intendente a 40 cuadras.

En 2006, Felipe Solá sacó la ley 13634 que dictaba la reforma y descentralización de la justicia de familia y el fuero de responsabilidad juvenil, buscando los mismos objetivos que se alcanzaron con la justicia penal de instrucción. La ley fijaba una etapa de descentralización a cumplirse en un año desde fines del 2007, pero Scioli suspendió los plazos y no avanzó en la creación de los nuevos juzgados unipersonales de familia descentralizados. Scioli tampoco impulsó una segunda etapa de descentralización de las unidades de gestión penal que surgía como lógica, y que hoy está en el programa político de la liga de intendentes que comanda Massa: la creación de Juzgados de Garantías en los municipios (para acelerar la sustanciación del proceso y la investigación de delitos) y de fiscalías especializadas (violencia de genero y familiar, drogas).

Este cuadro de situación deficitario (que no sintoniza con el reclamo de amplias franjas del electorado bonaerense, ni con el tramo discursivo en que los políticos declaman querer democratizar el acceso a la justicia) es el que parece querer traducir en propuesta política el FR en la legislatura bonaerense.

La liga de intendentes revisita y actualiza el “gobernar es poblar” al cambio que surge de la desmesura demográfica de sus territorios. De alguna manera, la gestión produce política. Y dicen: el funcionamiento de las instituciones estatales está pensado para una ciudad (con)urbana que no existe más. Los intendentes piden que se pase del formato de cabeceras judiciales departamentales (pensado cuando los municipios eran menos poblados que las provincias) que hoy paraliza y hacina al servicio de justicia penal y de familia, a la conformación de polos judiciales por municipio que centralicen en el distrito la competencia territorial, la sustanciación completa y acelerada del proceso, permitan acercar el servicio de justicia al barrio, y le faciliten al intendente controlar la función policial.

La reforma judicial proyectada por el PEN que se mancó en el control de constitucionalidad no preveía programas de financiamiento con municipios para un avance integral en la descentralización de los órganos judiciales provinciales; hace unas semanas Cristina pareció ambiguamente pronunciarse a favor de esta política (aunque hasta ahora sin consecuencias prácticas) justamente mientras inauguraba un centro de monitoreo de seguridad en el GBA sur hecho a imagen y semejanza del COT que Massa implementó hace algunos años en su distrito, y que todos los intendentes vienen tomando como política de seguridad para sus propios municipios. Lo cierto es que ni los CAJ ni la reforma frustrada tienen que ver con un mejor acceso a la justicia allí donde ésta produce una situación conflictiva y de desprotección frente a la sociedad. Y Scioli tampoco parece tener una política clara y vigorosa que amplíe el proceso de descentralización: en este rubro el gobernador también prefiere flotar y ver qué pasa.

La liga de intendentes piensa la política judicial desde el lugar de los hechos. Para la clase de políticos que está fuera del mercado de la gobernabilidad y que por lo tanto no está obligada a fidelizar con el electorado, estas propuestas empiristas podrían ser el síntoma de otro paso en la decadencia del sistema político. No es así, pero en cualquier caso esa no es una discusión que le interese mucho a la sociedad ni a los gobernantes consustanciados con la producción de representaciones. Y está claro que frente al funcionamiento de la justicia hay miradas políticas diferentes entre Cristina, Scioli y Massa.

La nación privilegió una mirada abstracta de la justicia como “corporación” y ni ese abordaje ni la creación de los CAJ tuvieron resultados prácticos sobre la situación del acceso a la justicia. La provincia frenó la descentralización. Y los intendentes consideran que la lógica de una reforma empieza por el acercamiento operativo a los sectores que tienen más complicado el acceso regular a la denuncia, ya sea por razones materiales, económicas o por desconfianza hacia la institución policial. De alguna manera, la gestión produce política.

FPV vs. FR

El consenso unió a las minorías intensas: quieren que Massa hable. Quizás porque se vean urgidas a abastecer a ese ¿15%? del electorado nacional que justifica la existencia del periodismo político y sus derivados gráficos y digitales. Porcentaje calificado que disminuye dramáticamente en el electorado bonaerense. Y parece ser que Massa disfruta de ese síntoma ajeno, el otro día anduvo por San Miguel y gastó a los periodistas políticos “que se disgustan” porque no arma actos de campaña.

Mientras Cristina intenta nacionalizar la elección, Massa la provincializa, la municipaliza, la minimaliza, la lleva a la esquina árida del Estado donde el discurso cede al cuerpo a cuerpo de la gestión y su prosa de la ética de la responsabilidad ampliada. Pero puede haber una percepción errada, ¿Massa habla o no habla?

Digamos que desempolva una vieja tradición peronista: habla por otros. Quizás los que creen que la política empezó el 25 de mayo de 2003 no estén habituados a esta práctica: hablar a través de otros para poder decir uno mismo lo imprescindible en cada tiempo político. Porque quizá como pocas veces durante la década kirchnerista, sea esta etapa cristinista la que mejor exprese el malgasto de la palabra política, una barroquización berreta del discurso que inclusive impacta negativamente en parte de esa audiencia del 15% tan apegada a la anormalidad del consumo político.

La administración dosificada del discurso es insoportable para los que viven del business del país dividido. Llamativamente algunos candidatos del FPV compraron esos argumentos minoritarios para afrontar la disputa electoral con Massa, ahondando una presunción que ya se empezaba a evaluar dentro del peronismo bonaerense: que el problema político del kirchnerismo comenzaba a residir en lugares más concretos que el de la batalla cultural. El pase de Giustozzi al FR (el tipo más votado de la Tercera) no puede leerse de otro modo.

La disputa FPV-FR expresa la clausura de una gran esperanza militante que la Renovación fomentó a través de mecanismos operativos: la posibilidad de que el PJ defina sus candidaturas en internas. Las PASO (como se desplegó en la práctica la relación partidos-candidatos-electorado) terminan por desalentar la competencia interna, pese a que se dijo concebirlas con el fin opuesto.

Pero además la conformación de las listas del FPV y FR son la marca de agua de situaciones políticas que exceden la coyuntura electoral: ante la lista territorial del FR, Cristina se vio obligada a adoptar un perfil “reductor de daños” de las candidaturas para equilibrar el piso de electorabilidad desde el cual se parte hacia la elección. Pero ese avance relativo de la territorialidad en las listas del FPV transita una tensión sorda: la que existe entre la idiosincrasia política de los intendentes y la de la conducción nacional. La decisión de la liga de intendentes del FR es construir poder y política desde la propia singularidad que representan, e irradiarlo a todo el peronismo realmente existente; puede salir bien o mal, pero lo que deja a la vista la disputa electoral bonaerense es que cualquier construcción de poder territorial solo puede crecer por fuera de esa tensión para lograr expresar además de un proyecto de poder, una visión de la política y la gestión que tiene pretensiones de nacionalizarse.

Aquella tensión se ve cuando los candidatos del FPV apelan a la debilidad discursiva de “leales y traidores” para leer la coyuntura electoral. Por lo tanto, es posible que un triunfo del FPV en la PBA haga fluctuar en favor de la conducción nacional el peso ganado por los territoriales en las listas (Cristina no pasa por el tamiz electoral y tendrá más margen para capitalizar un triunfo, y podrá volver a sellar las listas en el 2015 porque cualquiera sea el escenario con el que se llegue, esa táctica es la que más le conviene). Ese riesgo de fluctuación corrosiva es el que hace que algunos intendentes del FPV sean testimoniales de la boleta distrital para defenderse de la tensión. Sin embargo, la postulación de Massa como dato superficial del armado de la liga de intendentes (cuyo germen es el grupo de los ocho que fomentó NK para armar un kirchnerismo crítico que oxigenara y mantuviera unido al peronismo bonaerense) contribuye a sostener la tensión en el efepeveísmo y deja el proceso abierto con rumbo al 2015.

La estrategia electoral de Massa (que tanto mortifica a las minorías intensas de todo pelaje) parece trabajar en tres tiempos: uno posado en las PASO, otro en octubre y un tercero que prescinde de la situación electoral para poner el ojo en el trayecto a 2015 (porque la liga de intendentes, mientras tanto, tiene que gobernar). Esta pluralidad de intereses es lo que diferencia al FR de una candidatura opositora clásica como las de FDN y MS sin anclaje territorial y gubernamental. Pero Massa también causa dificultades en el FPV al abrir la brecha de tensión que antes describimos.

Para Massa, la coyuntura electoral tiene una motivación instrumental: necesita “pasar” por los votos para sentarse a la mesa de los que discuten la sucesión peronista en 2015. Una cuestión que a varios gobernadores les resolvió la lógica del sistema electoral en 2011, pero que un intendente, por más poder de fuego distrital que tenga debe refrendar en el turno electoral en el que la provincia se conforma como distrito único a tales fines. En cualquier caso, Massa saldrá de la elección con un volumen de votos propios bonaerenses que le permitirán tener: 1) capacidad de veto y 2) capacidad de imposición, en la UFC sucesoria. Del lado del FPV el prorrateo de costos-beneficios parece más difuso: es muy difícil que Insaurralde (y por lo tanto, el bloque de intendentes) pueda acaparar los votos bonaerenses como propios, a causa de la tensión sorda que marca la dinámica interna del kirchnerismo.

La conformación política del FR también está pensada en “tiempos”: Massa parece conocer profundamente al peronismo y su 30-35% consolidado bonaerense. Como dice muy bien el patriarca Manuel Barge, la base expansiva de Massa (hoy) está en el diferencial FPV que va desde el 32% que sacó NK en 2009 hasta el 56% que obtuvo CFK en 2011. Massa trabaja desde esa base para abrir el abanico, y la formación político-electoral que hay que presentar para esta etapa es una transversalidad con eje peronista que fidelice eficazmente con el electorado. Tanto en 1985 como en 2005 las formaciones peronistas (FREJUDEPA y FPV) que desafiaron al PJPBA para litigar en la interna general instrumentaron el formato peronismo blanco + transversalidad para operar el traspaso del “aparato” justicialista; el problema llegó cuando tanto el cafierismo como el kirchnerismo pensaron que el elemento transversal además de eficacia electoral, tenía eficacia gubernativa. Ganar elecciones es una cosa, gobernar otra muy distinta.

En el caso de Massa, el anclaje territorial del FR (intendentes preexistentes a la herramienta electoral) es un rasgo distintivo que no existió en la experiencia efepeveista (un avatar fundado por un gobernador de provincia feudal cuando llegó a la instancia nacional del poder, una construcción política de arriba hacia abajo) y que puede reestructurar las relaciones políticas dentro del peronismo, o por lo menos hacerlas embrionariamente novedosas.

En este aspecto la neotransversalidad que desarrolla Massa no descansa en política ideológica (y sabemos que esto es un drama para los minoristas intensos y para los kirchneristas lúcidos porteños que tienen en tan buena estima a las “definiciones”) sino en política gubernamental: se forja en la asociación de intendentes, y lo que esté por arriba de eso es la espuma. Sobre esa base, Massa ha transformado y subordinado al PRO bonaerense en una línea interna de su dispositivo electoral transversal, lo mismo hizo con un sector de la UCR, y por que no decirlo, del FPV.

Quizás donde mejor se refleje esa neotransversalidad espumante del FR sea en la conformación del nuevo bloque massista en el Senado bonaerense: 2 vienen de la UCR, 4 de Unión-PRO, y 5 del FPV.