Lo que quedó pactado desde 1989 por “la política” del orden
democrático fue que “los saqueos” eran sucesos con “doble fondo” interpretativo:
lo social y lo penal. Las dos cosas al mismo tiempo. Una cuestión de orden
público que necesitaba matizarse con manejo político para inaugurar con solidez
la etapa de praxis pura y dura del partido del orden, a cargo del peronismo
menemista. Es obvio que las condiciones de ese balance estuvieron en cada caso
definidas por el contexto que se atravesaba y de ahí salen las variaciones que
existieron entre Menem, DLR, Duhalde y NK. Se supone que el peronismo manejó “mejor”
ese balance político entre lo social y lo penal del “hecho” a lo largo de estos
treinta años de democracia; por los menos así lo dicen tendencialmente las
sucesivas amortizaciones electorales.
Después de administrar el derrame durante ocho años con
alzada económica como respaldo, el gobierno tiene que “volver” a combinar fases
de angostamiento para producir fases de derrame. O sea tiene que “volver” a
hacer algo que nunca hizo, algo para lo cual no reservó una gestualidad política,
algo que no estuvo en la “diaria” gubernamental desde que Kirchner decidió
pisar el acelerador de crecimiento-consumo en todo tiempo y espacio de su
hegemonía. El voto ya ha amortizado esa decisión política de NK, y hace por lo
menos dos años que el escenario es otro, como lo acaba de refrendar la jornada
electoral de medio termino.
Otro acuerdo “político” que deja el ´89 es que “el saqueo”
es una cuestión federal, más por necesidades hegemónicas del partido del orden
que por un cálculo partidista de la mesa de arena. Puede haber contenciones
parciales municipales o provinciales, pero la resolución política de esta clase
de conflictos (social-penal) le corresponde siempre al gobierno federal. No
figura en ninguna ley, no está kelsenizado por el orden jurídico: se trata de
un consenso político fraguado entre la clase dirigente y la sociedad votante al
calor de todos estos años democráticos. El reconocimiento quirúrgico de esa faz
política es la diferencia entre quienes ejercen la representación del partido
del orden y quienes no.
Por eso llama la atención que el amparo en “lo procedimental”
de la ley de seguridad interior haya sobrepasado lo meramente discursivo y que
el gobierno nacional lo usara como praxis para no intervenir en Córdoba. En un
tuit tempranero narramos la falla política de Capitanich: haber entrado a
escena en tiempo y forma permitía dictar el ritmo político de la canalización
del conflicto y de la pauta paritaria, además de llenar el vacío dejado por DLS.
Esto no sucedió por varias razones: la tensión sorda que pende sobre el abanico
decisorio del JGM, porque prevalece la lectura palaciega de la política, porque
no se comprende que ante una situación de saqueo lo que primero que valora la
sociedad es quién se hace cargo de cerrar conflictividad, y no otra cosa.
La vandorización de las FFSS es un “nuevo problema” que le
pone la vara más alta al formato operativo del partido del orden, porque a
diferencia de las FFAA, las FFSS no pueden “eliminarse” de la vida civil de una
nación: por muy combativo y adolescente que sea, el “filotumberismo” no camina
en el lenguaje estatal. Por lo tanto, la anticipación política de la clase
dirigente necesita ser más vasta: el saqueo es un hecho social-penal en el que
si la autoridad política se inclina demasiado por uno u otro aspecto, deja
desguarnecida su condición innegociable de partido del orden. Hoy el kirchnerismo
tiene problemas crecientes para detectar ese balance político, y gestar una
toma de decisiones que no lo disminuya como partido del orden.
Pero hay otro aspecto del vandorismo policial que se yergue
sobre “los nuevos problemas” que deja el kirchnerismo como administrador del
derrame: una redistribución “no remunerativa” del ingreso que en ese mecanismo
establecía sus propias limitaciones a futuro. La llegada de la inflación no
solo deterioró el poder adquisitivo, sino que ahondó en la mirada del asalariado
lo demasiado que hay de “no remunerativo” en el recibo de sueldo. En ese
sentido, así como no ha podido avanzar en el blanqueo laboral, el gobierno
tampoco pudo pasar porcentajes de suma no remunerativa al salario salvo en
algunos convenios de la aristocracia obrera.
En el esquema de poder del peronismo realmente existente, la
proliferación de saqueos y el déficit de
contención (los muertos) deja aún más dañada la figura de los gobernadores, y
empieza a instalar en las mesas políticas algo que se esperaba discutir recién
a fines de 2014: de que manera se van a estructurar las nuevas representaciones
que va a reclamar la sociedad para el futuro, y como se van a modificar las
expectativas de rupturas y continuidades con respecto a lo que efectivamente
deje el orden kirchnerista.
