Fuera del malabarismo monetario del BCRA, no se ven “esfuerzos”
del Estado en el manejo de la economía que permitan pensar, de manera viable,
en un modelo económico “más allá de 2015” desde el oficialismo en una faz
estrictamente continuista como la que predican, al menos implícitamente, todos
los precandidatos efepeveístas.
Por coyuntura, pero también por decisiones políticas,
Cristina avala un rumbo económico que se indispone con el “trayecto” que piensa
para sí el partido del orden, y por lo tanto, que también se indispone con la
zona social donde gravitaría una representación mayoritaria luego del 2015.
La paradoja: el kirchnerismo “maneja” la economía hoy pero
se excluye del debate por la economía que viene, justo cuando esta última es la
que genera la construcción de expectativas políticas en la población.
Quizás no sea tan llamativo que el kirchnerismo se excluya de
la “promesa neodesarrollista” que aparece en el horizonte del 2016 como una
zona más ambigua donde los presidenciables van a expresar la disputa entre “heterodoxias”
más o menos eficaces (Frondizi como significante vacío) y no tanto la batalla
final entre un modelo distribucionista y una regresión neoliberal, si
entendemos que la política económica que aplica y avala Cristina (y por lo
tanto el fpv como partido de gobierno) es conceptualmente contraria a aquella “promesa”.
En este sentido, la actual conducción económica del gobierno
expresa una histórica impugnación conceptual a la macro neodesarrollista, lo
cual explica gran parte de las medidas económicas que se vienen tomando desde
2010-2011 y que terminaron por autogenerar un escenario de restricción externa
totalmente incompatible con la expertise económica del partido del orden.
La histórica predilección de Kicillof por el tipo de cambio
real bajo (un punto de partida que en las economías subdesarrolladas no deja
margen para el crecimiento acelerado inicial que se necesita para robustecer la
macro y poder “derramar” y distribuir con cierta estabilidad) expresa una cierta
visión conservadora de la capacidad expansiva de la producción, de la capacidad
estatal para “transferir” PBI a exportaciones e inversión (dólares) y por lo
tanto, de la capacidad “política” para controlar
la demanda interna.
El desinterés por gestar políticas que trabajen sobre esas
variables quizás explique también por qué el equipo económico de Cristina
considera que la puja distributiva es una constante irresoluble que no merece
atención política ni aun en el actual tramo inercial del ciclo inflacionario.
En un plano más político, quizás también explique por qué el kirchnerismo se
quedó sin alianzas sindicales que fueron constitutivas para “manejar los
tiempos” de la distribución en el 2003.
Hay otras creencias del equipo económico del fpv que
contribuyen a la realidad recesiva: desconfiar de la incidencia del tipo de
cambio real alto en las elasticidades del comercio exterior, desvincular
demanda e inflación (promover el siga-siga al costo de la restricción externa,
con mayores costos que beneficios en el poder de consumo y sin un cálculo
político certero, ya que la elección de 2013 la perdiste igual), sobrevaluar la
incidencia de las retenciones en el desacople “antiinflacionario” del precio
internacional de los commodities, y considerar que el mercado interno se
autosustenta sin elementos externos (sin dólares), una visión que, sí,
funcionaba en los ´50 y ´60.
Se tratan de demasiadas variables reales desechadas en favor
de una planificación estatal vía micro-cambios múltiples que “compensarían” la
apreciación cambiaria real y su inherente crecimiento bajo como vía hacia la
industrialización, pero que el gobierno ni siquiera implementó embrionariamente,
básicamente porque se “muerde la cola” con el tipo de cambio bajo que Kicillof
prefiere.
Además, la teoría de la planificación estatal implica un
Estado virtuoso y sin fondo que financia todo aquello que el sector privado
abandona, en vez de asumir una mirada más realista que contemple las propias
limitaciones financieras del Estado y una intervención directiva más panorámica
que pueda “anticipar la jugada” en el mercado, ante la virulencia rentista de
los empresarios.
En la promesa neodesarrollista de los presidenciables
habita, aun con las limitaciones del caso, una discusión más concreta de la
relación entre el Estado y la economía, que requiere de una conducción política
que arme una concertación sindical mucho más profunda que un mero pacto social:
el próximo presidente deberá generar una alianza política que refleje el corte
transversal que existe dentro de la dirigencia sindical peronista en favor de
una generación intermedia que llega a la conducción de los sindicatos con una
nueva agenda que supera largamente la simple negociación de una paritaria.
Las garantías distribucionistas ya no se colman con el % de
una paritaria ni con la guita que pone el Estado por las asignaciones directas.
El statu quo sindical que banca la recidiva cristinista ya expresa problemas de
lectura política (Smata pidiendo palo para los troscos por su propia defección
basista) que el próximo presidente deberá reconducir.
Aún cuando invoque una “agenda de desarrollo”, Scioli está
inmerso en una continuidad subordinada al tempo económico axelista que sufre
toda candidatura efepeveísta. Pero además su propio proyecto naranja basado en
la minería para todos (sin una Codelco que le otorgue viabilidad al proyecto)
tiene una tendencia reprimarizadora que choca contra la lógica desarrollista y
no sutura la absorción de empleo que reclama el mercado interno.
Así es como Massa aparece tensionando en ese rubro con el
oficialismo, por las señales que envía con su equipo económico en favor del
tipo de cambio real alto por un lado, y la renovación sindical por el otro.
Macri podría sumarse al lote si dota a su ponderación
frondicista de ciertas posturas concretas; de Massa lo separa una línea clara,
que es la misma que separó a Lavagna de Prat Gay en 2003: Macri parece más
partidario de metas de inflación rígidas con tipo de cambio libre (es decir,
bajo y desenganchado del mercado interno) mientras que Massa va a unas metas
flexibles de inflación con tipo de cambio administrado. En el fpv parece claro
que sea Scioli o no, se prefiere un tipo de cambio bajo y atrasado que se “corregiría”
con planificación estatal y alta dominancia fiscal, bajo una creencia errada (y comprobada en estos años que llevaron a la restricción externa y la recesión con alta inflación):
que el voluntarismo en la micro modifica el comportamiento de la macro.
En un punto, esta
discusión de “heterodoxias” está subordinada a una necesidad estrictamente
política: saber cuál de estas propuestas, técnicamente, combina mejor los
mayores ratios entre crecimiento económico y años de estabilidad, teniendo en
cuenta que ya no habrá expansiones de PBI, empleo y distribución tan rápidas
como las de 2002-2003.
