El ebook de poesía que hay que leer antes de la primavera.
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Lo que la ralentización del dólar macroeconómico no va a cambiar es la propiedad inflamable de la reacción social bonaerense ante ciertos hechos (que en un silencioso corredor subterráneo se acumulan como un pasivo político) que pincelan el mapa de la inseguridad pública en ese territorio provincial que cada dos años, instituye o revoca las bases mínimas de una hegemonía nacional. Ahí (y no en otros lugares que suelen adjudicarse la politicidad consciente de sus acciones), en ese conglomerado electoral que un tipo como Marcelo Sain no se cansa de considerar como lombrosianamente conservador, aparece el conflicto concreto de la demanda por el servicio de seguridad pública, que, una vez roto el vallado estatal realpolitiker (aka intendentes), se empieza a comer a la política. Lo cierto es que Daniel Scioli inaugura su última gobernación con un acuartelamiento policial que se origina en un error político grave, porque hay un momento que Scioli no maneja bien: el de la política propiamente dicha, por encima y por el costado de todo aquel sentido común de la gestión gubernamental que Scioli puede surfear mejor porque ahí los errores son más fácilmente disimulables. Pero el error no forzado de Scioli no es un problema que surja de la relación administrativa entre el poder ejecutivo y la policía, del “deber ser” sainiano de esa relación, sino de la política como esa percepción intuitiva del que “va leyendo” todo el tiempo para tomar las decisiones políticas. Leer la calle para tomar las decisiones políticas. Las decisiones políticas (la intuición) son el antídoto contra el amateurismo. Al otro día del acuartelamiento policial, si vos ibas a un Bapro o pasabas por la puerta de alguna casa de cambio del conurbano (donde los que siguen haciendo cola al rayito del sol para comprar dólares no son, precisamente, de clase media, no, no, son los padres de los wachis), ibas a escuchar a los guardias policiales charlando del acuartelamiento. Y eso es un problema. Para Scioli. Para la conducción estable del estado provincial. Es un problema para los que gobiernan, para los que tienen que desarrollar alguna clase de coordinación con las fuerzas policiales; para que el estado funcione todos los días.
La posición del estado nacional frente a la seguridad pública debe ser colocada en el lugar que objetivamente le corresponde: en el de un estado que no tiene jurisdicción sobre la política de seguridad de las provincias sino a través de la colaboración secundaria de las fuerzas nacionales de seguridad (federal, gendarmería y prefectura) y que por lo tanto tiene un alcance más declarativo que operativo sobre la acción territorial concreta (que es lo que aparece en el radio de visibilidad cotidiana del trabajador que reclama más seguridad). Es interesante ver como Scioli incurre en el error a causa de una lectura política distorsionada: Daniel piensa que está obligado a sobregirar lealtades allí donde nadie se las está reclamando, ni se las reclamará nunca. Que sé yo, después de jugar un fulbito con los pibes de Villa La Ñata Fútbol Club, ¿va Scioli y se encierra a mirarse todo El Padrino? Porque hay un estado gaseoso de la política (que no es lo sólido y lo líquido de los votos y la gestión) que requiere una autorreflexión sobre el poder: no para escribir un libro sobre eso. Tan sólo para gobernar un poco mejor.
Como dijimos varias veces, el problema de la inseguridad y la institución policial en la provincia de buenos aires no tiene nada que ver con los discursos ideológicos antagónicos que existen en la materia. La discusión ideológica es la del 6% de los votos, aun cuando sea planteada adentro del peronismo, y es antipolítica en cuanto a la función de conducir el estado. Scioli patina sobre una superficie hibridada que mixtura los clásicos bolsones de financiamiento parainstitucional con una reforma Arslanian efectivizada en más de un 60% y que (como reconocen los “especialistas” en seguridad del progresismo realpolitiker) está estructuralmente vigente en el sistema de seguridad pública de la provincia. Esto lo reafirma el informe Vanderbilt, que destaca la existencia de niveles aceptables de intervención y actuación civil en el sistema policial bonaerense, lo cual no hace más confirmar la necesidad de revisar conceptos como “autogobierno policial” que están más cerca del consignismo y del 6% de los votos que de aportar las soluciones al complejo problema policial. Menos posgrados sobre “seguridad latinoamericana”, y más realismo barrial-policial.
Lo que viene a obstruir un debate un poco más honesto sobre la inseguridad, y que pueda estar más conectado con las palimpsesticas demandas concretas que la gente policlasista le hace al gobernador y a los intendentes es una idea distorsiva (que el kirchnerismo tampoco debería comprar): considerar, equivocadamente, que la problemática policial y de seguridad es una continuidad de lo que fue la problemática del partido militar en otro tiempo argentino. A diferencia de las fuerzas armadas (que con el consenso menemista quedan esterilizadas en la vida política y civil del país), las fuerzas policiales son parte constitutiva del orden democrático, y detrás de esa idea hay un consenso popular al que las autoridades políticas deben responder en la continuidad de la gobernanza (que nunca cesa para el partido del orden); por eso la política de “fojas cero” es inviable para el saneamiento policial: no sólo porque la represividad está ínsita en la función estatal, sino porque puede reflejar una huida muy poco weberiana de las funciones políticas que inocule el malestar policial (el malestar del poli que se tiene que comprar el chaleco antibalas con su salario); si el problema queda reducido al drama de la represividad de la fuerza policial y se distancia de la idea de servicio de seguridad pública que, con sus claroscuros, se alberga crecientemente en todos los sectores sociales demandantes de nuestra provincia, nos hundimos en el terreno del verso, las mandolinas y las solicitadas.
Scioli tiene que encarrilar una política de seguridad que incluya una propuesta política clara hacia la policía. Hay muchos intendentes (que ya no son barones, que clavan %s más altos que los de Daniel) que vienen desarrollando cierto tipo de relación con las conducciones policiales departamentales que merece estudiarse, porque son la realidad efectiva de cómo se trata de encarar un trabajo policial eficaz y que esté en sintonía fina con los reclamos de los vecinos. Esto está pasando ahora, en muchos distritos: ninguno de esos intendentes tiene una visión ideológica de la seguridad, pero sí tienen una clara visión política de lo que hay que hacer. ¿Habrá visto Scioli El Padrino?
Hoy me levanté almidonado, con una polucha disecada que luce como brillantina plateada sobre la tela interior, con ganas de comerme un budincito marmolado, con ganas de leer este lindo poema sobre la idiosincrasia personal de Cristina Elisabet Fernández Wilhelm (no la Presidenta, no, no), con ganas de dedicarle unos párrafos al angostamiento distributivo que llegó para quedarse.
No sabemos como va a entablar el cristinismo su relación con los bloques de poder del peronismo realmente existente en esta etapa que arroja cuentas equilibradas en el modelo de acumulación, y que por lo tanto no puede sostener las variables fundantes sobre las cuales se basó la ecuación acumulatoria durante la década kirchnerista. La complejidad del problema radica en las autoherencias que debe tramitar Cristina. Esto no le pasó a ningún otro presidente del período democrático, y ahí se refleja otro problema: con qué discurso se va a ornamentar la cuestión decisoria, cuando verificamos que la rigidez argumental (que mientras había dólar macroeconómico para solventar el ritmo del gasto el gobierno se podía dar el lujo de sostener) induce a una diagnosis que termina haciendo fallar la toma de decisiones. Lo que sucedió con la tensión cambiaria es un ejemplo menos económico que político de esas confusiones que dilatan la resolución del problema. Una lectura política intuitiva (y lo dijimos en aquel momento) pedía salir rápido de esa situación (del tema cambiario siempre hay que salir políticamente rápido, como Kirchner en el 2009) llenando la plaza de dólares, lo que se terminó haciendo con algunas semanas de demora innecesaria. Cuando hay angostamiento distributivo, no hay margen laxo para testeos de ensayo y error que sí son posibles cuando las brisas del viento de cola ayudaban a realizar las correcciones con el costo político absolutamente dosificado. Luego de la muerte de Kirchner, Cristina pudo recomponer su liderazgo político en el marco del planchismo preelectoral, con el eficaz aditivo estético del estilo Grosman durante el cual la arquitectura de la toma de decisiones permaneció aletargada en espera del requisito electoral. La labor destajista con la que irrumpió Julio De Vido (dejando en una elocuente invisibilidad al resto de los ministros) a agarrar los primeros fierros calientes es la prueba cabal de que Cristina todavía no alcanzó a definir la microfísica de la toma de decisiones en el vértice del p.e.n., ni ha terminado de hacer una valoración de la eficacia política que le pueden aportar los nombres propios que la rodean.
Cristina surfea hoy sobre el 54%. Pero cualquiera que manye un poco de política sabe que una hegemonía no se construye ni se sustenta sobre la nominalidad de los votos; el sistema político argentino tiene particularidades que conviene incluir en la estrategia política. Tiene entonces importancia la manera en que se va construyendo el consenso cristinista: ¿con qué parte de ese 54% se privilegia asumir una alianza política que debe responder a las necesidades de gobernar en tiempos de angostamiento distributivo? Dicho de otro modo:¿hasta donde puede llevar Cristina su discurso antisindical sin resentir una alianza peronista de poder que no puede ser reemplazada operativamente por un sentido común antisindical en el que indudablemente Cristina se está apoyando (como parte de la cosecha de 54%) para encarar una nueva etapa económica?
Por otro lado, Cristina pega allí donde Moyano permite que se le pegue: el mejicaneo de afiliados, una propuesta de reparto de ganancias empresarias que beneficiaría a la aristocracia obrera, y que el sindicalismo moyanista podría plantear mejor exigiendo una revisión real de la estructura de costos de las empresas. El principal problema que afronta el mercado laboral es hoy la fragmentación salarial, que va de la mano del 40 % de informalidad; después de eso, el hecho de que el sistema ya no incorpora más empleo (aunque sostiene lo que ya está según PEA): la pileta está llena de agua, pero la desigualdad salarial es un problema latente sobre el cual las medidas angostadoras van a impactar. Esa fragmentación laboral conspira contra la construcción política y de agenda del sindicalismo peronista, pero también dificulta la política restrictiva del gobierno; la renuncia épica al subsidio no está verificada en ninguna sensación popular, por lo tanto es de una inconducencia política que no conviene zarandear mucho como una aparente “toma de conciencia ciudadana”; quien sabe mejor que nadie esto es el peronista Julio De Vido, que se reunió con los intendentes de la Primera y la Tercera para medir el impacto de la quita de subsidios sobre poder adquisitivo y sobre la recaudación tributaria de cada municipio del conurbano. El sólo hecho de que todos los intendentes hayan evacuado alguna clase de preocupación por este tema no hace más que confirmar que fuera de los casos de asimetría desbocada verificados en la ciudad de buenos aires, el desmonte de los subsidios necesita de un criterio gradual y quirúrgico de parte del Estado para por lo menos diferir los efectos sobre el asalariado blanqueado-en negro- o miti y miti que cobra 3000 pesos y no cobra planes o jubilaciones, y al que probablemente el Estado no considere digno de subsidiar. El criterio que se establezca para fijar el corte hablará mucho de la mejor o peor capacidad instalada a demostrar por el Estado después de una década kircherista.
Capturar renta (no hay mucho para manotear), tomar deuda selectiva (como hizo Kirchner, sí, sí, chicos, Néstor tomó deuda y nadie le dijo noventista): acá la única épica es la de conseguir dólares genuinos que se agreguen a los que nos da el agro, y que la inversión sea una decisión política del gobierno: tener claro qué plantearles a las empresas. Interesa mucho en este contexto, qué tipo de explotación política hará Cristina de su 54%, porque la inversión y la competitividad son necesarias, pero la gobernabilidad en estos bellos tiempos de estrechez distributiva se gestiona en mostradores políticos que están más allá de la volatilidad del voto popular posmoderno.
El 54% consume en pesos y compra dólares. Lo que quedó cancelado el 23 de octubre a la noche a partir del aval electoral más alto para un presidente de la democracia (pos) moderna nacional, fue esa eficaz estrategia planchista, el bilardismo cristinista que se expresó como un viento de cola político que la propia Cristina construyó con éxito sobre la base de algunos retaceos discursivos que la coyuntura pedía como la forma más pacífica y menos riesgosa de llegar al evento electoral.
La demanda de dólares que realiza desde hace tres meses ya en forma más acentuada el chiquitaje se puede relacionar más consistentemente con el hecho de que se visualiza una situación de dólar barato. La masa asalariada se decide por recorrer los lugares que conoce. Políticamente, se trata de diferenciar al interlocutor, y en ese sentido las declaraciones del vicepresidente del BCRA fueron erradas al calificar de malos inversores a los asalariados que se van al dólar, porque pueden generar irritabilidad y efectos contrarios al buscado, que podrían evitarse hablando menos y tomando decisiones más concertadas (gobierno – equipo económico – autoridad monetaria).
La presión sobre la demanda admite varias causas: la expectativa devaluatoria de sectores financieros, la lectura de que en algún momento se haga una actualización monetaria para recuperar competitividad, la falta de canales de ahorro que permitan desahogar el fogoneo del consumo como única vía de circulación del modelo económico. Lo cierto es que este combo surge menos del conspiracionismo gótico que de una situación concreta de la economía que muestra esperables (pero no graves) inconsistencias que el gobierno, tomando decisiones claras, puede controlar con bastante margen. Las medidas de blanqueo administrativo en el mercado de cambios (liquidación de divisas, y compra de dólares con venia de afip) son positivas. Pero no tienen impacto relevante sobre la demanda de dólares. La liquidación de divisas de petroleras y mineras es una medida de proximidad hacia otra que coincide con la necesidad de dólares que el gobierno tiene (no sólo para sostener el tipo de cambio ahora, sino para graduar cualquier aterrizaje forzoso que solicite la política cambiaria): fijar retenciones adecuadas para dos sectores productivos históricamente privilegiados como parte de la alianza político-económica con la que el kirchnerismo llegó al poder. Las medidas de blanqueo que impactan sobre la masa cuentapropista-asalariada (en este caso, la compra de dólares) tienen que pensarse con una implementación adecuada para no herir sensibilidades: las sensibilidades que lógicamente pueden emerger cuando tenés una economía informal (y real) cercana al 40% y un empleo ennegrecido equivalente.
¿Cómo se frena la demanda de dólares? El blanqueo y los controles están bien, pero no calzan como la respuesta justa a esa pregunta, y si la decisión del BCRA de subir la tasa de interés se trata de una medida aislada, es pan para hoy y hambre para mañana (aún cuando no impacte en el corto plazo sobre la economía real). La política monetaria requiere de mucho timming coyuntural, y cuando Redrado dice “siempre vendí fuerte sin consultar en cada momento de tensión cambiaria”, le está enviando un pequeño pijazo conceptual a Marcó del Pont. Para tener eficacia, la intervención sobre el mercado cambiario tiene que ser agresiva y sobre los grandes compradores, como hicieron NK y el niño dorado durante la crisis de 2009. Hasta ahora el BCRA no tuvo una política monetaria clara: alternó compras pasivas para alcanzar lo demandado (el patrón Mercedes) y luego y aisladamente salió agresivo sobre las operaciones a futuro para mover el tipo de cambio hacia abajo. A diferencia del 2009, ahora hay una percepción más notoria de la relación desfasada entre dólar e inflación: no alcanza sólo con inundar la plaza de dólares para frenar la demanda, se necesitan respuestas más integrales que incluyan alguna decisión de política económica.
Desde 2003, la economía kirchnerista se pensó en las circunstancias que dieron origen al modelo fraguado por Duhalde-Lavagna-Kirchner: se llenaba capacidad instalada ociosa como se llena de agua clorada una pileta olímpica recién arreglada y pintada. Era lógico que se pensara casi todo desde la perspectiva estricta del consumo. Pero sobrevivir “con lo nuestro” también es pensar la cosa desde la inversión, desde la infraestructura que el país tiene, y de la que le falta. La economía cristinista tiene el desafío político de incorporar otras perspectivas para sostener la autoherencia de la reparación social.
Entre los efectos del 54%, aparece desde lo político-partidario (y desde las exigencias de una nueva hegemonía aún más obligada a desplegar el lenguaje del poder) la necesaria actualización de las alianzas y los armados del partido de gobierno, claramente dominado por el fortalecimiento del PJ en sus tres estamentos territoriales.
En la provincia de Buenos Aires, la elección arrojó resultados que obligan a pasar por el tamiz ciertas “verdades” del sistema de acumulación política kirchnerista, menos relacionados con la empatía ideológica que con las exigencias y responsabilidades de gestión nacionales, provinciales y municipales.
En la PBA, Cristina sacó 1,2% más que Scioli, verificando una tracción pareja de la boleta completa del FPV (también en las categorías legislativas) que se ahondó en las elecciones ejecutivas municipales. Como sucedió entre los intendentes peronistas más votados, Scioli absorbió todos los votos de las otras listas del FPV-PJ (Ishii) presentadas a la primaria y Cristina no necesitó tracción adicional de la colectora provincial para galvanizar sus números.
La elección confirma la terminación de la mecánica defensivista de gestión que desarrollaron los barones del conurbano ante un contexto de reflujo estatal que comenzó a fines de los ´80 y que concluye a mediados de la década kirchnerista, y que fue la respuesta política posible a una coyuntura de retracción presupuestaria. Hoy esa retracción, aunque atenuada, continúa, pero el Estado tiene más guita en las arcas y el derrame intraestatal reduce la inviabilidad económica estructural de muchos municipios, por lo menos mientras no haya un reflujo de divisas en la macroeconomía.
De los barones a los intendentes premium: la caída en desgracia de los capítulos estancos del manual del alumno sabbateliano se refleja en los votos: en la Primera, Sergio Massa fue el intendente más votado del conurbano con el 73% con un perfil de gestión muy expansivo que excede largamente el alumbrado, barrido y limpieza para entrar en terrenos más complejos como la inseguridad, la educación, la salud. El efecto Massa mostró su poder de fuego territorial más allá de Tigre: en San Fernando Andreotti (con boleta corta) desbancó al gallego Amieiro, y en San Martín Katopodis sacó a los Ivoskus para que el peronismo recupere un distrito clave de la sección. En Mercedes también se verificó la tracción massista: Selva revirtió el resultado desfavorable de las primarias y derrotó a Juani Ustarroz, conductor de la udai mercedina.
En Vicente Lopez la pobrísima gestión del Japonés García fue castigada y Jorge Macri se alzó con la intendencia., y en Malvinas Cariglino destruyó a Vivona en base a un corte de boleta fenomenal. El Vasco Othacehe, Curto y Toti Descalzo estuvieron en el rango de los 40-45 % (lo mismo que el sabbatellismo en Morón) lo que demuestra la progresiva amortización de los barones, pero también su extrema capacidad de eficacia gestiva para sostener territorio y poder dentro de márgenes aceptables: los que los hereden deberán ser mejores políticos que ellos, algo que parece difícil.
En la Tercera, Giustozzi clavó 71% y remixa encuadramiento cristinista con discurso propio para amplificar su base electoral: hace algo similar a lo de Massa, y las urnas lo avalan. Granados confirma que es el barón más moderno en términos de gestión y saca 66,6% en Ezeiza. Los Mussi confirman lo que se ve en las calles de Berazategui y el estilo cuerpo a cuerpo que tienen con los vecinos y las entidades: 67,5%. Con solo dos años de excelente gestión en Lomas de Zamora, Insaurralde se alzó con 66,1%, unificó al peronismo local y terminó con el fraccionamiento electoral que durante los últimos años había puesto al distrito al borde de la ingobernabilidad. En Quilmes, el Barba Gutiérrez repitió los números de la primaria (37%) pero el anibalismo no pudo polarizar la elección y Daniel Gurzi quedó a diez puntos. Díaz Pérez, sin oposición en Lanús, se impuso con un porcentaje bajo en comparación a los intendentes vecinos.
Lo cierto es que con este panorama ¿quién querría hablar de colectoras exógenas para el 2013?