En la
Argentina , una reforma integral de la codificación penal está
condicionada por dos problemas previos que la pueden tornar inconducente o agravar
el funcionamiento del sistema penal: la situación real del sistema
penitenciario y el estado operativo de la justicia procesal-penal.
El
anteproyecto que armó Zaffaroni con la oposición para Cristina está atravesado
por ese contexto, en el cual se adoptan ciertos principios filosóficos para
estructurar “la parte general” del presunto código (determinación y
cuantificación de la pena, concurso de delitos, atenuantes de la pena, penas
sustitutivas a la prisión, eliminación de la reincidencia) que son minoritarios
dentro la teoría penal y que son al menos incompatibles con la practica forense
y el sistema penal argentino vigente (es decir, la legislación y las
instituciones), y por lo tanto, “abren puertas” para que el sistema (los
jueces, y las áreas de ejecución penal) morigere penas de prisión atadas a
libertad condicional (que ya no controla en la práctica) para agravar la
situación con penas alternativas a la privación de la libertad de más difícil control
por el Estado: no hay infraestructura administrativa para el código que quiere
Zaffaroni, y las condiciones de impunidad e indefensión de la sociedad
probablemente se agravarían.
Por lo tanto, Massa parte desde una zona tangible del
problema que el anteproyecto evidencia, y que evidentemente se cuece en una faz
práctica que el tigrense adopta en el cruce de inseguridad y justicia. Massa se
“aisló” de la oposición para juntarla con el oficialismo y desde ahí
diferenciarse en un tema que es muy sensible para una mayoría de la sociedad
que sufre la inseguridad, pero que más allá de “la demagogia y el oportunismo”
halla una raíz concreta de peligro en las fallas del anteproyecto.
El kirchnerismo tiró a Zaffaroni y su academicismo (muy
valorado en los congresos penales latinoamericanos donde se florea con su muy simpática
teoría personal de la pena), se adentró en una discusión estéril sobre la
inviabilidad de la materia penal en los arts 39 y 40 CN, pero la discusión es más
política, y si Massa mete 5 palos de firmas para instalar el tema no ya en los
medios sino en una parte importante de la población, es porque tiene 24 intendentes
en la PBA y otros
tantos en el resto del país que con “medios” para salir a “militarla” (mesitas,
volanteadas) y frente a lo cual los intendentes del fpv y Scioli pagarían un
costo político si quisieran salir a oponerse. Es la política, estúpido, parecería
decir Massa cuando lo mandan a “estudiar”.
Pero donde el anteproyecto tiene fallas graves es en la
legislación sobre delitos de narcotráfico, donde la reducción en la escala de
penas es muy significativa sin que haya razones que lo expliquen: pasa de 4 - 15
años en el CP vigente, a 3 a
10 años que fija el anteproyecto, poniendo a tiro de la excarcelación a todos
los tipos delictuales hasta ahora exentos (producción y comercialización de
estupefacientes, financiamiento y organización de la asociación para fines de narcotráfico),
mostrando en ese tramo además una técnica legislativa bastante defectuosa
contra la que tiene la ley 23737 vigente. Esto ayuda a considerar socialmente
que el gobierno minimiza la situación narco en el país, en tanto la reforma se
apruebe en estos términos, cuando se trata de un proyecto propuesto por el
oficialismo.
